Crecer y resguardar la responsabilidad fiscal no son objetivos opuestos, pero compatibilizarlos exige especial rigor. Las finanzas públicas se han deteriorado, con déficits estructurales reiterados, holguras acotadas y una deuda que requiere una trayectoria sostenible. Por eso, toda iniciativa legislativa con efectos relevantes sobre las cuentas públicas debe analizarse también por su consistencia con una senda responsable de ingresos, gastos y endeudamiento.

El reciente análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional se inscribe precisamente en ese mandato: contribuir, como organismo técnico, autónomo y consultivo, al manejo responsable de la política fiscal. Su rol no es vinculante, pero sí claro: elevar la calidad del debate, advertir riesgos y aportar antecedentes para mejores decisiones, sin reemplazar las definiciones que corresponden al Ejecutivo y al Congreso.

La iniciativa pone el crecimiento económico como eje central. Ello es coherente con una preocupación que el Consejo ha sostenido desde sus orígenes: fortalecer el crecimiento tendencial es condición necesaria tanto para mejorar la sostenibilidad fiscal, como para generar más oportunidades. Una economía que crece más permite financiar mejor las prioridades sociales, evitar retrocesos y facilitar una convergencia ordenada hacia balances estructurales sostenibles.

En esa línea, el Consejo valoró los objetivos de promover la inversión, dinamizar la actividad y avanzar en eficiencia del gasto. Estos son relevantes en un contexto en que Chile requiere recuperar crecimiento y enfrenta restricciones presupuestarias significativas. A la vez, el CFA ha reiterado que avanzar hacia un balance estructural equilibrado exige combinar mayor crecimiento tendencial, ingresos permanentes, eficiencia y ajustes del gasto, y menor evasión y elusión.

Pero valorar la orientación procrecimiento del proyecto no implica desconocer sus riesgos para las cuentas públicas. La sostenibilidad fiscal tiene valor en sí misma: resguarda la solvencia del Estado, la credibilidad de la política económica y la capacidad de financiar prioridades públicas en el tiempo. Por ello, todo proyecto con efectos fiscales relevantes debe evaluarse con prudencia, especialmente en el contexto actual.

Adicionalmente, la sostenibilidad fiscal también incide en la efectividad de la propia agenda de crecimiento. Si las medidas no son consistentes con una trayectoria responsable, o si éstas no son creíbles, pueden quedar expuestas a una eventual reversión o ver atenuados sus efectos por un aumento del riesgo asociado a la deuda del país y, con ello, del costo de financiamiento para el Estado, las empresas y las familias.

Más allá de los riesgos específicos de algunas medidas, el principal desafío identificado por el CFA es el desajuste agregado entre los costos y beneficios del proyecto para las cuentas públicas. Varias disposiciones implican menores ingresos o mayores gastos desde los primeros años, mientras que la recaudación asociada a un mayor crecimiento se materializaría gradualmente y con incertidumbre respecto de su magnitud y oportunidad.

De acuerdo con el informe financiero de la Dipres, el proyecto tendría un impacto neto negativo durante el período de planificación financiera hasta 2030, incluso considerando los efectos del mayor crecimiento. Por ello, su financiamiento exige prudencia y una identificación clara de fuentes permanentes, para evitar un deterioro adicional de las cuentas públicas.

Medidas tributarias, incentivos a la inversión o simplificación regulatoria pueden incidir favorablemente sobre la actividad. Pero también pueden tener efectos más acotados o materializarse con rezagos, sin traducirse oportunamente en mayores ingresos para el Estado. En un contexto de estrechez, los ingresos futuros e inciertos no debieran sustituir, sin resguardos, a fuentes permanentes de financiamiento.

Las advertencias del CFA no constituyen un juicio de mérito sobre la conveniencia del proyecto, sino un conjunto de consideraciones técnicas orientadas a mejorarlo en su dimensión fiscal. Es tarea ahora del Ejecutivo y del Congreso perfeccionar el proyecto, mitigar riesgos fiscales, robustecer sus fuentes de financiamiento y construir acuerdos amplios.

Compatibilizar crecimiento y responsabilidad fiscal no es sencillo, pero sí es posible y, más aún, indispensable.