En un tono más técnico que el que hubo para tramitar la megarreforma comenzó el análisis, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que ingresó el gobierno para aumentar la deuda pública.

La iniciativa solicita la autorización de mayor endeudamiento al Congreso, por hasta US$6.200 millones para 2026. El secretario de Estado detalló que, “en particular, la mayor necesidad de deuda se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante, que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

El debate en la instancia legislativa estuvo centrado en explicar por parte del Ejecutivo las razones que llevan a elevar el techo de la deuda permitida para este año. Según expresó Quiroz, no se debe a nuevos gastos que este gobierno esté proponiendo, sino que es “para poder pagar lo que el Estado se comprometió a gastar el 2026 con la Ley de Presupuestos que se aprobó el 2025: eso estamos haciendo, porque es lo que necesitamos para poder cumplir con los compromisos de la ley de presupuestos que se aprobó el año pasado”, aseveró y apuntó que “si no se hubieran tomado las medidas de contención de gasto y la modificación del Mepco, la solicitud de deuda hubiera sido mucho mayor”.

Durante la discusión tanto diputados del oficialismo como de la oposición propusieron que fuera a exponer el Consejo Fisca Autónomo (CFA) para tener una mirada del impacto que esto podría generar en la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB. Asimismo, entre los legisladores del bloque opositor se esperará a que el gobierno publique el decreto fiscal donde define la trayectoria del balance fiscal estructural y el techo de la deuda que hoy se ubica como meta en 45% del PIB.

Ese decreto por ley debe estar publicado a más tardar el próximo 9 de junio, es decir, la próxima semana.

También el diputado de la UDI, Jaime Coloma, propuso invitar a la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez para que pudiera explicar los cálculos del erario fiscal 2026 y los supuestos para la trayectoria de la deuda. Idea similar puso sobre la mesa el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien señaló que se debería presentar en la comisión los supuestos de ambas administraciones para determinar cómo y qué cambio en los supuestos que llevaron a tener magnitudes de endeudamiento distintos.

¿Qué implicancias tiene? De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB. En cambio, ahora, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB. Además, implicaría traspasar ese límite prudencial ya en 2027. Todo esto, manteniendo el escenario de las proyecciones de PIB y tipo de cambio que entregó hace una semana Hacienda en el IFP.

En búsqueda de los votos

La solicitud de endeudamiento es una ley de quorum calificado o de mayoría absoluta, por lo que el gobierno en la Cámara de Diputados necesita de 78 votos de los 155 diputados que conformaban el hemiciclo.

Por el momento, el Ejecutivo cuenta con 68 votos de su bloque (31 Republicanos; 18 UDI; 13 RN;3 Evópoli y 3 independientes del bloque). A ellos, el gobierno y en especial el ministro Quiroz logró abrochar los 8 diputados que tiene el Partido Nacional Libertario. Pero para lograrlo tuvo que negociar y realizar un compromiso.

Esto porque el martes, la bancada de la colectividad que preside Johannes Kaiser, había anunciado su rechazo. “Entendiendo la necesidad del gobierno de ordenar sus finanzas y levantar los recursos que requiere para pagar compromisos heredados, el Partido Nacional Libertario no va a votar a favor de un aumento de deuda. Creemos que todavía existe espacio para realizar recortes más profundos y relevantes en el gasto público”, afirmó ese día Kaiser.

Y hoy esa postura cambió: “Hemos decidido por esta única vez y excepcionalmente apoyar la salida a buscar estos recursos, pero no de manera gratis, no de manera fácil: se ha llegado a un compromiso con el ministro Quiroz sobre el congelamiento de cualquier reajuste del sector público más allá del reajuste por IPC hasta que no se cumpla la meta de ahorros fiscales”, sostuvo el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Pier Karlezi.

Por su parte, Kaiser, sostuvo que la decisión responde a un criterio de responsabilidad fiscal y humana, luego de conocer en detalle la situación financiera del Estado. “Comprendimos la inviabilidad de nuestra postura si queríamos ser responsables con la República y nuestro país. Si el Estado no cuenta con estos recursos, significa que no se pagan sueldos, que no se pagan tratamientos médicos y que muchas pequeñas y medianas empresas podrían verse gravemente afectadas”, advirtió el excandidato Presidencial.

Se trata de un apoyo clave para el gobierno, toda vez que con esos 8 votos llega a un total de 76 de los 78 que requiere.

Uno de los candidatos naturales donde el gobierno buscará acercar posiciones es el Partido de la Gente (PDG), el cual cuenta con 14 votos. Por el momento desde esa colectividad se manifiestan cautos con respecto a si entregarán su aprobación. El jefe de bancada e integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que están “evaluando”. Esa opinión fue refrendada por la subjefa de bancada la diputada Tamara Ramírez: “Desde la bancada del PDG queremos actuar con la máxima responsabilidad legislativa. Aún no tenemos una postura cerrada, ya que un incremento en la deuda del Estado no puede ser visto como un cheque en blanco. Exigimos claridad sobre los mecanismos de disciplina fiscal y eficiencia del gasto público que acompañarán esta medida, asegurando que no se traduzca en una carga futura para la clase media ni las pymes del país”.

La oposición

En el bloque opositor hay todavía distintas miradas. Por una parte, hay sectores, principalmente del PPD y del PS que anticipan que los más probable es que se rechace. Así, desde la bancada del PPD e independientes afirmaron que están por votar en contra del proyecto de ley. “El ministro Quiroz ya no tiene pudor, y ahora quiere llegar sin una pizca de vergüenza a pedirle a este Congreso que aprobemos un endeudamiento de más de US$6.200 millones. Con nuestro voto, no ministro”, afirmó la diputada PPD, Andrea Parra en representación de la bancada.

Asimismo, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, sostuvo que “nos preocupa el cómo se anunció este proyecto, el cómo se ocultó en la Cuenta Pública y la forma exprés en que pretenden tratar esta propuesta sin permitirnos entrar al fondo, y desconociendo, efectivamente, el comportamiento de la economía que justifique tan prontamente asumir esta deuda”. Desde el PS, Daniel Manouchehri, afirmó que “probablemente rechazarán”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, añadió que “como bancada todavía no se define, ya que esperan ver cómo decanta la discusión y escuchar a distintas instituciones y organismos como el CFA”. Similar postura entregó el diputado PC, Boris Barrera, quien comentó que “se analizará según avance la discusión y los planteamientos de Hacienda”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el Ejecutivo anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB.

En cambio, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% del PIB y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

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