“Encuentro incomprensible que se siga viendo la inviabilidad de todo esto. Ni siquiera es absurdo, es un problema de moral, para mí esto es perder el tiempo. Si se quiere ser sincero, digamos, no creemos en la triestamentalidad, queremos que sólo tengan voto los profesores”, fue parte de la intervención de la senadora de la Universidad de Chile, y académica de la Facultad de Filosofía, Soledad Chávez, en la sesión de plenario que se realizó la tarde del jueves pasado.

Como ha sido la tónica en las últimas semanas, el ambiente era tenso en el máximo cuerpo normativo de la Casa de Bello, compuesto por 27 académicos, siete estudiantes y dos representantes del personal de colaboración, todos electos mediante votación de sus pares.

Llamadas coloquialmente al interior de la Chile como las “Reformas Fantasma”, por estar “en el congelador” desde 2014, la decisión de hacer participar con derecho a voto a estudiantes y funcionarios en los Consejos de Facultad, órgano intermedio de la enrevesada organización interna de la casa de estudios, se volvió a tomar el debate.

Esta vez fue la rectora Rosa Devés quien, ante la batalla pública de decanos e influyentes miembros de la comunidad, convocó al Senado para presentar los “antecedentes jurídicos” de los cambios a los estatutos de la universidad, ya materializados mediante un Decreto con Fuerza de Ley firmado por el Presidente Gabriel Boric el 27 de diciembre de 2023.

Con la reforma implementada, los académicos pasarán a conformar un 75% de dichos Consejos de Facultad -un 50% de ellos por derecho propio y un 25% electos-, mientras que estudiantes y trabajadores tendrán cada uno un 12,5% de representantes.

De esta manera, otros estamentos -más allá de los docentes- por primera vez tendrán poder de decisión, por ejemplo, en la designación de los vicedecanos y secretarios de estudios, en el nombramiento de profesores y en la aprobación de planes de estudios y presupuestos, entre otros temas.

Un tema que fue bandera de lucha de varios de los integrantes del actual gobierno, incluido el Presidente Boric, cuando fueron dirigentes universitarios.

La reforma ha sido duramente criticada por un sector de la institución, liderado por el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, quien incluso comparó al actual gobierno y a los cambios con la intervención que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado en las universidades de su país. Lo que fue calificado de “emplazamiento desproporcionado” por el Ejecutivo.

“A veces los malos hábitos se repiten hasta que alguien nos dice que estamos haciendo algo mal”, dijo el jueves la senadora Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho, sobre el uso de lo que se ha llamado un “subterfugio” legal para aprobar los cambios por decreto presidencial, sin votación del Consejo Universitario -compuesto por los decanos- y sin la realización de un referéndum entre la comunidad.

Devés y los abogados que la secundaron, por su parte, afirmaron que todo se ha hecho en regla, utilizando la “potestad normativa” del Senado, y dieron una serie de ejemplos de cambios anteriores que se hicieron de igual forma, con el respaldo de dictámenes de la Contraloría e incluso fallos judiciales a su favor.

“Hay cosas que pensar, pero sobre una base de respeto, de resguardo de la universidad. No saben cuánto me llaman para que intervenga en los diarios o le pida a tal o cual decano que hable. Pero así voy a quebrar al Consejo Universitario, aunque haya un mínimo de decanos que no estén de acuerdo. No voy a hacer eso”, concluyó Devés.

El cogobierno de los 70

Guerra Fría, utopías, hippies y agitación política eran parte del cuadro. A finales de los años 60, tanto en el mundo como en Chile las diferentes universidades se sumieron en lo que se llamó la “reforma universitaria”, que buscaba “democratizar” las casas de estudio. Ejemplo de ello fue la histórica toma de la Casa Central de la Universidad Católica en 1967.

En la Universidad de Chile los cambios llegaron mediante una profunda reforma de los estatutos en 1971. Utilizando la misma fórmula de delegación de facultades del Congreso al Presidente de la República usada por Boric en 2023, se implementó una versión mucho más radical de cogobierno universitario, en el que estudiantes y trabajadores votaban incluso para elegir al rector.

“Ahí se instaura una proporcionalidad en la que siempre se le diera mayor peso a todo lo académico sobre el resto de los estamentos. Se estableció una ponderación de 60% para los académicos, 30% para los estudiantes y 10% para los funcionarios”, explica el abogado y profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile, Rodrigo Baño.

De esa manera, el único y último de los rectores electos bajo esta fórmula fue el economista Edgardo Boeninger (DC), quien en 1971 obtuvo un 51,42% de los votos versus el 48,24% que logró el abogado Eduardo Novoa Monreal (UP). Luego, el Golpe de Estado de 1973 y la Ley General de Universidades de 1981 borraron cualquier atisbo de participación.

Con la vuelta a la democracia, la demanda por dejar atrás “los estatutos de la dictadura” cristalizó en una amplia movilización de estudiantes y académicos en 1997. La salida al conflicto que enfrentó al rector Jaime Lavados con la Fech, entonces dirigida por Rodrigo Rocco (PC), fue la creación de una comisión de Proyecto Institucional. De ese trabajo surgieron nuevas instancias que terminaron por proponer la creación del Senado Universitario.

“Para instalar ese Senado se desarrolló una intensa discusión sobre cómo entendíamos la triestamentalidad y cómo se implementaba. Ahí se definió un criterio general, que es que la participación de los académicos en las instancias de decisión es mayoritaria. Y los estamentos funcionarios y estudiantil tienen alguna participación minoritaria”, explica Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería, quien participó en ese proceso que terminó con una nueva reforma a los estatutos aprobada, también mediante un decreto, el 10 de marzo de 2006, último día del gobierno de Ricardo Lagos.

Rodrigo Baño fue uno de los primeros senadores electos y asegura que en su segundo periodo se comenzó a revivir el debate de reponer la triestamentalidad perdida en la dictadura. “Ahí, a iniciativa de varios senadores, se nombra en enero de 2012 una comisión para estudiar y proponer un cambio al estatuto”, de la cual el mismo Baño quedó como presidente. Por ello, se le llamó “Comisión Baño”. Entre decenas de otros miembros, fue integrada por la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) y por el exvicepresidente de la Fech Sebastián Aylwin (FA).

Tras dos años de intensos debates, comisiones y discusión en el plenario, el 14 de julio de 2014 el Senado de la Universidad de Chile aprobó con 19 votos a favor y nueve abstenciones reformar otra vez los estatutos. Entre otros aspectos, se repuso la votación de estudiantes y trabajadores en los Consejos de Facultad, pero, también, al estilo de 1971, en la elección de autoridades unipersonales de la universidad, como el rector.

Para materializar los cambios, Ennio Vivaldi, recién electo rector el mismo 2014, debía emitir en 15 días un decreto para iniciar un proceso que llevaría a un referéndum al interior de la casa de estudios. Pero nada de ello ocurrió.

Las reformas fantasma

En la sesión del Senado Universitario del pasado jueves, las recriminaciones por la inactividad en la que quedó la “reforma fantasma” de 2014 y la decisión de revivirla parcialmente casi 10 años más tarde volvieron a surgir.

“Es un procedimiento que estaba, al menos, en un decaimiento administrativo. Después de más de ocho años no puedes revivir un acuerdo”, reclamó la senadora y abogada Gladys Camacho. A lo que los abogados presentes, que respaldaban la tesis de que la rectoría ha actuado en regla, respondieron que “esa tesis fue planteada en un reclamo a la Contraloría y fue desestimada. Se ratificó que esos acuerdos existían y no habían sido revocados”.

Por ello, tras un intento fallido más en 2018, no fue hasta el 25 de agosto de 2022, ya con Rosa Devés como rectora, que se aprobó con 20 votos a favor y tres en contra “remitir” a la rectoría la tramitación de una parte de las reformas que permitieran instalar la triestamentalidad en los Consejos de Facultad.

La fórmula para llegar a ello ha sido uno de los principales focos de la lucha de poder entre decanos y senadores. La Ley de Universidades Estatales -publicada en junio de 2018- establecía que en un plazo máximo de cuatro años las casas de estudio que aún mantenían estatutos aprobados en dictadura -que no era el caso de la Universidad de Chile- debían proponer al Presidente de la República la modificación de ellos.

Para materializar esos cambios de manera más expedita, en la Ley de Reajuste del Sector Público del año 2022 el Congreso delegó facultades en el Presidente para que, “mediante uno o más decretos con fuerza de ley”, realizara los ajustes necesarios. Pero también, y de manera amplia, lo facultó para que utilizara decretos “en virtud de otras propuestas de modificación remitidas por las universidades de acuerdo a sus normas estatutarias”.

La senadora Camacho, que ha sido una de las principales voces disidentes al cambio, aseguró que el trámite podría ser inconstitucional. “El problema es que la Constitución dice que las habilitaciones para dictar decretos con fuerza de ley deben ser precisas, en esa frase no hay ninguna precisión”, dijo el jueves.

Diversas fuentes consultadas por La Tercera aseguran que la oposición a las reformas se ha concentrado en las facultades de Derecho, Economía y Negocios, y en parte de las facultades de Ingeniería y Medicina. A nivel de decanos, además de Pablo Ruiz-Tagle, de Derecho, otro que habría manifestado resquemores a nivel del Consejo Universitario es el exministro y expresidente del Banco Central, José De Gregorio. Consultado por el tema, el economista declinó expresar su punto de vista.

En las discusiones internas, la falta de visto bueno de los decanos para ejecutar las reformas ha sido el segundo punto de controversia. Las normas de la universidad establecen que cualquier propuesta que modifique los llamados “Título I” y “Título II” de los estatutos, que hablan de las “Disposiciones Fundamentales” y de los “Órganos Superiores de la Universidad”, respectivamente, requiere del voto favorable de los decanos y la realización de un referéndum general.

Pero la rectora Rosa Devés ha interpretado que al ser parte del “Título III” de los estatutos, que hablan “de la Estructura Académica”, el nuevo derecho a voto de estudiantes y trabajadores en los Consejos de Facultad no requirió cumplir con esas formalidades y sólo debía ser aprobado por el Senado Universitario y el Presidente de la República.

La batalla del quórum

Con el decreto del Presidente Boric de diciembre de 2023 quedó consagrada la triestamentalidad en los Consejos de Facultad. Pero los detalles, como los porcentajes de representación para cada estamento y si debe existir o no un quórum mínimo en las votaciones para elegir a los representantes electos, tanto de académicos, estudiantes y trabajadores, quedaron pendientes.

Por ello, en las sesiones de mayo del Senado Universitario se sometió a voto la propuesta de la rectora Rosa Devés: que los académicos se quedaran con tres quintos de los representantes al interior de los consejos, lo que fue rechazado. En cambio, se aprobó la proporción de 75% para académicos, 12,5% para estudiantes y 12,5% para trabajadores.

Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería, asegura que, pese a ello, la proporción es adecuada. “En mi opinión tiene una característica que me parece importante, que tiende a reflejar, aproximadamente, la composición que tiene el Senado. Eso es muy importante, porque no estamos discutiendo una reconfiguración de lo que es la triestamentalidad, estamos replicando aproximadamente lo mismo que se definió mucho tiempo atrás”, sostiene.

Para otros, como el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, la reforma contiene el peligro de que “grupos de interés pretenden capturar las universidades a su beneficio y transformarlas en una escuela de agitación y propaganda”.

Ruiz-Tagle ha sido secundado en las críticas por otros académicos, como el premio nacional de Ciencias Sergio Lavanderos y el profesor de la Facultad de Ingeniería Leonardo Basso, quien advirtió que esto sería sólo un primer paso de sectores que buscan ejecutar completamente las reformas aprobadas en 2014, incluyendo la elección triestamental del rector.

El punto siguiente de la discusión será determinar si se exigirá o no una cantidad mínima de votos para dar legitimidad a la elección de los representantes que serán parte de los Consejos de Facultad. En un escenario en donde el año pasado la Fech no pudo elegir directiva por no alcanzar ni el 10% de participación, la propuesta inicial de rectoría es que no se establezcan quórum mínimos.

Diversos decanos, entre ellos Francisco Martínez, han levantado la voz de alerta sobre este punto. “Yo propongo un quórum en torno al 30%. Si tiene que ser 30%, 40% o 27%, ya lo dirá el Senado, ya lo discutirá. Si uno investiga, 30% aparece como un estándar bastante común, es un valor que no es una novedad”, explica.

“Lo que sí es que puede ser difícil de cumplirse y me preocupa cómo se resuelve cuando no se cumple”, complementa Martínez, quien cree que en ese escenario los nuevos cargos deben dejarse vacantes hasta lograr el quórum. “La solución no es ir bajándolos, no me parece que así se logre el valor de la representación. Hace factible la participación, pero se pierde el valor de la representación”, concluye.