Preocupación existe en la oposición tras los registros que dejó la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) este miércoles en la Alameda.

De acuerdo a las autoridades, cerca de 4.500 personas asistieron a la movilización, donde se registraron disturbios y 35 asistentes fueron detenidos. En la manifestación también se registraron heridos: una estudiante detenida resultó con una lesión en su cabeza tras ser alcanzada por una piedra, mientras que tres carabineros quedaron con lesiones leves.

La convocatoria tenía por objetivo manifestarse en rechazo a la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, al proyecto de Escuelas Protegidas y eventuales recortes en Educación.

En ese escenario, el Partido Socialista emitió un comunicado donde expresaron su “profunda preocupación y rechazo ante el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros durante las movilizaciones”.

“Las manifestaciones sociales y estudiantiles constituyen una expresión legítima de participación democrática. Por ello, resulta inaceptable que procedimientos policiales destinados al resguardo del orden público deriven en acciones desproporcionadas que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de las personas, particularmente de estudiantes y jóvenes que ejercen su derecho a manifestarse”, indicaron.

Junto con ello, exigieron “una investigación exhaustiva y transparente que permita establecer responsabilidades y garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.

Tras participar en la reunión de secretarios de oposición, el secretario general (s) del PS, Arturo Barrios, acusó que “este es un gobierno que está polarizando a Chile”.

“Este es un gobierno que está de una u otra manera construyendo una torpe situación de tensión en la sociedad. Vimos ayer ámbitos de represión que no se habían visto”, indicó.

Barrios remarcó que no se puede permitir el “uso irracional de las fuerzas (...) no amerita que en Chile exista una represión desde el punto de vista del movimiento estudiantil, porque tienen todo su derecho a manifestarse en la calle de manera pacífica”.

“La verdad es que estamos volviendo a tiempos que entendíamos superados”, aseveró.

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, acusó al gobierno de transformar “una movilización estudiantil legítima en contra de los recortes que afectarán la educación pública en una confrontación que terminó en represión desmedida".

A través de su cuenta de X, la exdelegada de la RM acusó que se "cambió el recorrido a última hora, se cerró al diálogo y no permitió que se desarrollara la movilización. La autoridad tiene el deber de resguardar tanto el orden público como el derecho a manifestarse. En democracia, una cosa no puede hacerse a costa de la otra".

En esa línea, el secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez, señaló que “la manifestación, la movilización, es parte de las garantías democráticas que tenemos en nuestro país, y el deber del gobierno y también de la Fuerza Pública no solamente es controlar el orden público, sino que también garantizar las condiciones para que las movilizaciones puedan darse de manera pacífica y segura".