Nada ha cambiado significativamente. En seguridad, el gobierno del Presidente Kast ha sido discreto en logros y no ha utilizado las herramientas político-comunicacionales que se esperaban. Llegó con la idea de la emergencia, donde incluso se podrían usar militares para aumentar la sensación de control y la presencia del Estado en zonas de alta peligrosidad. Pero más allá del inicio de la zanja en la frontera y algunos operativos policiales, la agenda de alto impacto ha estado más bien ausente. Es verdad que el ministerio ha tenido que retirar algunas comunicaciones en redes sociales que parecían panfletos más que componentes de una estrategia. Pero todo parece indicar que la inexperiencia explica este tipo de errores.

En este marco, podría sorprender que la última encuesta Cadem mostró que la percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos dos meses, cayó significativamente a 47% (28 puntos menos que en agosto de 2024), la cifra más baja desde 2014. En el mismo periodo, la idea de que la delincuencia es más violenta cayó 30 puntos, alcanzando al 59% de la población.

La caída en la percepción requiere ser analizada con más detalle. Pero parte importante de la ansiedad ciudadana se vincula con la hiperpresencia de la temática en el debate político. Sería injusto reducir la constante comunicación del gobierno anterior a una decisión propia. Esa estrategia fue, en buena medida, una reacción: la oposición de entonces, mucho más estructurada y disciplinada en torno a la seguridad, interpelaba a diario al oficialismo y forzaba a ministros y subsecretarios a responder caso por caso. La seguridad ocupó la primera plana durante meses, no porque el gobierno necesariamente lo quisiera, sino porque el sistema político se realimentaba en torno a ella. Cada conferencia de prensa convertía un caso en síntoma, y cada síntoma, en crisis nacional.

Lo notable de estos dos primeros meses de Kast es la imagen contraria. No solo el oficialismo bajó la temperatura: la oposición ha estado prácticamente ausente del debate de seguridad. La situación económica se ganó el espacio político, comunicacional y ciudadano. Y los indicadores de percepción comenzaron a moverse en una dirección que ni la gestión actual, escasa en logros visibles, ni la situación delictual real explican por sí solas. La hipótesis es inevitable: parte de lo que llamábamos “problema de seguridad” podría ser también un problema de saturación política.

El temor no es reflejo automático de las tasas de victimización. La investigación comparada en América Latina muestra que las actitudes punitivas y la percepción de inseguridad responden a múltiples factores: confianza en las instituciones, exposición mediática, sensación de impunidad, calidad del espacio público y —no menor— la decisión de la élite política de cargar o aliviar la agenda. En todos los países, los cronogramas electorales se tornan, además, en momentos de mayor concentración de los diagnósticos

Si Chile asume el temor como problema social en sí mismo, la agenda cambia. Hay que restaurar la sensación y la comunicación sobre el funcionamiento del sistema —fiscalías que comunican resultados, juzgados que resuelven en plazos razonables, municipios que recuperan barrios— y, en paralelo, asumir que el delito no es un recurso retórico inocuo. Cuando oficialismo y oposición lo usan como combustible diario, producen un público alarmado que termina exigiendo respuestas más duras y, casi siempre, menos eficaces.

Kast tiene, sin proponérselo del todo, una oportunidad poco frecuente. La caída en la percepción no es mérito directo de su gestión, pero el desplazamiento del debate hacia lo económico permite desinflar un clima de alarma que se había vuelto rutinario, oportunidad que podría consolidarse con políticas públicas serias, con comunicación eficaz, con objetivos de largo plazo. Con una perspectiva de Estado concentrada en los logros y alejada del debate político electoralista, ahí está la verdadera tarea de la gestión de seguridad del gobierno.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.