Más acento en seguridad que en crecimiento económico. Esa fue la petición que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), le hizo al Presidente José Antonio Kast en la reunión de alcaldes de oposición del miércoles en La Moneda. En esa oportunidad, el jefe comunal le hizo una solicitud concreta: sacar a los militares a la calle para el resguardo de infraestructura crítica.

Sin embargo, la respuesta de Kast fue tajante: un rotundo “no”. Le dijo, frente a los casi 100 otros alcaldes que llegaron a la cita, que él no era partidario de tener a las Fuerzas Armadas en la ciudad. Varios miraron atónitos la situación, pues, dicen, se produjo la paradoja de un alcalde de izquierda haciendo la solicitud y un presidente de derecha dándole un portazo.

Durante su intervención, el alcalde le dijo a Kast: “Ojalá no le toque dar el pésame a mi familia”, aludiendo a las cuatro amenazas de muerte que tiene. Le señaló, además, que le parecía “poco lógico” que no se ocupe a las Fuerzas Armadas, mirando la experiencia en el sur.

White asevera a este diario que Kast le respondió que en su gobierno no se iban a usar las Fuerzas Armadas en esa tarea, porque no están capacitados. “Es súper ilógico y se lo dije: él hablaba de un ‘gobierno de emergencia’. Hubo cambio, y pareciera ser que hay más caos. Es peor que antes. Su propuesta, más que una metáfora, fue un ofertón electoral. Cada una de las cosas que él propone no dan resultados. Y se lo dije de esa forma”, dice el alcalde.

Y es que White no se quedó sólo en su clamor público en la reunión y al término se acercó hasta el mandatario para insistirle con el tema. Incluso, lo invitó a participar de la “Copa por la Paz” -un torneo amistoso de fútbol- que se desarrolla en la comuna para promover el fin de la violencia. El presidente le comprometió asistencia. Ahí, Kast le habría dicho, sin asistentes, que no pondría en riesgo a un militar a una situación a la que no está preparado, le insistió que él no era partidario y que como gobierno habían tomado la decisión de no hacerlo. Luego de ello, White volvió a insistir con su punto a la ministra y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert y Andrés Jouannet, respectivamente, también presentes en la cita.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), contó este viernes el episodio en Desde la Redacción de La Tercera: “Se pidieron militares en la calle por parte del alcalde de San Bernardo. (Kast) dijo que en general eso no estaba considerado dentro de su plan de trabajo y que más bien era fortalecer a las policías. Por ahora, no. Ni siquiera para infraestructura crítica. Esa fue la respuesta por parte del presidente”.

La petición concreta de San Bernardo se basa en el resguardo de infraestructura crítica de la comuna, como el Hospital El Pino, estaciones de Metro y consultorios, que como explican fuentes municipales, han debido ser blindados.

San Bernardo en particular ha estado asolado por problemas de seguridad, al punto que en un hecho simbólico la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó sesionar en la comuna, luego de una fuerte intervención del alcalde White ante esa instancia en el Congreso Nacional. En esa oportunidad acompañó una presentación con duros registros de incivilidades: un detenido con un fusil de guerra peruano, inequidad en la distribución de seguridad -112 carabineros por 100 mil habitantes fue su dato-, encerronas sufridas por funcionarios de salud en el hospital, entre otras. Además, el propio alcalde fue agredido este año por vecinos en medio de un operativo de seguridad.

Y si bien en la cita con Kast el alcalde White fue el único que lo verbalizó, la idea de los militares, dicen en el entorno de las autoridades comunales de oposición, es compartida por varios. Por ejemplo, Maximiliano Ríos (PPD), alcalde de Lo Prado, dice que “a estas alturas cualquier iniciativa que mejore la seguridad es bienvenida. No se explica que un gobierno que gana las elecciones precisamente por este tema no se le conozca plan o iniciativas que mitiguen la compleja situación de inseguridad”. Mientras, Javiera Reyes (PC), máxima autoridad de Lo Espejo, expone que ya han “dicho antes que nos parece que todas las alternativas deben discutirse, pero resulta disparatado pensar en obtener resultados de medidas tan costosas como que los militares se ocupen de combatir la delincuencia sin que exista un “Plan de Seguridad” que guíe el trabajo del gobierno a la altura de los desafíos que requiere nuestro país”.

Por su parte, Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana, señala: “Creemos que es importante evaluar esta medida de instalar militares en lugares asistenciales como los hospitales. Hemos visto asaltos, robos cerca de los centros asistenciales. El presidente debe evaluar esta medida, como se lo plantearon el miércoles en La Moneda”. Del mismo modo, Luis Astudillo (ind.), de Pedro Aguirre Cerda, asevera: “Fui el primer alcalde en plantear la necesidad de establecer la presencia de militares en los sectores conocidos como infraestructura crítica. (...) Es ahí donde los militares podrían ser un tremendo aporte, con un mayor control en las carreteras, con brigadas caninas y acciones de inteligencia con las policías, todo esto a través de un plan piloto, de manera responsable y con un equipo coordinado que tome el ejemplo de países donde se han obtenido buenos resultados”.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind FA), dice que “más que militarizar, lo que nosotros hemos propuesto es que las fuerzas armadas puedan complementar la función policial en el caso de resguardo de infraestructura crítica. Para nuestra comuna, esto se traduce en que se pueda generar presencia permanente en lugares como los terminales de buses, la Estación Central, estaciones concurridas del metro y el sector de clínicas y hospitales. Esto sería de gran ayuda frente a la falta de dotación policial que tenemos en lugares fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y con una gran cantidad de población flotante”.

Un debate viejo

La paradoja -según dicen en San Bernardo- es que Kast haya dicho tan rotundamente que no, en circunstancias que en el pasado ha sido promotor de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle en contextos complejos, como en La Araucanía. White, de hecho, dice que para él ha tenido un costo político relevante, pues algunos correligionarios del PS le recriminan ser un “traidor” en un contexto en que su historia familiar estuvo afectada por la dictadura.

Como sea, otros alcaldes de izquierda también han hecho la petición en el pasado. En 2024 el -entonces oficialista- alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), solicitó a la por esos días ministra del Interior, Carolina Tohá, “contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores”, argumentando una falta de dotación policial en la comuna que requería una ayuda extra. En esa oportunidad, el edil abrió el tema a un amplio debate.

Ya por el 2023 el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (ind.-PS), acudió hasta La Moneda solicitando “evaluar el rol de las Fuerzas Armadas y su eventual contribución al orden público al interior de las comunas del país”. En la Región de O’Higgins, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia (ind.), dijo en 2024 que “es necesario que los militares estén en las calles, en los lugares públicos, en los hospitales, centros urbanos más poblados, con más gente, para garantizar a las personas que vivan tranquilas”.

También en esa oportunidad otros alcaldes de izquierda compartieron que los militares debían resguardar la infraestructura crítica, entre ellos los entonces jefes comunales de Ñuñoa, Emilia Ríos (Frente Amplio); de San Miguel, Erika Martínez (Frente Amplio); de San Ramón, Gustavo Toro (DC); de Peñalolén, Carolina Leitao (ex DC), y de Independencia, Gonzalo Durán (CS).