Para el inicio del año judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, irrumpió poniendo sobre la mesa una preocupación que previamente había compartido con el pleno del máximo tribunal.

En plena crisis del Poder Judicial, Chevesich fue clara en hacer una autocrítica por lo ocurrido, y expuso que los magistrados han hecho un mea culpa para corregir las malas prácticas instaladas en la judicatura. En ese mismo sentido, Chevesich expuso que los casos de corrupción que han golpeado a ministros de las altas cortes del país también han tenido, en la otra cara, la participación de abogados quienes también se han visto envueltos en actos de corrupción.

Así ha pasado, por ejemplo, en la trama bielorrusa. Por un lado hay exsupremos imputados -como Ángela Vivanco o Diego Simpertegui- pero por el otro hay abogados que según la Fiscalía eran parte de ese engranaje como Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gabriel Silber o Aldo Corneo. De todos ellos, solo Vivanco y Simpertegui han tenido procesos éticos y disciplinarios en su contra, debido a su condición de jueces.

Por eso mismo Chevesich le encomendó a una comisión de supremos para que, junto a la Dirección de Estudios, analicen qué opciones hay en legislaciones comparadas para avanzar hacia un mecanismo en el que se pueda controlar el actuar ético de los abogados, independiente de si están colegiados o no en un gremio profesional. Esto en el marco de la pretensión de algunos abogados para que se pueda incluso pedir una sanción, para casos muy graves y como resultado de un debido proceso con control jurisdiccional, como quitar el título de forma perpetua.

El plan de Rabat

Con ese contexto de fondo, el ministro de Justicia Fernando Rabat aprovechará la tramitación de la reforma judicial para modificar el sistema disciplinario que rige a los jueces, a los auxiliares de la justicia y también a los abogados. Así lo transparentó este martes ante la Comisión de Constitución del Senado.

En un ecosistema en que existe el Código de Ética del Poder Judicial y el del Colegio de Abogados, Rabat quiere ingresar indicaciones para facultar a la Fiscalía Judicial de la magistratura para dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios, auxiliares de la administración de justicia y abogados.

Luego el ministro quiere avnazar para que existan sanciones para abogados estén o no colegiados. Para eso propone que la reclamación en contra de la conducta ética de los letrados sea conocida por los juzgados civiles, en procedimientos breves y sumarios, según las reglas establecidas en el artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

El objetivo de Rabat es generar un nuevo sistema que se base en el reclamo fácil. Para eso le entregará a los colegios profesionales la legitimación activa para ejercer acciones y denuncias por infracciones graves a la conducta ética profesional.

Esta es una de las grandes innovaciones ya que actualmente el Colegio de Abogados solo puede abrir procesos disciplinarios para los letrados que tienen su colegiatura al día. Para todo el resto, no hay nada que hacer. De hecho cuando explotó el caso audio se abrió un proceso en contra de Luis Hermosilla, pero esa indagatoria ética se mantiene suspendida según las reglas del gremio, debido a que por esos mismos hechos existe en curso una indagatoria penal que aún no ha concluido.

Las enmiendas del titular de Justicia para la reforma constitucional que se tramita en el Senado incluirá castigos más severos. De esta manera, si se comprueba la infracción, los tribunales ordinarios podrán imponer multas a beneficio fiscal equivalentes a un monto global de hasta diez Unidades Tributarias Anuales -hoy alrededor de $700.000- y la suspensión de dos meses a tres años de la profesión.