Prisión preventiva para Manuel Guerra: fiscal Mario Carrera valora resolución del tribunal y sostiene que “es grave y fuerte”
El fiscal valoró la argumentación del tribunal, apuntando que "dio por acreditado cada uno de los fundamentos que dio el Ministerio Público” y que "nos deja muy conformes".
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró la decisión del 4° juzgado de garantía de Santiago, de decretar la prisión preventiva para el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, imputado por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.
“La resolución creo que fue muy fundada”, sostuvo el fiscal Carrera, añadiendo que “el tribunal dio por acreditado cada uno de los fundamentos que dio el Ministerio Público”.
En la ocasión, junto con calificar los hechos como graves, Carrera además expresó que es “la primera vez que un fiscal regional está efectivamente en prisión preventiva”
En esa línea, calificó los hechos como graves y enfatizó que el magistrado concluyó que Guerra “había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado”, lo que afirmó “es grave y fuerte”.
Según añadió Carrera, “estamos conformes con lo resuelto por el tribunal y más que con la solicitud de prisión preventiva, que de verdad es una etapa más, que se cumple el día de hoy, nos deja muy conformes los fundamentos que dio el juez”.
Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 45 días de investigación. Sobre esto, Carrera sostuvo que es cierto que la investigación lleva un buen tiempo, aunque añadiendo que “hay situaciones que no podemos desconocer”.
Es así como apuntó a la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián, señalando que “ahí hay una línea que efectivamente tenemos que analizar con fuerza y ver el contenido, por ejemplo, de ese informe”.
Finalmente el fiscal apuntó que “recojo también las palabras de la Ministra Presidenta de la Corte Suprema en lo que se refiere a mi institución, evidentemente este tipo de situaciones dan vergüenza también”.
Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado, sostuvieron que el tribunal “dio cuenta de lo que propusimos, era una sistemática infracción de deberes que después se acompañó de solicitudes que iban progresivamente aumentando hasta que se logró en definitiva la recompensa”.
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