En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó una audiencia para revisar la prisión preventiva en que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, formalizada en el marco de la llamada trama bielorrusa, permanece desde el 30 de enero.

La defensora penal pública Patricia Alvarado solicitó reducir la intensidad de la medida cautelar sobre su representada, apelando a la condición de salud de la exjueza de 63 años y recurriendo a peritajes psicosociales y psicológicos para fundamentar su petición.

El tribunal rechazó la solicitud.

En su resolución, el juez Jaime Fuica sostuvo que “los antecedentes obtenidos durante los meses posteriores a la formalización refuerzan la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los distintos imputados, permitiendo otorgar mayor coherencia y consistencia a la teoría investigativa que sustenta los delitos de cohecho y lavado de activos reiterados aludidos a la imputada, especialmente el concerniente de los pagos efectuado por terceros vinculados con ella”.

“Entrando entonces al análisis de los requisitos contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, este tribunal estima que los antecedentes incorporados durante la reciente audiencia no resultó suficientes para alterar las conclusiones alcanzadas con la ocasión de la resolución que decretó la prisión preventiva”, prosiguió.

Más adelante, Fuica señala: “La resolución dictada por el juez de Garantía, que originalmente decretó la prisión preventiva, ya había concluido que tales antecedentes apreciados en su conjunto, permitían configurar una presunción fundada acerca de la existencia de delitos de cohecho y lavado de activos, conclusión que, a juicio de este tribunal, no aparece debilitada y que por los antecedentes hoy invocados por la defensa, no se puede desvirtuar. Idéntica conclusión debe alcanzarse respecto de la participación atribuida a la imputada".

“Los nuevos antecedentes presentados durante esta audiencia pueden ciertamente construir materias susceptibles de controversia y debate probatorio en etapas posteriores del procedimiento. Sin embargo, no poseen la entidad necesaria para desvirtuar la presunción fundada de participación que actualmente pesa sobre la encartada. Cabe señalar que la estructura general de la imputación continúa apoyándose en antecedentes objetivos que vinculan a la señora Vivanco por hechos investigados, especialmente en lo relativo a la adopción de decisiones jurisdiccionales cuestionadas, la existencia de intereses personales concurrentes y los beneficios económicos que, según la tesis investigativa, habrían derivado de aquellas actuaciones”, añade.

Y cierra: “Consecuente, esta judicatura concluye que los presupuestos contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Peral permanecen plenamente vigentes al día de hoy, no observándose una modificación sustancial de las circunstancias que permita arribar a una conclusión diversa”.

“No se han acreditado antecedentes nuevos de entidad suficiente para modificar sustancialmente el juicio cautelar efectuado con antelación”, señaló el juez.

El magistrado estimó que “las restantes medidas cautelares personales continúan siendo insuficientes para asegurar adecuadamente los fines del procedimiento estableciendo en específico que la libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de presión preventiva".

Vivanco compareció en modalidad telemática.

La otrora portavoz del máximo tribunal del país completó 125 días recluida en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos, en el módulo especial que dispuso Gendarmería en la cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín.

Vivanco fue la primera inquilina del lugar que se reacondicionó por las críticas que había a la inexistencia de una Capitán Yáber para mujeres.

La Fiscalía de Los Lagos sostiene que la abogada, mientras integraba la Corte Suprema, recibió cerca de $90 millones para favorecer al consorcio entre la empresa estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec en una disputa con Codelco.

Por las resoluciones desfavorables en la Suprema, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio.

Gonzalo Migueles, expareja de Vivanco, y los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas, también están en prisión preventiva.