Los deseos del Ministerio Público de cerrar la investigación del caso Democracia Viva y presentar la acusación para dar paso al juicio oral se vieron frustrados durante estos días.

La primera señal había llegado el 8 de septiembre. Ese día se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por la defensa del acusado Daniel Andrade, para reabrir la indagatoria que la Fiscalía ya había cerrado. Andrade es el ingeniero civil que creó la fundación Democracia Viva y era pareja de la desaforada diputada Catalina Pérez. Respecto de este acusado, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel.

Ese día el tribunal decretó la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días más. La acción de Andrade, presentada el 22 de agosto, se fundamentaba en la supuesta incorporación de un hecho nuevo durante la audiencia de reformalización del pasado 12 de agosto, ocasión en la que la Fiscalía de Antofagasta comunicó el cierre de la investigación.

Las diligencias pedidas por Andrade apuntaban a oficiar al Servicio de Impuestos Internos, a la Municipalidad de Ñuñoa y a la 19a. Notaría de Santiago.

El problema ocurrió después, ya que el tribunal solo volvió a abrir la indagatoria respecto de Andrade, pero no así para los otros acusados. Además del ingeniero que fue el líder de Democracia Viva, en la causa están acusados la diputada Pérez, la exconcejal Paz Fuica y el exseremi Carlos Contreras, involucrados en las otras aristas del caso. Estos dos últimos arriesgan penas que suman 35 años de cárcel.

La decisión del tribunal generó confusión, ya que en una causa como esta, donde todos los hechos están vinculados unos con otros, era complejo hacer diligencias solo sobre un acusado sin afectar a los otros.

Ese fue uno de los argumentos que hicieron que este miércoles 24 de septiembre la jueza María José Saavedra, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, decidiera darle un portazo a la Fiscalía y abrir otra vez la investigación, pero esta vez para todos los involucrados.

“Se resuelve acoger la incidencia de nulidad de todo lo obrado interpuesta con fecha 15 de septiembre de 2025 y se deja sin efecto la resolución de fecha 11 de septiembre de 2025, entendiendo que se reaperturó para todos los intervinientes, para la práctica de las diligencias específicas ordenadas en dicha audiencia, por lo que se procede anular todo lo obrado, retrotrayendo al estado de la resolución pronunciada con fecha 10 de septiembre de 2025″, se lee en la resolución.

La magistrada además ordenó que la nulidad debía extenderse “a la acusación particular, las adhesiones a la acusación y toda actuación posterior a la fecha 10 de septiembre de 2025, que diga relación al incidente de nulidad acogido”.

De esta manera, el tribunal dilatará aun más este caso que se inició en 2023, luego de que explotara tras la publicación del medio regional Timeline. Esto debido a que la audiencia de preparación de juicio oral que se había fijado para el día 29 de septiembre también quedó suspendida.