En la antesala de la inauguración del año judicial, y en medio de investigaciones por corrupción que han golpeado a jueces y ministros, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, traza un diagnóstico crítico sobre el momento que atraviesa la judicatura. Asegura que el problema no es solo coyuntural, cuestiona el sistema de designaciones por su influencia política y advierte que sin cambios estructurales la crisis de confianza persistirá.

Este año judicial se inaugura en uno de los momentos más complejos para el Poder Judicial en décadas, marcado por investigaciones por corrupción que han afectado a jueces y ministros. ¿Qué diagnóstico hace hoy del estado de la judicatura?

La crisis que enfrentamos como Poder Judicial no es solo coyuntural ni puede explicarse por los casos individuales, que por cierto son gravísimos. Existe un problema estructural que debe ser abordado con responsabilidad, sin simplificaciones ni soluciones aparentes. Y acá todos los poderes del Estado deben hacer un esfuerzo por superar la crisis de confianza judicial que existe en la ciudadanía. Es un hecho que la independencia del Poder Judicial, pilar del Estado de derecho, se vio desacreditada por estos casos de corrupción.

¿Estamos frente a hechos aislados o estos casos revelan fallas estructurales en los mecanismos de control y en el sistema de nombramientos?

Hasta ahora hemos visto que se trata de casos puntuales, pues la mayoría de los jueces y juezas actuamos con los más altos estándares de probidad. Y de acreditarse estos hechos, claramente los mecanismos de control fallaron, pero no únicamente al interior de la Corte Suprema, sino también en los otros Poderes del Estado, no olvidemos que una causa que se esta investigando incluso involucra a un Presidente de la República y a importantes representantes del mundo político.

En lo que respecta al Poder Judicial nosotros hemos planteado importantes mecanismos de control para evitar que esto nunca más ocurra, por lo que estamos muy atentos a lo que resuelta el Pleno de la Corte Suprema.

El sistema de nombramientos de jueces y juezas es sin duda un gran problema que atenta contra la democracia al existir influencias indebidas, opacidades y falta de rendición de cuentas, por parte de los órganos democráticos que participan en el nombramiento de los miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial.

Usted ha sido una voz crítica respecto de cómo se designan jueces y ministros. ¿Dónde están hoy los principales riesgos de influencias indebidas o conflictos de interés?

La intervención política ha hecho mella en la designación de jueces y juezas. El ejemplo más claro es que cada vez que se debe nombrar a un ministro o ministra de la Corte Suprema opera el cuoteo, nombrando a un juez de un sector político determinado y en la siguiente ocasión a otro ministro o ministra del sector contrario, sin considerar efectivamente su historial judicial, que es realmente lo que importa. Como asociación, desde hace tres décadas hemos venido trabajando en una propuesta que dé mayor transparencia y limite al máximo las opacidades que nos han llevado a una de las crisis institucionales más graves de nuestra historia democrática.

¿El problema radica en el diseño institucional —con participación del Ejecutivo y el Senado en ciertos nombramientos— o en prácticas internas del propio Poder Judicial?

El designo institucional es el que está errado. Y ha sido debate desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante sin que en estos 35 años haya habido una modificación real al sistema de nombramientos, por lo que si no existe un cambio real que tenga por objeto robustecer al Poder Judicial, que proteja a los jueces y juezas por la función fundamental que desempeñamos como defensores de la independencia judicial, garantía para los ciudadanos y pilar fundamental en un Estado de derecho, es la democracia la que se pone en juego. Por cierto, el Ejecutivo y el Poder Legislativo deben hacer un esfuerzo por superar esta crisis que, aunque esté arraigada en el seno del Poder Judicial, también es responsabilidad de ellos. Para ser más específica, quiero advertir el rol de los operadores judiciales que actuaron desde el propio Palacio de La Moneda, como el abogado Luis Hermosilla, y también la responsabilidad que recae en los parlamentarios, quienes han intervenido directamente en la designación de los ministros, intercediendo además en el nombramiento de otras autoridades del sistema de justicia.

¿Qué responsabilidad le cabe a la Corte Suprema en la fijación de estándares éticos y en la supervisión disciplinaria frente a los casos que se investigan?

El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en fortalecer sus propios mecanismos de control interno, ética y prevención. Reconocer falencias no debilita a la judicatura, la fortalece frente a la ciudadanía que exige coherencia entre el discurso y la práctica. Y por cierto, la crisis actual puede convertirse en una oportunidad histórica para reconstruir confianzas y modernizar la justicia.

¿Los mecanismos disciplinarios actuales funcionan o existe una cultura corporativa que dificulta sancionar oportunamente?

Uno de los cambios que como asociación hemos planteado es que el régimen disciplinario debe salir definitivamente de las cortes porque constituye una anomalía que sean los mismos jueces y juezas quienes determinen sanciones disciplinarias. Perfectamente puede ocurrir que al momento de sancionar a un magistrado, esto sea por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales, disfrazadas de procedimientos disciplinarios. No existe una cultura corporativa, lo que falta son mecanismos legales para que el Poder Judicial tenga un sistema acorde a un Estado de derecho y que las reglas se fijen en la Constitución y la Ley y no en actas y/o autos acordados de la Corte Suprema, donde quienes enfrentan un procedimiento disciplinario no cuenta con la garantía básica del debido proceso.

¿Cómo impactan estos escándalos en la independencia interna de los jueces? ¿Se resiente la confianza entre pares o se instala el temor a quedar bajo sospecha pública?

Para la asociación, estos casos constituyen un acto de tremenda deshonra y ya llevamos un tiempo golpeados por conductas ajenas a lo que debe ser el actuar de un juez. Efectivamente, ello ha afectado la moral interna, pero nuestra obligación es ponernos a disposición de la opinión pública, de la academia, de los órganos colegisladores, y entregar toda nuestra capacidad y nuestro conocimiento para superar esta crisis.

¿Qué reformas concretas propone la ANMM para blindar los procesos de nombramiento y reducir los espacios de opacidad?

Primero, que todos necesitamos una reforma constitucional, pero no como la que se está debatiendo hoy en el Senado, puesto que en el fondo no modifica realmente el procedimiento de nombramiento del Escalafón Primario del Poder Judicial, únicamente saca de las Cortes (Apelaciones y Suprema) la participación en las ternas y quinas. Sin embargo, mantiene la influencia política en los nombramientos, por lo que de seguir en esa senda únicamente estamos replicando modelos que hoy tienen al Poder Judicial en una crisis de credibilidad, que únicamente perjudica a la ciudadanía. No resuelve la falla estructural que hoy tenemos.

¿Es partidaria de avanzar hacia un Consejo de la Magistratura autónomo? ¿Cómo debería diseñarse para evitar nuevas capturas políticas o corporativas?

Hoy el nombre no es relevante, lo importante es la función que realice. Quienes estén a cargo de participar en esta parte de la Gobernanza Judicial referida al sistema de nombramientos. Lo que debe evitarse es perpetuar el sistema de nombramientos que hoy permite introducir sobre todo factores políticos en un Poder del Estado que por sobre todo debiera garantizar la imparcialidad.

En paralelo a estos casos, el sistema enfrenta crisis carcelaria, sobrecarga laboral y cuestionamientos por seguridad. ¿Existe el riesgo de que la crisis ética termine debilitando aún más la legitimidad institucional?

Creo que es indispensable distinguir los puntos que se están abordando en la pregunta. La crisis carcelaria es de exclusiva responsabilidad del Gobierno de turno y que lleva décadas arrastrándose. Respecto al cuestionamiento por seguridad, es el Poder Ejecutivo quien está a cargo de las policías públicas, que deben ir de la mano con las normas legales que emanen del Congreso. El Poder Judicial actúa cuando ya se ha cometido un hecho que puede ser constitutivo de delito y que por cierto afecto de seguridad de las personas, quien debe prevenir y proteger son los demás Poderes del Estado.

La sobrecarga laboral que hoy tiene en crisis a materias especialmente como familia y laboral, se debe principalmente a la cantidad de leyes que se han dictado en los últimos años y que vienen sin recurso, específicamente 86 leyes sin recurso desde 2016. Por lo que debemos preguntarnos, si realmente los tribunales somos responsable de esta recarga cuando al carecer de recursos las leyes resultan prácticamente imposibles de aplicar, generando mayor desazón en la ciudadanía.

En cuanto a la crisis ética, si tenemos que hacernos responsable, ya hemos dicho que se ha debilitado la institucionalidad, pero somo nosotros los jueces quienes día a día nos enfrentamos con estas problemáticas y no por unos pocos debemos ser juzgados. El llamado es a fortalecer el Poder Judicial y no a debilitarlo.

¿Qué protección real tiene hoy un juez que denuncia irregularidades internas? ¿Existen garantías contra represalias?

No tiene ninguna protección y es en esto principalmente en lo que debe trabajar el Poder Judicial, no tan solo con la investigación de denuncias anónimas, sino con las garantías que no existan represalias por denunciar irregularidades. Recuerdo el caso de un juez de garantía que recibió un llamado telefónico de un ministro y apenas inició la audiencia el juez hizo presente este llamado. Lo esperable es que ese llamado nunca haya existido y es ese el trabajo que como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados hacemos diariamente.

¿Cómo se reconstruye la confianza ciudadana cuando quienes deben impartir justicia también están siendo investigados?

Se deben investigar todos los casos hasta el del último funcionario de un tribunal lejano a la capital y se debe sancionar con el máximo rigor de la ley, puesto que aquí está en juego la comisión de un delito penado por la ley, pero también el funcionamiento mismo del Poder Judicial y, por lo tanto, de la democracia y de la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones para que exista un estado de derecho en regla. En ese sentido hemos visto como quienes se han visto involucrados en hechos que el Ministerio Publico ha calificado de delito, están siendo investigados y cuando se ha requerido el actuar judicial ha estado a la altura de lo que se espera de un Poder Judicial robusto e independiente.

¿Qué compromiso concreto puede asumir la ANMM al inicio de este nuevo año judicial para marcar un punto de inflexión?

Como gremio no es relevante el inicio de un nuevo año judicial, nuestra asociación sigue trabajando, cumpliendo el mandato establecido en nuestros estatutos. Nuestro compromiso lo renovamos año a año. Hemos realizado cambios internos, solicitado a la Corte Suprema medidas para resguardar la seguridad de todos y todas quienes concurren a tribunales, creación de modelos que midan las cargas de trabajo, ser oídos en aquellos proyectos de ley que nos afectan directamente. Hemos levantado la alerta ante organismos internacionales sobre los constantes ataque que recibimos los jueces en el ejercicio de nuestras funciones. Estamos trabajando en especial, a través de nuestra comisión de integridad y justicia abierta, con el objeto de transparentar la forma cómo se confeccionan las ternas y/o quinas en los tribunales superiores, donde debe primar por sobre todo la integridad, capacidad de quienes son elegidos en esas ternas y/o quinas, alejando cualquier factor de riesgo.

¿Cuál cree que es el principal desafío para Gloria Ana Chevesich en particular por ser la primera mujer en ocupar este cargo?

Por cierto, celebramos que luego de 202 año se supere esta anomalía que por primera vez tengamos una presidenta. Pero como asociación esperamos que sea el Tribunal Pleno quien adopte las medidas para que se persigan todas las conductas en las que parecieran haber indicios de corrupción, con todas las garantías del debido proceso, pero sin demora y con la mayor urgencia. Esperamos que este nuevo año judicial parta reconociendo la gran labor que ha tenido nuestro gremio, no solo en los momentos más oscuros de los últimos años, sino también en las iniciativas presentadas con el objeto de entregar un mejor servicio a la ciudadanía, que se entienda que el retraso en la tramitación de las causas, en muchas materias (civil, laboral, familia) se debe a problemas estructurales y falta de recursos. De la presidenta esperamos que trabaje con y para los jueces, en especial nuestra asociación que representa casi el 70% de quienes ejercemos justicia.

Nuestro compromiso es con las personas, por eso es relevante que el mensaje sea claro: la inmensa mayoría de los jueces y juezas realiza su trabajo de manera abnegada y por ello esperamos que la presidenta de la Corte Suprema también tenga en cuenta esa dimensión y releve todo el compromiso que los jueces y juezas ejercen desde Arica a Porvenir.