“La situación que nos convoca en el presente recurso no es la simple adecuación de una actuación defectuosa, sino que la de vulneración de un derecho fundamental: ser oído”.

Ese considerando es parte del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que resolvió revocar la libertad condicional concedida a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión a Nabila Rifo.

Esto, tras acoger un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en favor de la víctima.

El hecho de que la Comisión de Libertades Condicionales de Coyhaique otorgara el beneficio generó cuestionamientos inmediatos. Más aún cuando se supo que en medio del proceso hubo falencias en la notificación a Rifo.

Según se advertía en el expediente de su postulación, la comisión había solicitado a la víctima que se pronunciara sobre el requerimiento de Ortega, pero ella nunca respondió, ya que la notificación llegó sólo hasta el portón de una vivienda en la que ya no habitaba.

Ese hecho fue clave para que la corte determinara acoger el recurso, y si bien el beneficio fue revocado, el caso reinstaló críticas y dudas sobre el otorgamiento de beneficios. Más aún porque también se develaron complejos antecedentes sobre las características de Ortega, quien según evaluaciones desarrolladas por Gendarmería, no reconoce el delito por el que fue condenado, no muestra arrepentimiento e incluso justificaría acciones violentas.

El de Ortega no es el primer caso en el que se cuestiona al sistema judicial por otorgar este tipo de beneficios. Otro emblemático fue el de Hugo Bustamante, quien en 2016 accedió al mismo beneficio y cuatro años más tarde fue detenido por el crimen de Ámbar Cornejo.

Por esa misma causa la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidía la comisión que le otorgó el beneficio a Bustamante, enfrentó una acusación constitucional. Ese hito, al ver las cifras, marcó una abrupta caída en la cantidad de libertades condicionales que otorgan los jueces.

De acuerdo con cifras de Gendarmería a las que La Tercera tuvo acceso, al analizarse los últimos 10 años -tomando como referencia el periodo 2014-2024 debido a que el año 2025 aún no está cerrado-, la libertades condicionales cayeron un 61,5% a nivel nacional.

Durante esos diez años, el periodo en el que más se otorgaron fue el segundo semestre de 2016, con 3.215, lo que contrasta con fuerza al notar los registros del primer semestre de 2025, donde se concedieron 734 de estos beneficios: sólo el 10% en relación con el número total de postulantes.

El año 2020, en que Ámbar Cornejo fue asesinada y Hugo Bustamante fue detenido como principal responsable, se otorgaron 3.998 libertades condicionales, mientras que en 2024 fueron 1.288, lo que marca una de las caídas más fuertes de los últimos años.

¿Por qué la baja? Según la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, la disminución en el número de personas beneficiadas, “tanto en rebajas de condena como en libertades condicionales, obedece principalmente a las modificaciones introducidas en la normativa vigente. Actualmente, los requisitos establecidos son más numerosos y estrictos".

Por su parte, el abogado y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Mauricio Duce, asegura que “sin perjuicio que haya algunos vaivenes en este periodo de diez años, consistentemente hay una tendencia a la baja, lo que probablemente también explica los niveles de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, que supera el 146% de acuerdo a las cifras de agosto de Gendarmería”.

Sobre las causas, Duce advierte que “debido a la opinión pública, las políticas legales tienden a privilegiar respuestas más bien punitivas. En el debate público se tiende a enfatizar o poner mucha presión por el tipo de respuestas más punitivas. Entonces lo que uno podría decir es que se da un contexto de cierta presión social en materia de libertad condicional que ha tenido un impacto muy importante en la disminución de su uso”.

Como segundo factor, Duce menciona que las reformas que se han hecho apuntan al endurecimiento de los requisitos para acceder al beneficio.

“En los 100 años de vigencia de la libertad condicional, que fue creada en 1925, ha habido 22 reformas al decreto ley que la regula, con una alta concentración a partir del periodo 2016 a 2025. Ahí prácticamente el 41% de las modificaciones tuvo que ver con esto y buena parte de ellas ha endurecido los requisitos o establecieron requisitos adicionales. Por ejemplo, mayores exigencias de cumplimiento de pena, en algunas categorías de delitos se ha definido que la libertad condicional ya no es un derecho, todo lo cual han implicado obstáculos y han favorecido una limitación en su uso”, detalló.

Desde Amparo y Justicia, la subdirectora legal, María José Bowen, valora que se hayan considerado cambios como los propuestos por la fundación, entre los que destaca el hecho de que las víctimas fueran oídas. Eso sí, plantea que aún falta:

“Entre los aspectos que hay que revisar, creemos que aún falta un mecanismo formal de oposición para las víctimas, que equivalga al amparo que puede interponer un condenado. También la homologación de criterios y procedimientos para la notificación y participación entre Comisiones de Libertad Condicional", dice Bowen.