Una compleja discusión han sostenido en los últimos tres años las clínicas privadas y las isapres. Estas últimas quieren que los prestadores de servicios de salud informen sobre sus procedimientos médicos, eventos adversos y calidad de atención para saber si el precio que cobran -que puede tener diferencias de hasta 500% entre unas y otras- se condice con los servicios que prestan.
Al parecer, los aseguradores de salud han ganado la batalla, porque, según fuentes del gobierno, al menos cuatro clínicas -Indisa, Alemana, Dávila y Las Condes- partirían este año en la acreditación de calidad que promueve la Superintendencia de Salud y así presionarán al resto para entrar al sistema.

"Creemos que hacia 2011 todas las grandes clínicas estarán incluidas en el sistema de acreditación de la calidad", señala el intendente de Prestaciones de la Superintendencia de Salud, José Concha. Este es un proceso voluntario y, por ello, es importante que los grandes actores se sumen, para así lograr que los otros los sigan, explica.

"Tenemos un gran interés en que este proceso prospere y podamos tener un sistema de acreditación, para poder realizar una mejor gestión", señala el director general de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes. Es que las isapres podrán negociar la cobertura de planes y ponderar cuándo una clínica tiene una relación calidad/precio que amerite un convenio preferente, señala la autoridad.
Isapres y gobierno destacan que el usuario podrá acceder a información clave de la clínica, como los principales errores que se han cometido y con qué frecuencia, si tienen el personal adecuado, los equipos que poseen y si los usan bien, cómo velan para que no haya negligencias médicas, etc. En total, son 2.116 prestadores de salud privados -laboratorios, centros de diálisis, imageología y clínicas, entre otros- los que se debieran someter a la evaluación de calidad.

La acreditación se basará en una evaluación realizada por entidades acreditadoras idóneas e independientes -fiscalizadas por la Superintendencia de Salud -que deberán medir el cumplimiento de las normas con reglas establecidas por Salud desde el 19 de marzo pasado e iguales para entidades públicas como privadas. Las clínicas están estudiando dichos parámetros, para establecer mejoras y luego decir "ya, ahora evalúennos".

El sistema pide un cumplimiento de al menos 50% del estándar establecido, explica Concha, y la acreditación dura por tres años.
Luego se vuelve a medir, con fiscalizaciones continuas en ese lapso por parte de la Superintendencia de Salud. La idea es mejorar cada vez más. Los estándares irán subiendo progresivamente, señala el intendente, quien cree que en la primera evaluación el cumplimiento tope estará entre 70% y 80%.

Según el superintendente, Manuel Inostroza, las primeras acreditaciones estarán a fines de septiembre o inicios de octubre de este año.
Efecto en los planes

Este cambio, ¿hará bajar los precios que cobran las clínicas? No necesariamente, explica Inostroza.

"Cuando esté plenamente instalado y si se da el caso de que un prestador tiene igual nivel de acreditación, pero diferencias sustanciales en los precios a público, habrá incentivos para bajar los precios", afirma la autoridad.

En el mercado se anticipa que las clínicas más caras no tendrán las mejores calificaciones. "No todo lo que brilla es oro", dice el presidente de MasVida, Claudio Santander. "Creo que se darán casos de establecimientos que actualmente exhiben precios menores en sus prestaciones y que tendrán niveles de cumplimiento de estándares iguales o superiores a los de las clínicas más caras", plantea José Concha.

El dinero en juego es mucho. A juicio de la Superindencia de Salud, en 2008 se gastaron US$ 1.714 millones en pago de prestaciones en el sistema privado de salud. "Hay poca transparencia en las clínicas; uno no sabe si a los usuarios se les hacen exámenes porque se requieren o para aumentar la cuenta final del paciente", señala Hugo Campos, director de la firma de asesoría Salud Ciudadana.
"Hoy no hay incentivos para bajar los costos de la salud privada, porque el cliente está cautivo: la salud pública no ha mejorado tanto como para que la gente migre hacia ella. Por eso los costos suben y suben cada año", sostiene el director de servicios legales de Salud Ciudadana, Arturo García. Según datos de Salud, en 2008 el costo de las prestaciones subió 7,9% en las isapres.

Un aspecto que preocupa a las clínicas privadas es el registro de eventos adversos, es decir, por ejemplo, que se opere a un paciente de la dolencia de otro; que se cometan errores en la medicación; que se ponga más o menos anestesia o que ésta sea inadecuada; o que tras una operación queden al interior del enfermo compresas, tijeras u otros implementos.

"Esta es quizás la mejora mayor en términos de transparencia para los usuarios y las clínicas están muy preocupadas por darlo a conocer", dice Claudio Santander, cuyo holding también maneja la Clínica Las Lilas.

Concha le resta dramatismo. "La idea de registrar estos eventos es evitar que ocurran nuevamente y para ello se requiere instalar procedimientos preventivos: el ánimo no es punitivo", afirma. "Con la acreditación aspiramos a que los establecimientos orienten su gestión hacia la esencia de su tarea asistencial y sanitaria, lo que a la larga beneficiará a los pacientes", agrega.

LO QUE SE MEDIRA
Aspectos éticos como la dignidad del paciente, cómo se busca la calidad, la gestión clínica, si se atiende oportunamente o no, si el recurso humano es competente, si el equipamiento es seguro y moderno y si las instalaciones son las adecuadas son aspectos que se medirán a partir de ahora. Y supondrán claros cambios en cómo se atiende a los usuarios. Por ejemplo, Concha señala que las clínicas deberán velar porque en las urgencias los pediatras se laven las manos cada vez que atiendan a un niño, para así no ser un vehículo de contagio de enfermedades.

La gestión clínica, señalan en el gobierno y las isapres, es el área más importante de la evaluación. Por ejemplo, se medirá si el centro en cuestión realiza una buena evaluación para aplicar la anestesia y si el anestesista es un profesional externo -que es lo que ocurre más frecuentemente-, que se tenga claro cómo se controlará la condición del paciente después de una operación.

También se deberán fijar los criterios de ingreso y egreso a unidades de pacientes críticos, lo que derivará en mejorar la calidad de esos centros que no tienen infraestructura para patologías de alta complejidad.

Otro aspecto son los criterios para hacer una cesárea. Hoy en el sector público entre el 20% y 25% de los nacimientos son por esa vía; en el sector privado, el 50%.

En Salud prevén que estos porcentajes se homologarán cuando empiece a operar el sistema, como ha ocurrido en el mundo. Por la acreditación, los parámetros para decidir el tratamiento de cáncer deberán ser más explícitos y se exigirá una mejor identificación del paciente -sólo habrá una ficha por cada usuario-, factor clave, por ejemplo, para evitar que se cambien bebés al momento de nacer.