Una de las metas que la campaña presidencial de José Antonio Kast anunció de manera reiterada, y que se ha mantenido vigente ya estando en el gobierno, desde el 11 de marzo, era la necesidad de llegar a un balance estructural al 2030.

La última vez fue el 7 de abril, en una presentación en un seminario organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmaba que llegar a un balance fiscal al 2030 estaba dentro de sus metas como de jefe de las finanzas públicas.

“Todas las administraciones de los últimos 16 años se han propuesto metas fiscales deficitarias”, dijo en alusión a sus antecesores y, por lo mismo, recalcó que “no es de extrañarse que en 16 de los últimos 18 años Chile ha tenido déficit estructural”.

Pero esta semana, específicamente el jueves, el propio ministro de Hacienda matizó por primera vez esa meta, abriendo la puerta a revisarla y eventualmente no llegar a un balance fiscal estructural en 2030.

“Todavía no dictamos el decreto fiscal. Lo vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”, respondió el titular de las finanzas públicas al ser consultado por Pulso en una conferencia de prensa.

El decreto fiscal es un instrumento oficial emitido por el Ministerio de Hacienda que establece las metas de balance estructural y los compromisos de gasto público para una administración. Basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, define el marco para gestionar la deuda y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Tiene un plazo de 90 días para ser publicado desde el momento en que asume el gobierno, el que se cumple el 9 de junio del 2026, e incluirá hasta el último año en que los gobiernos deben elaborar la Ley de Presupuestos, en este caso, el erario de 2030.

De acuerdo a quienes conocen el proceso interno de la elaboración de la trayectoria que se presentará en el decreto, el gobierno analiza distintos escenarios, siendo el primero el lograr la meta de balance estructural. Sin embargo, las cifras no han acompañado esa intención: en el primer trimestre los ingresos crecieron solo 0,9%, impulsados principalmente por la minería.

De acuerdo al informe de ejecución fiscal del primer trimestre, mientras la minería privada mantiene un elevado dinamismo -impulsada por el precio del cobre-, la recaudación del resto de los contribuyentes continúa rezagada. En particular, la recaudación de IVA prácticamente no creció en el trimestre, en línea con el menor dinamismo de la actividad comercial y mayores devoluciones.

Por su parte, el gasto presupuestario en marzo creció 5,1% real anual, acumulado en lo que va del año n incremento de 0,7% real. Este resultado se explicó por el aumento e 6,9% del gasto corriente (gasto que afecta el patrimonio neto), lo que fue parcialmente compensado con la caída de 5,7% del gasto de capital.

Todo esto está generando un reacomodo en el escenario base que tenía el gobierno para su trayectoria fiscal. Y a ello se suma que la megarreforma que se tramita en el Congreso -que fue aprobada en la comisión de Hacienda de la Cámara esta semana, con votos del oficialismo-, genera muchas dudas entre los expertos por su sostenibilidad fiscal, ya que proyecta cifras deficitarias todo este gobierno.

Si bien quienes siguen de cerca ese trabajo dicen que todavía no hay una trayectoria definida, sí se está simulando distintos escenarios con supuestos a considerar.

Desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, el 14 de agosto del 2024, el decreto fiscal de cada gobierno debe mostrar la trayectoria del déficit fiscal año a año, lo que hace aún hace más complejo calibrarlo.

El mercado esperaba una señal en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, el que debía ser presentado el martes 12 de mayo. Sin embargo, el gobierno decidió postergarlo para el miércoles 20 de mayo. Pulso consultó a Hacienda las razones del cambio de fecha, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

En este informe el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé de ingresos, gastos y balance fiscal, lo que permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto.

Una de las razones que puede explicar esta modificación, según los analistas, es que Hacienda quiere presentar este informe lo más cercano a la fecha de la presentación del decreto fiscal, pero otros plantean que la postergación se debe a que el escenario fiscal es peor de lo prevista, principalmente por los menores ingresos pronosticados para este año en relación a la proyección que hizo el gobierno anterior en el Presupuesto 2026.

Uno de los focos de preocupación en Teatinos 120 son los supuestos de lo que se recaudará por la Ley de Cumplimiento Tributario, que se incluyeron en las proyecciones del erario fiscal y que desde un comienzo fueron calificados como optimistas. Si nuevamente se parte de una sobrestimación de ingresos, cumplir con una reducción del déficit fiscal se hace más complejo.

La última proyección que entregó Hacienda del gobierno de Gabriel Boric era un déficit estructural de 2,7% del PIB en 2026. Sin embargo, dado que el cierre del año 2025 fue peor al esperado (-3,6% del PIB), el escenario probable es que el déficit previsto para este año esté más cerca de 3% del PIB.

En una presentación ante la comisión de Hacienda de la Cámara, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, lo expuso así: “En la práctica, el pasar del -2,7% del PIB proyectado en el informe del cuarto trimestre del 2025, llegar a balance fiscal implica cerrar una brecha de más de US$ 8.600 millones para 2030. Sumando esta brecha con el déficit adicional generado por la reforma tributaria, se requerirían US$ 10.000 millones de menores gastos, mayores ingresos estructurales o una combinación de ambos, para cumplir la meta fiscal”.

La nueva meta posible: -1%

Con todo ello, los analistas creen que un déficit fiscal estructural en torno a 1% del PIB hacia 2030 sería una buena meta.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, afirma que “llegar al balance estructural al año 2030 es una meta muy exigente y que hoy día se ve inviable. Los costos que tiene la transición de la reforma que se tramita llevaría a un ajuste de gasto mucho más fuerte para poder financiar esa transición y poder alcanzar el balance estructural al final del 2030”.

En ese sentido, para Rojas, “lo importante es fijar una ruta de disminución del déficit estructural creíble y llegar al 2030 con un balance entre -1,5% o -1% del PIB es lo recomendable”.

Visión similar entrega la exdiretora de Presupuestos, Cristina Torres, quien considera un buen objetivo llegar a -1% del PIB, ya que a su juicio “no se puede fijar una meta y luego no cumplirla”.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, indica que “lo que es estrictamente necesario es mantener un objetivo de reducir el déficit estructural año a año, pero probablemente llegar a una meta de 0% partiendo de un déficit de 3,6% del PIB y sumándole una reforma tributaria que en el corto plazo genera un déficit de financiamiento, resulta excesivamente exigente”. Por ello, para Cifuentes “lo recomendable es que este gobierno se fije una (meta) de ir reduciéndolo y terminar el período en torno a 1% del PIB de déficit, con una trayectoria año a año que sea creíble y se cumpla”.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, lo explica así: “Si partimos de las recientes proyecciones del FMI para este año, el punto de partida fiscal es mucho más exigente: el déficit fiscal estructural se ubicaría en 3,8% del PIB y no en 2,6%, lo que evidencia otro error grueso de proyección de la administración anterior”. Por ello, estima que “descontando medidas de gasto que está aplicando el ejecutivo de 0,5% del PIB, el balance estructural alcanzaría en 2026 a -3,2% del PIB”.

Ahora bien, Acevedo añade que “si el gasto creciera un punto porcentual por debajo del PIB, le aportaría 1% del PIB a la consolidación fiscal al 2030, con lo cual, el balance estructural llegaría a -1,6% del PIB para 2030”.

Otro antecedente suma el economista Alejandro Fernández, quien afirma que el “postergar la convergencia fiscal al equilibrio presupuestario pone en peligro el límite de 45% del PIB para la deuda bruta, lo que puede afectar adicionalmente la credibilidad de las cuentas fiscales y traducirse en rebajas en la clasificación de riesgo del país”.

En este punto, los economistas coinciden en que la reducción del déficit debe considerar no superar “por ningún motivo” la meta de deuda del 45% del PIB.