Un escándalo. Con esas palabras han calificado, algunos ministros de la Corte Suprema, lo que está pasando al interior del Poder Judicial con los sumarios que se abrieron en contra de los 104 jueces que viajaron al extranjero con licencias médicas.

La molestia de algunos supremos se explica por lo que, creen algunos, ha sido la mano blanda que han tenido las cortes de apelaciones a la hora de juzgar a los suyos.

El diagnóstico se basa en que cuando los fiscales judiciales iniciaron las investigaciones disciplinarias -en las 17 jurisdicciones- se aplicó una vara muy baja y cuando los plenos tuvieron que decidir las sanciones, en la gran mayoría de los casos optaron por los sobreseímientos y las absoluciones.

Para algunos magistrados el asunto se transformó en un zapato chino. Mientras en la mayoría de los servicios públicos ajenos al Poder Judicial los funcionarios públicos han sido sancionados -en miles de casos- con el máximo castigo que es la destitución, en la judicatura los funcionarios judiciales han estado zafando.

El contraste resulta aún mayor al sumar la severa jurisprudencia que ha instalado la Tercera Sala de la Suprema. Los magistrados de la sala constitucional, cuando han visto recursos de protección que impugnan las destituciones por viajar con licencia, han concluido que tener reposo médico y viajar fuera de Chile constituye una grave falta a la probidad, por lo cual han visado las destituciones de una serie de empleados fiscales.

Por eso cuando el lunes el pleno comenzó a revisar las 17 apelaciones de los jueces que recibieron sanciones en su contra por estas faltas a la probidad, la presión estaba más que instalada entre los supremos.

La Suprema -invocando la superintencia correccional- tiene en sus manos enmendar el rumbo y aplicar sanciones duras en los casos en que efectivamente se comprobó la falta a la probidad, es decir, un viaje al extranjero -al menos hace cinco años- estando con licencia médica.

Para varios el asunto era de máxima relevancia ya que los supremos saben que están siendo juzgados por la opinión pública y que deben evitar que esto termine en una “ley del embudo judicial”.

En el pleno del lunes sesionaron después del trabajo de sala hasta pasadas las 19.00 horas. Luego, el martes, continuaron ese trabajo en una cita que partió a primera hora de la mañana y continuó hasta pasadas las 11.00.

Fuentes judiciales cuentan que luego de deliberar, los supremos tomaron acuerdo y resolvieron las 17 apelaciones.

La novedad estuvo en que la Suprema tomó el camino duro y optó por abrir cuadernos de remoción. Lo hizo no solo confirmando las propuestas de cuadernos de remoción que venían de las cortes de apelaciones, sino que además instruyó abrir más procesos. Esto último invocando la facultad del artículo 80 de la Constitución.

Eso significa que, al menos, se confirmó el cuaderno de remoción para la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, Juana Arenas, que había sido sancionada por la Corte de San Miguel con suspensión de cuatro meses y el cuaderno de remoción.

A ella se sumará la secretaria del Juzgado de Letras de Punta Arenas, Patricia Machuca, quien fue sancionada por la corte de esa jurisdicción con suspensión por 60 días y la apertura de un cuaderno de remoción.

Todo esto quedó en acuerdo y la decisión será notificada el lunes. En el pleno del martes los supremos también confirmaron casos en que los sobreseimientos estaban justificados. Este grupo de casos consitieron en judiciales que recibieron licencia por Covid-19 el mismo día que volvieron al país, pero no hubo incumplimiento de reposo.

Los absueltos o sobreseídos

Con esto despejado, ahora el pleno entrará en una misión aún más compleja y en la que la presión se elevará aún más. Desde el lunes comenzará a revisar los sumarios que no tienen apelación y que llegaron sobreseídos o absueltos. Ese examen se hará con el acuerdo de que el plazo de prescripción será de cinco años y no dos, como lo calcularon algunas cortes.

En este caso hay algunos ministros de corte. Por ejemplo desde la Corte de Valdivia vienen la fiscal judicial Gloria Hidalgo y la ministra Marcela Araya en calidad de sobreseídas. De la Corte de La Serena viene su presidenta, la ministra Gloria Negroni, en calidad de absuelta. Finalmente, de la Corte de Valparaíso viene el sumario de la ministra Rosario Lavín.

Este último caso, al interior de la magistratura, se da por descontado ya que es una indagatoria en que se descartó alguna falta disciplinaria. La magistrada está bien sobreseída ya que su licencia -por un procedimiento médico de urgencia- fue correctamente otorgada el mismo día que volvió a Chile luego de sus vacaciones.

A esas ministras de corte se suma el polémico caso del juez Daniel Urrutia. El magistrado fue investigado por dos licencias. Una en la que viajó a Costa Rica en 2020 y otra en la que viajó a Ecuador en 2022. Por el primer hecho fue sobreseído y por el segundo -en una reñida votación- fue absuelto ya que una parte del pleno consideró que la falta estaba prescrita, pero lo hizo considerando el plazo de dos años.

A él también se suma el caso de otra conocida magistrada, la jueza Karen Atala quien también está sobreseída.