Chile enfrenta el desafío de adaptar sus instituciones a una sociedad más longeva y con menos nacimientos. En ese escenario, promover vínculos entre personas de distintas edades debe convertirse en un componente transversal de las políticas públicas, plantea el informe Bases para políticas de inclusión intergeneracional en Chile, elaborado por Fundación Grandes y el Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello.

Publicado en agosto de 2026, el documento sostiene que el envejecimiento de la población requiere complementar los programas dirigidos a las personas mayores con iniciativas que favorezcan el intercambio de conocimientos, experiencias y apoyo entre generaciones. Su propuesta abarca educación, vivienda, empleo, cultura y espacios comunitarios.

La magnitud del cambio demográfico es uno de sus argumentos centrales. Según las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas recogidas en el informe, las personas de 60 años o más representaban el 9,7% de la población en 1992 y alcanzarían el 20,7% en 2026. Para 2050, se proyecta que esa proporción llegue al 36,1%.

A ello se suma una transformación de las familias. El texto describe una estructura cada vez más vertical, con menos hermanos y primos y una mayor presencia de abuelos y bisabuelos. Estos cambios modifican las redes de apoyo y las expectativas sobre la crianza, los cuidados y el papel de las instituciones a lo largo de la vida.

El diagnóstico plantea una paradoja: la mayor longevidad permite que coexistan más generaciones, mientras se debilitan las oportunidades de interacción entre ellas. Aunque el documento no presenta una medición propia de esa evolución, advierte que la falta de vínculos supone una pérdida de capital social y de oportunidades de aprendizaje y colaboración.

Una oferta pública limitada

La revisión identifica una oferta estatal acotada y experiencias más diversas, aunque dispersas, desde la sociedad civil.

En el ámbito público, destaca Voluntariado País de Mayores, de Senama, que conecta a personas mayores voluntarias con niños, niñas y familias vulnerables para brindar apoyo socioeducativo. También incluye el programa Vínculos, del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, por su contribución a la integración comunitaria.

El documento precisa, sin embargo, que la intergeneracionalidad no forma parte de los objetivos explícitos de Vínculos. Además, su revisión excluye proyectos municipales y territoriales, por lo que el recuento no constituye un inventario completo de las iniciativas existentes en el país.

Entre las experiencias de la sociedad civil, recoge programas de alfabetización digital, acompañamiento, creación artística y vivienda colaborativa. Para los autores, estas iniciativas pueden aportar al diseño de políticas públicas que amplíen las oportunidades de encuentro entre edades.

Mentorías, vivienda y espacios compartidos

Una de las propuestas consiste en adaptar centros comunitarios e inmuebles existentes para desarrollar actividades recreativas, culturales y educativas con participación simultánea de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. El informe plantea aplicar un criterio similar al diseño de parques y espacios públicos.

En educación, sugiere incorporar programas flexibles para que personas mayores compartan conocimientos y experiencias con estudiantes escolares y de educación superior. En el trabajo, propone mentorías bidireccionales, mediante las cuales distintas generaciones puedan intercambiar experiencia y habilidades.

El documento también plantea evaluar modelos de cohabitación entre jóvenes y personas mayores dentro de la política habitacional, además de estudiar fondos de financiamiento y reconocimientos para organizaciones que desarrollen iniciativas de integración intergeneracional.

La reciprocidad es un componente central del enfoque: las personas de distintas edades participan tanto como receptoras de apoyo como aportantes de conocimientos y capacidades. El informe vincula estas relaciones con el aprendizaje mutuo, el sentido de pertenencia y la reducción del edadismo, entendido como la discriminación basada en la edad.

Las propuestas, no obstante, están formuladas como orientaciones generales. El texto reconoce que requieren análisis de factibilidad financiera e impacto social y no establece presupuestos, coberturas ni calendarios de ejecución. Tampoco cuantifica los eventuales beneficios económicos o sanitarios que describe.

El desafío que deja planteado es traducir estas orientaciones en programas con responsabilidades, recursos y resultados verificables, capaces de responder a una sociedad cuya composición etaria seguirá cambiando durante las próximas décadas.