La escena con la que se encontró Orietta Venturini Arenas al ingresar al departamento de su única hija, Orietta Denise Eludwig Venturini, fue siniestra. Horas antes, después de la noche de Halloween de 1995, la mujer había llamado a su hija -a quien sus amigos conocían como “la gringa”- para recordarle que se juntarían a almorzar. Al no tener respuesta decidió ir al departamento ubicado en el condominio Los Viñedos de Vespucio, en Macul.

Al entrar al inmueble se encontró con el cuerpo de la joven de 39 años tendido en el piso de la cocina, ensangrentado, con las manos atadas y con un paño negro en la boca. En una de las habitaciones estaba su nieta de dos meses, sana y salva. “Tuve la experiencia impresionante de encontrar el cuerpo marchitado y sin vida de mi hija al entrar a su departamento”, dice la querella que en aquella época interpuso la familia por el delito de homicidio.

La acción penal aportó otro dato revelador: la madre señaló que la lactante había sido mudada y que le habían dado agua con orégano, lo que despertó las sospechas de que pudo ser algún conocido de ella. No había registro de que hubiesen forzado la puerta de la entrada y los guardias del condominio afirmaron no ver nada extraño.

El crimen se enmarcaba como un caso que terminó sin responsables, pese a que la familia sospechó de su expareja, el padre de su hija y a quien había conocido justo un año antes, en la Noche de Brujas de 1994, en un bar. Desde ese entorno acusaron -en una crítica que mantienen hasta ahora- que la investigación tuvo “errores”, apuntando a un defectuoso trabajo en el sitio del suceso, donde no se tomó toda la evidencia.

Esa crítica se suele repetir en la mayoría de los crímenes que, pese a extensas indagatorias y cientos de diligencias, terminan sin responsables: sitios del suceso mal trabajados, pérdida de evidencia e investigadores sin oficio.

Una lista negra

La violenta muerte de Orietta Eludwig engrosa una lista negra de casos sin resolver en Chile. Varios de ellos ocurridos antes de la reforma procesal penal, donde los jueces del crimen se encargaban de investigar y condenar.

Es el caso, por ejemplo, de la paramédica Marta Agüero (62), quien fue encontrada sin vida el 30 de octubre de 2000, a las siete de la mañana, al interior del Hospital de Talcahuano, con 30 puñaladas. Se encontraba haciendo el turno de noche en el banco de sangre del recinto y el cuerpo fue hallado por sus compañeros de trabajo.

Las principales sospechas recayeron en las compañeras de trabajo de la víctima, al descubrir que manejaban una especie de fondo de préstamos con intereses. El juez del crimen de Talcahuano, Eduardo Carrasco, investigó el caso procesando a cuatro compañeras, que terminaron en libertad. Quienes conocieron del caso critican la labor de quienes tuvieron a su cargo la investigación, que en la región es recordado como un misterio sin resolver.

Sin ir tan atrás, la ciudad de Temuco en 2014 fue escenario de un puzle policial que sigue abierto. La joven sicóloga estadounidense Erica Hagan (22), quien llegó a Chile con la finalidad de realizar clases de inglés en el Colegio Bautista, fue encontrada sin vida el 6 de septiembre al interior de la tina en su departamento. El o los autores del crimen quemaron en la chimenea un iPhone, un iPod y otros elementos tecnológicos. Fuentes que saben de la causa comentan que es de esos casos que tuvieron “contaminación” en el sitio del suceso, lo que llevó a que terminara en nada.

En un tercer intento del Ministerio Público, presionado por la madre de la joven desde Estados Unidos, el fiscal nacional Ángel Valencia pasó la causa al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para que busque pistas no repasadas en su minuto. Esto, pese a que los delitos pueden ya estar prescritos tras 12 años del hecho. Hace unos meses, desde esa Fiscalía señalaron que tomaron nuevas declaraciones que podrían arrojar alguna luz.

Un punto que complica las investigaciones más longevas, dicen quienes conocen del sistema, es la determinación de huella genética en Chile, que si bien comenzó en la década de los 90, tuvo su desarrollo varios años después. De hecho, el Registro Nacional de ADN Codis se inició en 2008, por ende, todos los homicidios y violaciones cometidos con fecha anterior no se encuentran catalogados. Esa falta de medios probatorios dificultó el esclarecimiento de los casos previos.

El misterio de Matute Johns

La muerte de Jorge Matute Johns es probablemente el caso más emblemático de las muertes que terminaron sin respuesta. En 2018, la jueza Carola Rivas, hoy ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, cerró la investigación bajo la hipótesis de que Matute Johns murió por una sobredosis de pentobarbital en una fiesta de carácter sexual. No hubo responsables.

Pero ese término en la causa no es compartido por el prefecto (R) de la PDI Héctor Arenas, quien investigó la causa con dedicación exclusiva por cuatro años. Para Arenas, Matute murió producto de una golpiza de un grupo de jóvenes que asistió a La Cucaracha.

A pesar de que evita hablar del caso, en parte por el interés que resurgió por una serie de Netflix, dice que el caso sí fue resuelto. Otra cosa, afirma, es lo que la jueza haya considerado o no.

“Todos los análisis posteriores descontextualizaron el hecho, porque hay que tomarlo en consideración de la época en que ocurrió. Si me pongo a analizar en 2006 algo que ocurrió en 1999 le incorporo una visión actual, no de la época”, dice Arenas en diálogo con La Tercera.

Pese a que señala que no quiere hablar del caso, “porque es darle más tema a la serie”, se mantiene firme en su hipótesis. Según sostiene, en todas sus investigaciones utilizó la teoría epistemológica del falsacionismo del filósofo austríaco Karl Popper: buscar bajo todos los medios derribar su hipótesis. Si esta sobrevive, esa es probablemente la correcta. La misma estructura de pensamiento que usó en esta investigación.

¿Por qué fallan las investigaciones?

El exfiscal Luis Toledo, hoy director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, dice que son múltiples los factores que pueden confluir para que una investigación falle. “Autores que planifican, armas desechables, vehículos robados, muchas veces teléfonos ajenos, métodos propios del sicariato. Pero también por fallas propias de la investigación, como un sitio de suceso mal trabajado, contaminación de evidencia, levantamiento tardío de cámaras, deficiente coordinación entre las policías”, enumera el expersecutor.

Toledo dice que la clave para resolver un caso está en las primeras horas: “El primer momento está más lleno de evidencia y de posibilidad de encontrar muestras o rastros del delito”. En ese sentido, destaca el trabajo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH), que debutó en 2023, porque justamente tiene la misión de llevar fiscales a los sitios del suceso, lo que no siempre ocurría en hechos de otra índole.

El prefecto Héctor Arenas, hoy dedicado a su afición a la pintura, dice que el concepto de “crimen perfecto” no es un término ni policial ni jurídico, sino que procede “del mundo literario, utilizado generalmente para describir la situación hipotética de un crimen perpetrado con tal grado de planificación que no permite establecer responsables”.

El exdetective, quien se considera un investigador nato y quien afirma que “la escena del crimen” era su hábitat natural, coincide en que son varios los factores que entorpecen el resultado de una investigación. “Generalmente, las personas cuando analizan un hecho que ocurrió con anterioridad sobrecargan de información posevento. Y no escapan ni los perioidistas, policías, ni personas que están implicadas, como testigos. Todo lo que tratan de contextualizar termina descontextualizando el caso, porque se agrega información reciente”, explica.

Por su lado, el profesor de Psicología de la Universidad de los Andes Pablo Urrutia aborda otro punto que termina repercutiendo en estos casos: la falta de reconocimiento de quienes son los culpables. “Va de la mano con un concepto que usaba el psicólogo Albert Bandura, que es la desconexión moral. Son mecanismos mediante los cuales las personas pueden cometer actos dañinos sin experimentar plenamente la culpa que normalmente inhibiría esa conducta. Hace que las personas reinterpreten el hecho”, afirma Urrutia.

“Hay personas que usan mecanismos de defensa, como la minimización o la racionalización para justificar lo que hicieron”, agrega el psicólogo.

Toledo se refiere a una suerte de mito urbano en materia policial y que se refiere a la competencia que se produce entre la PDI y Carabineros por llegar primero a la verdad en un crimen. “Hasta cuando yo fui fiscal, efectivamente, ocurría. Yo estimo que los celos policiales todavía siguen existiendo con informaciones fragmentadas. Y eso es bien complejo. Incluso en la propia policía, en las distintas secciones, tienen algún grado de colaboración que puede ser mejorable, por no decir deficiente”, comenta el exfiscal.

“A veces se cometen errores desde el principio en los sitios del suceso, que finalmente llegan a un resultado que no es satisfactorio. Incluso, a veces mezclar las policías, trabajando con una al principio y luego pasar la investigación a otro también es un error”, remata Toledo.

Arenas cierra con una reflexión: “Hay casos que se resuelven y otros que se resuelven y quedan en la duda”.