El pleno de la Corte Suprema lleva cinco días sesionando desde las 10.30 hasta pasadas las 18.00 de manera extraordinaria para escuchar los alegatos de los abogados que defienden a los jueces que cometieron faltas a la probidad por haber viajado al extranjero con licencias médicas.

En total se trata de 58 magistrados que enfrentan este proceso por responsabilidad ministerial en función del artículo 80 de la Constitución.

Sin embargo de ese total no todos expusieron sus argumentos ante el máximo tribunal. Seis jueces -Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla y Katrina Chahín- lograron que sus requerimientos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional fueran admitidos a trámite o admisibles con orden de suspensión. A ellos también se suma la jueza de Familia de Peñaflor Paulina Sierra que, trágicamente, falleció de forma súbita el domingo 23 de agosto.

La cifra final entonces es de 51 jueces. El primer día, es decir el miércoles de la semana pasada, se vieron 12 cuadernos. El jueves el pleno avanzó con otros 13. El viernes de la semana pasada se escucharon los alegatos de siete jueces más. El lunes el proceso continuó y se vieron 10 casos más. La cifra final se cerrará esta jornada, cuando el pleno avance con los últimos nueve alegatos.

Cuando el máximo tribunal termine la vista de los cuadernos, procederá al momento clave: el pleno para deliberar el futuro de los 51 jueces. Dicha instancia está convocada para este miércoles

Ese día los supremos se sentarán en la sala de pleno, llevarán sus apuntes y comenzarán a votar caso por caso.

Tal como lo estipula el Código Órgánico de Tribunales, la votación debe hacerse por orden de antigüedad partiendo por los ministros suplentes y luego en orden ascendente. El supremo que cierra la deliberación siempre será quien presida la Corte Suprema, en este caso, la ministra Gloria Ana Chevesich.

La correlación de fuerzas

En privado los supremos reconocen que el asunto ha tensionado a la judicatura, sobre todo por la guerra declarada que se desató con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.

Pero también el asunto escaló debido a la complejidad humana de cada caso. En los argumentos desplegados por los jueces para defenderse se han expuesto situaciones bien delicadas, como enfermedades graves y una serie de otros asuntos familiares que han ido matizando, en términos humanitarios, la gravedad de las faltas a la probidad.

Pese a eso, es una certeza al interior del Poder Judicial que el miércoles la sangre llegará al río y el pleno dará luz verde, por mayoría, a la remoción de al menos una docena de jueces.

En ese grupo no solo estarán los magistrados que traían propuesta de apertura de cuaderno desde la corte de apelaciones respectiva, sino que también los casos más insólitos que provocan indignación en tribunales.

Para proceder a la remoción, la Constitución establece que se necesita “la mayoría del total de sus componentes”, es decir, al menos 11 votos dado los 21 cupos que componen el máximo tribunal.

Los magistrados que más han empujado la mano dura en materia de faltas a la probidad por viajes al extranjero con licencias médicas ha sido la ministra Chevesich. A ella se suman, por excelencia, los ministros de la Tercera Sala.

Esa instancia ha sido la que al momento de juzgar los recursos de protección de los funcionarios públicos destituidos por licencias, han sido deferentes con los jefes de servicio calificando las faltas como graves infracciones al prinicipio de probidad y por lo tanto avalando la legalidad de las destituciones cuando los sumarios se hicieron respetando el debido proceso.

Ahí se suman los ministros Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz. Otro supremo de este grupo es el ministro Omar Astudillo, quien a diferencia de sus compañeros de sala es de carrera judicial por lo que tiene más relaciones entre los judiciales lo que podría hacer, eventualmente, que en más de algún caso opte por rechazar los cuadernos cuando existan argumentos de peso para estimar que no se constituye un mal comportamiento que solo pueda remediarse con la remoción.

A esos cuatro supremos se suma los aliados de Chevesich. Se trata del ministro Ricardo Blanco, la ministra Andrea Muñoz y, en este tema, el ministro Arturo Prado.

Si bien cada caso es diferente y las votaciones no serán iguales en cada cuaderno, el conteo de los supremos favorables a aplicar mano dura, hasta el momento, suma siete ministros.

A ellos podrían sumarse, en más de algún cuaderno, los votos favorables del ministro Manuel Valderrama, las ministras María Cristina Gajardo y Jessica González y los ministros (S) Hernán Crisosto, Eliana Quezada y Carolina Catepillán.

Con todos ellos hay 13 votos, con lo que ya se alcanza el mínimo para proceder a la remoción de más de alguno de los 51 jueces.

El grupo que concentra a los supremos contrarios a procesar a jueces en función del artículo 80 de la Constitución, lo lideran los supremos Mauricio Silva y Leopoldo Llanos.

Ambos de hecho, junto con la ministra María Angélica Repetto que está de vacaciones, fueron quienes de manera consistente votaron en contra de abrir cuadernos de remoción. A ese grupo se sumaría también el ministro (S) Roberto Contreras.

Quienes concentran mayor incertidumbre son la ministra María Soledad Melo, quien está alejada de Chevesich, y el ministro Jorge Zepeda, quien probablemente pueda seguir un camino similar al de Silva y Llanos.

Quienes se salvaron de tener que estar en esta ingrata decisión, además de Repetto, son la ministra Adelita Ravanales -de la Tercera Sala-, el ministro Dinko Franulic y la ministra Mireya López. Todos por estar de vacaciones.