La muerte de una niña por una sobredosis de morfina en el Hospital de Talca ha puesto nuevamente en el debate la mala calidad de la atención médica que entrega ese recinto de salud pública, y las fallidas medidas adoptadas para subsanarla.

Este episodio se suma a otros: en 1993 se le extirparon los genitales a un niño de tres meses, por un error en diagnóstico de sexo; en 2001, cinco recién nacidos murieron por consumir alimento contaminado; en 2005, dos lactantes fueron entregados a padres equivocados, y en 2008, un paramédico le inyectó oxígeno a una menor, situación que le causó una embolia.

A raíz de estos hechos, sumados a una serie de problemas en la gestión, en 2007 el Ministerio de Salud decidió intervenir el hospital. En ese entonces se conformó una comisión asesora que trabajó cerca de siete meses. De ella surgió una serie de medidas para mejorar el servicio. Pero lo cierto es que hechos como los descritos con anterioridad siguieron ocurriendo. Así lo demuestra el caso de la sobredosis de morfina y las 30 denuncias de supuestas negligencias ocurridas en el recinto, que actualmente investiga la Fiscalía Regional del Maule. Ahora el hospital ha vuelto a ser intervenido.

Los argumentos de los directivos del hospital para explicar esta serie de desgracias se basan, fundamentalmente, en la falta de recursos y en la precariedad de la infraestructura. El actual director ha manifestado que requiere 50 médicos adicionales, y los trabajadores sostienen que se necesitan 300 funcionarios más, incluyendo administrativos, para atender la demanda de pacientes.

Aunque estas exigencias pueden tener algún fundamento, no son admisibles como justificación para los errores cometidos. Cuando se trata del derecho a la protección de la salud de las personas, los establecimientos públicos y privados deben cumplir ciertos estándares mínimos para funcionar y prestar atención en las áreas en que está de por medio la vida de las personas.  Cabría preguntarse si se admitiría a una clínica privada como argumento la falta de recursos en casos como los señalados.

La escasez de recursos se esgrime con excesiva frecuencia para explicar deficiencias en el sistema estatal de salud. El gasto público en el sector ha crecido con fuerza desde 1990, cuando representaba el 2% del PIB y el 9,3% del gasto público total; en 2007, llegó al 3,2%, y el 14,6% respectivamente. La calidad del servicio no ha mejorado en igual medida.

Entre otros problemas, los hospitales públicos funcionan con plantas de funcionarios y remuneraciones rígidas, lo que ha dado pie a que surjan sindicatos que, en la práctica, negocian por rama y utilizan el paro como vía frecuente de presión. Además, los hospitales tampoco compiten por los recursos que perciben desde el Estado y el cuoteo político sigue teniendo un peso considerable en el nombramiento de las autoridades hospitalarias, lo que se suma a las presiones sindicales y gremiales en los nombramientos.

Parte esencial del problema radica en la escasez de personal idóneo. Además, pese a que los establecimientos hospitalarios se encuentran adscritos al sistema de postulación a la Alta Dirección Pública, el nivel de remuneraciones que se ofrece aún no ha logrado atraer a la cantidad suficiente de profesionales destacados para cumplir labores en este sector. Entre 2004 y fines de 2008, 59% de los concursos para llenar los cargos de directores de hospital y subdirectores médicos fue declarado desierto.

Es urgente evitar la repetición de casos como los mencionados. Para ello debe llevarse a la práctica la división de labores entre la autoridad ministerial, que fija  las normas, las prioridades y entrega los recursos, y la encargada de los servicios (los hospitales), para permitir que estos últimos compitan por captar fondos sobre la base de criterios de eficiencia.

Cuando la falta de recursos se convierte en la explicación para cualquier error en un servicio público, la experiencia es que ellos se vuelven a repetir, como se ha verificado en el caso del Hospital de Talca.