“Ya la estoy llevando ya, para cruzarla más tarde. Y hay que llenar los huecos. Dicen que van a haber operativos y que la ministra (de Seguridad) va a venir más tarde”.

Ese es parte de uno de los mensajes que el ciudadano boliviano Carlos Lira Colque envió a otro sujeto, hasta ahora desconocido, el 12 de abril en medio de la sustracción de una retroexcavadora en el sector de Colchane.

Así lo leyó el fiscal jefe del Tamarugal Milton Torres este jueves en la formalización de Lira y de Justiniano Canchi Gutiérrez, ambos bolivianos, imputados por los delitos de contrabando y daños. En específico, Lira y Canchi fueron sorprendidos con una retroexcavadora en la zona limítrofe con Bolivia tapando parte de la zanja cavada por el gobierno como parte del Plan de Fortalecimiento Fronterizo para la Macrozona Norte

Fueron sorprendidos por Carabineros el miércoles 12 e intentaron darse a la fuga. Según el fiscal Torres, los sujetos hicieron un trabajo concertado, presuntamente con sujetos de Bolivia, para llevar la máquina a ese país en lo que sería una presunta red de contrabando internacional.

“Esta causa no termina acá, tenemos que investigar una eventual asociación delictiva para el contrabando porque manejan información que ni usted (el juez) ni yo sabíamos”, dijo el fiscal, haciendo referencia a cómo sabían que la ministra de Seguridad Trinidad Steinert iría a la zona.

El persecutor señaló que parte de las pistas que llevan a plantear esa idea surgieron luego de revisar el teléfono de Lira, donde encontró comunicaciones con sujetos que se apodaban como Chupete y Sapito. Al primero, por ejemplo, le envió un video para comunicarle que iban en camino a dejar la retroexcavadora, marca Massey Ferguson, modelo MF750, del año 1996.

En tanto, según dijo el fiscal, la máquina no presenta encargo por robo. De hecho, su antiguo dueño reconoce haberla vendido. En su declaración, Lira dijo que compró la máquina con la finalidad de llevársela a su país. “La adquirí a un conocido con la finalidad de trasladarla a la ciudad de Tarija, en el Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde tengo mi residencia habitual. Consulté a los distintos usuarios de Zofri respecto de los costos de importación y me indicaron que ascendía a 35 mil o 38 mil bolivianos, además de un costo adicional de flete hacia la Aduana de aproximadamente US$1.000. Debido al alto monto, decidí trasladar la maquinaria de manera ilegal a través de un paso no habilitado”, dijo el imputado en su testimonio.

La audiencia

“Para la ejecución de dicho ilícito, los imputados mantuvieron comunicación constante mediante aplicaciones de mensajería instantánea con terceros, recibiendo instrucciones logísticas, información sobre la ubicación de personal policial y apoyo material, evidenciando una planificación previa y coordinación para concretar el traslado clandestino de la maquinaria”, señaló el persecutor.

“Asimismo, y con el objeto de facilitar la comisión del delito, los imputados procedieron a intervenir y alterar obras de infraestructura pública destinadas a impedir el tránsito por pasos no habilitados, específicamente zanjas construidas por personal del Ejército en el sector denominado Pampa Toldo, Colchane, Provincia del Tamarugal”, agregó.

El fiscal señaló que el valor aduanero de la retroexcavadora asciende a la suma de US$14.948,00, equivalentes en moneda nacional, a la suma de $13.900.145.

Asimismo, hizo un cálculo de los daños que produjeron los sujetos respecto a la confección de la zanja. “A consecuencia de esta acción, se ocasionaron daños a la obra pública o bien de uso público, consistente en zanjas de contención, cuyo costo de construcción y ejecución asciende a la suma de $6.744.840, correspondiente a recursos fiscales invertidos en combustible, horas máquina y despliegue logístico”, afirmó Torres.

Al tener en vista la declaración de Lira, el abogado defensor Nicolás Carvajal no discutió el delito de contrabando. Asimismo, dijo que Canchi se encontraba ayudando a su amigo por unos supuestos problemas en la máquina. Este último, según dice su abogado, se encontraba pastoreando llamas en la zona a esa hora. Para evitar que sus defendidos quedaran en prisión preventiva, ofreció una caución de $3.500.000 en total, lo cual no fue considerado.

El juez de Garantía de Pozo Almonte, Luis Rodríguez, consideró que los sujetos eran un peligro para la seguridad de la sociedad y ordenó su prisión preventiva. El magistrado además fijó un plazo de 100 días de investigación.