Ninguna institución pública quedó ajena a la revelación de la Contraloría General de la República, cuando el 20 de mayo del año pasado anunció la detección de más de 25 mil funcionarios que entre 2023 y 2024 viajaron fuera del país durante sus licencias médicas. El caso salpicó a los tres poderes del Estado. El episodio derivó en un reforzamiento de la fiscalización e incluso en un proyecto de ley. Además, Hacienda instruyó sumarios para todos los apuntados de cometer la falta.

Un año y tres meses después de ese informe, la Corte Suprema comenzó a cerrar esta semana la remoción de 11 jueces por esta causa, un hecho que en contraparte ha puesto el foco en los avances con que el resto de las instituciones involucradas ha avanzado en los procedimientos pendientes. De acuerdo con el balance de la Dirección de Presupuesto (Dipres), de los 31.214 sumarios que se iniciaron a partir de este informe, al 30 de junio se habían cerrado sólo 3.297, lo que configura un 11% del total.

La lentitud del proceso se convirtió en materia de especial atención para el gobierno de José Antonio Kast. De hecho, el mismo mandatario anunció medidas para acelerar los procesos durante su primera Cuenta Pública, el 1 de junio de este año. “Lo que la gente espera, con toda razón, es que estos procesos terminen y que se apliquen sanciones efectivas para quienes abusaron de la confianza pública. Por eso asumimos un compromiso concreto: crear una Fuerza de Tarea Legal, con abogados dedicados exclusivamente a acelerar la tramitación y cierre de estos sumarios”, dijo.

Pero a tres meses de ese anuncio, la conformación de ese equipo es una nebulosa. Consultados por La Tercera sobre si este ya se encontraba operativo, desde Presidencia señalaron que “los compromisos de la Cuenta Pública son compromisos anuales que se van siguiendo y completando. En el caso de los sumarios, estos son de responsabilidad de cada ministerio, y su agilización, dentro del marco legal, es apoyada por Dipres y Segpres”.

Con todo, al interior del gobierno reconocen que las investigaciones administrativas han avanzado lento. Pese a ello, aseguran que el tema continúa siendo una prioridad para el Ejecutivo.

De los sumarios ya cerrados, 1.345 terminaron sin sanción; 596 con funcionarios destituidos; 115 con censura; 92 con suspensión, y 149 con multa. Del mismo modo, hay carteras que llevan una cantidad importante de investigaciones finalizadas, como el Ministerio de Minería (96%) o Bienes Nacionales, pero hay otros que ni siquiera han cerrado sus indagatorias administrativas, como es el caso de Cultura o la Secretaría General de la Presidencia, paradójicamente la llamada a apoyar la agilización del resto.

Zoom a salud

El sector más golpeado por el informe de Contraloría fue Salud, al ser, a su vez, una de la que cuentan con más trabajadores repartidos en los diferentes hospitales del país. La cartera tuvo 15.516 funcionarios involucrados, lo que se tradujo en 13.860 sumarios, distribuidos en 37 organismos. De estas investigaciones, y según el último informe de Dipres, 858 fueron cerradas, lo que equivale al 6% del total.

La demora no solo ha generado preocupación al interior de la cartera. El exsubsecretario de Redes del gobierno de Gabriel Boric, Bernardo Martorell, advierte que el ritmo de avance ha sido insuficiente. “Hay que considerar que la cantidad de personas que trabaja en el sector salud es de una magnitud mayor, y por ello también la cantidad de sumarios a realizar, donde es esperable que supere el plazo estipulado, porque siempre aparecen otras complejidades a resolver. Dicho eso, hubiéramos esperado que este trabajo tuviera conclusiones más avanzadas que el porcentaje actual ante los compromisos asumidos por la nueva administración”, señala.

Desde el Minsal aseveran que, por iniciativa propia, conformaron su propia suerte de fuerza de tarea, integrada por cuatro abogados del gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales junto a profesionales de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Eso sí, recalcan que ninguno de ellos instruye o resuelve los sumarios, sino que esa responsabilidad corresponde a cada Servicio de Salud. Su función es monitorear el avance de los procedimientos, detectar rezagos y apoyar la conducción sectorial del proceso.

En ese contexto, afirman que sí han visto un avance en las investigaciones: los procesos resueltos por las jefaturas de Servicio aumentaron de 1.117 en marzo, a 2.940 en julio, lo que representa 1.823 nuevas resoluciones en cuatro meses. Y las investigaciones cerradas definitivamente pasaron de 429 a 1.109 durante el mismo periodo de tiempo.

“Estos avances permiten mostrar que el monitoreo sistemático no sólo entrega información, sino que contribuye a orientar y acelerar la gestión. Contar con mecanismos de seguimiento de este tipo fortalece la capacidad de gestión del Estado, permite focalizar los esfuerzos donde existen mayores brechas y favorece que los procedimientos se desarrollen oportunamente y con respeto al debido proceso. No se trata de anticipar responsabilidades, sino de asegurar que los antecedentes sean investigados y que cada procedimiento llegue a una conclusión conforme a la normativa vigente”, destaca el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.