Esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que busca facilitar la creación de establecimientos educacionales. Se trata de una iniciativa necesaria y positiva, que debe seguir avanzando, pero que aún resulta insuficiente para generar un impacto real en el sistema.

La Ley de Inclusión, publicada en 2015, generó una serie de efectos negativos, especialmente en la educación particular subvencionada. La excesiva carga burocrática derivada de su implementación implicó que parte de las subvenciones debieran destinarse al cumplimiento de nuevas exigencias. El cambio de personalidad jurídica de los sostenedores y la obligación de adquirir la propiedad del inmueble supusieron altos costos que solo un porcentaje muy menor pudo asumir, lo que llevó a postergar esta exigencia en más de una ocasión. A ello se suma que la obligación el requisito de acreditar la existencia de una demanda insatisfecha para recibir subvención por primera vez obstaculizó la creación de nuevos colegios, petrificando el sistema al restringir la creación de más oferta.

Los datos permiten observar las consecuencias de esta regulación. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, la cantidad de sostenedores activos de establecimientos particulares subvencionados muestra una disminución de 8% desde 2016, mientras que en los establecimientos particulares pagados se observa un aumento de 21%. En la misma línea, los particulares subvencionados en funcionamiento se redujeron en 8,2%, mientras que los particulares pagados incrementaron en 68,6%. Las cifras hablan por sí solas.

La discusión en el Congreso abre una oportunidad para mejorar el proyecto. El deber de demostrar una demanda insatisfecha, en los términos propuestos, mantiene un proceso centralizado en el Estado, que tendrá que definir las zonas con demanda potencial. En aquellos territorios donde no se abra convocatoria, el sostenedor podrá presentar una solicitud acompañada de determinados antecedentes. Esto supone una carga relevante, pues los obliga a salir de su ámbito propio para acreditar una eventual demanda mediante distintos instrumentos.

Con todo, y más grave aún, ninguna de estas exigencias se vincula con la existencia de vacantes de calidad. Así, no pueden crearse nuevos establecimientos por el solo hecho de existir oferta educativa, sin considerar que esta puede ser deficiente. En este contexto, las preferencias de las familias también son elocuentes: 7 de cada 10 primeras preferencias se dirigen a establecimientos particulares subvencionados, que, al mismo tiempo, concentran mayores niveles de sobredemanda si se compara por tipo de dependencia y que hoy son los más restringidos por la Ley de Inclusión.

Aun con aspectos por mejorar, se trata de una iniciativa valiosa y esperada, que vuelve a instalar en el debate elementos fundamentales para que el sistema educativo recupere su dinamismo. Para avanzar en esa dirección, resulta clave corregir el criterio de demanda insatisfecha incorporando la variable de calidad, generar incentivos adecuados y mejorar la información disponible del sistema -por ejemplo, respecto de los resultados del proceso de admisión-, de modo de recoger adecuadamente las preferencias de las familias.

Por Constanza Lara, Directora Legal de Acción Educar