Pasadas las 13:30 de este lunes el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del plan de acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, en una actividad donde lo acompañaron los ministros de Agricultura, Ignacia Fernández; del Interior, Álvaro Elizalde; el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

El lanzamiento se dio menos de dos meses después del abrupto cambio en la cabeza de la cartera, luego de que Esteban Valenzuela dejara el cargo el pasado 20 de agosto luego de que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), decidiera marginarse de la lista única oficialista de cara a las elecciones parlamentarias, lo que generó molestia en La Moneda. El exministro cuestionó públicamente los motivos de su salida y sostuvo que había defendido internamente la unidad del bloque, aunque reconoció que detrás de su remoción hubo “una racionalidad política que no comparto, pero existe”.

Junto a su salida se terminó de dejar bajo la mesa uno de los anuncios que el Ministerio de Agricultura había anunciado como gran elemento para hacerles frente a los incendios forestales intencionales, y que prometía reforzar la prevención de estos siniestros. Se trata del registro nacional de pirómanos, una iniciativa que el exministro Valenzuela incluso prometió que tendría un proyecto de ley durante el primer semestre de 2025.

La idea surgió tras los incendios del 2 de febrero de 2024 que arrasaron con sectores de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, y en los que se descubrió la participación de exbomberos y exbrigadistas de Conaf en la generación de los siniestros. Fue entonces cuando Valenzuela planteó la necesidad de crear un registro de personas que trabajen en la prevención o combate del fuego y que hayan sido rechazadas o sancionadas por delitos relacionados con incendios forestales, con el fin de evitar que vuelvan a ser contratadas por instituciones del rubro.

“Es necesario. Chile es demasiado frágil con su verano seco de cinco estaciones prácticamente sin una gota de agua”, dijo en enero pasado en conversación con La Tercera, ejemplificando que el listado funcionaría como el del registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. “Es parecido a lo de los pedófilos”, señaló.

La idea, en palabras del exministro, era construir una base de datos con antecedentes de quienes hubiesen sido condenados por provocar incendios o sancionados por negligencia en el manejo del fuego. El proyecto requería una ley especial y la coordinación de organismos como el Registro Civil, Bomberos y Carabineros. Desde Agricultura aseguraron que el texto estaba en elaboración y que trabajaban con la primera mitad de este año como horizonte.

Y para lograr su desarrollo, el mismo Valenzuela estuvo en conversación con parlamentarios de distintas bancadas para elaborar el proyecto. También había instruido a su equipo técnico a mirar experiencias internacionales en países como Estados Unidos y Australia, donde existen sistemas de registro para delincuentes condenados por incendios intencionales.

Pero nada de eso ocurrió.

Conocedores de la propuesta sostienen que a la fecha no existe un documento formal ni borrador avanzado de ese proyecto. Y que la idea, más bien, quedó en pañales y sin una estructura concreta.

Desde el propio ministerio ahora descartan a este medio la viabilidad de la propuesta. “Nuestro objetivo es terminar con los incendios intencionales. Por ello nuestro foco está en las medidas que han dado resultados: investigación penal efectiva, persecución de delitos de incendio, prevención territorial y coordinación con municipios y Conaf. Un registro de pirómanos exige una ley, estándares de debido proceso y resguardo de datos personales, lo que carece de viabilidad jurídica y operativa”, señalan.

La diputada Carolina Marzán (PPD) lamenta que la iniciativa no haya prosperado: “El exministro anunció el registro de pirómanos, pero nunca ingresó el proyecto en el plazo comprometido. Es lamentable, porque se trata de una medida necesaria en un país donde casi todos los incendios son provocados por acción humana”, señala.

La senadora Carmen Gloria Aravena (ind. ex-P. Republicano), integrante de la Comisión de Agricultura del Senado, afirma que la propuesta era “poco práctica y poco posible. Con esos tres requisitos copulativos no habría más de dos o tres personas oficialmente en ese registro".

Por lo mismo, agrega que la idea “habría que desarrollarla más si se quisiera hacer algo así”, pero que “está complejo como se planteó”. Aun así, considera que un registro de condenados por incendios forestales podría tener un valor preventivo real si se diseña con criterios más amplios y coordinados con el Ministerio de Justicia.

Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN), quien integró la comisión investigadora de los incendios forestales en Valparaíso, había sido uno de los primeros en pedir que la propuesta se transformara en una prioridad legislativa.

“Nosotros presentamos incluso un proyecto de ley (de incendios) y no se le dio ningún tipo de urgencia. Lo mismo ocurrió con el registro nacional de pirómanos. Son anuncios comunicacionales para salir del paso, pero después las prioridades son otras”, apunta el parlamentario.

Longton añade que un registro de este tipo es fundamental, sobre todo por la creciente intencionalidad detrás de los incendios. “Los pirómanos son delincuentes que, además, padecen enfermedades mentales y son difíciles de rehabilitar. Por eso es necesario tenerlos debidamente identificados y evitar que puedan desempeñar funciones relacionadas con la manipulación de fuego o en labores de prevención”, dice.

Como sea, desde el Ministerio de Agricultura sostienen que, pese a que el proyecto sobre el registro de piromanos no avanzó, se está trabajando en la ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado. La iniciativa busca fortalecer la prevención a través de una mejor planificación territorial y una regulación más estricta de la actividad forestal, con medidas como la creación de zonas de interfaz urbano-rural y de amortiguación, la actualización de los instrumentos de gestión forestal y nuevos incentivos a sistemas agroforestales en zonas de mayor riesgo.