Columna de Ascanio Cavallo: El alma y la corte

En un pasaje de El extranjero, la fundamental novela de Albert Camus, el protagonista, Mersault, que está siendo juzgado por un homicidio, nota que tanto el fiscal como su defensor han empezado a hablar de su alma. El fiscal dice que no tiene; el defensor, que la conoce. Mersault no quiere refutarlos, en parte porque vive en una parálisis emocional. Sólo escucha con algún asombro, sabiendo que, al fin, será condenado, no por su alma, sino por el crimen.

Así son todos los juicios. En algún momento, todos los enjuiciados son Mersault. Incluso los jueces, que, las raras veces en que se ven en esa posición, pueden sentirse más asombrados que el personaje de Camus. Eso es lo que se divisa en las reacciones de los miembros objetados de la Corte Suprema (“entre uno y cinco”, según un especialista, aunque las informaciones hasta ahora sólo se refieren a tres).

La suspendida ministra Ángela Vivanco, por ejemplo, exige a la Corte y a la Fiscalía que no se revelen sus mensajes con el abogado Luis Hermosilla, ateniéndose a lo que indica la norma y probablemente sin percibir que, de momento, esa invocación empeora las cosas. Porque en esta fase de lo que se está hablando es del alma de la Corte Suprema.

El pleno de la Corte tomó la determinación más drástica al abrir un llamado “cuaderno de remoción” sobre Vivanco, sabiendo que, en el fondo de la escena, se mueve el espectro de unas acusaciones constitucionales en contra de ella y de los ministros Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, todos por motivos diferentes y no sólo por el lenguaraz celular de Hermosilla, como muchos creen. Las calculadoras que se activan en el Congreso en casos como estos ya están funcionando.

Una sola vez ha sido removido un ministro supremo por el Parlamento. Una sola vez la Corte ha removido a uno de sus miembros. Esta excepcionalidad expresa bien el dramatismo de la situación actual, el estado del alma de la Corte. Pero, en verdad, el fondo de lo que se ha estado discutiendo es algo que tendría que atormentar a la propia Corte: el modo en que la política ha terminado interfiriendo en su funcionamiento por todos sus rincones. Se ha llegado a un punto en que es difícil sostener que la Suprema sea un poder autónomo de los otros, excepto en algún vago sentido formal o fantasmal.

Todos los nombramientos judiciales pasan por una oficina del Ministerio de Justicia que se llama División Judicial. Allí se arman las carpetas de los aspirantes al acceso o al ascenso y hasta hace poco ningún abogado del foro ignoraba que una parte fundamental de esos expedientes eran las recomendaciones y los llamados de auspicio, que, cuando imperaba la minuciosidad, hasta se anotaban por orden de jerarquía.

En cuanto a los nombramientos al tribunal máximo, parten en el Presidente, que los debe proponer, y llegan al Senado, que los debe aprobar. Hay una norma no escrita para elegir en forma alternada, a uno del oficialismo y otro de la oposición, lo cual supone -les guste o no a los candidatos- que son clasificados antes de aparecer. Después, la lucha por los votos no es ningún secreto para nadie, como tampoco lo es que en más de una ocasión ciertos senadores han fijado gravosas condiciones para dar el sí o que, más simplemente, han dejado saber a los elegidos que les deben su voto. La participación del Senado en estos nombramientos fue introducida en los inicios de la transición y en esos momentos funcionó como signo de la voluntad de acuerdos de la clase política. La derecha torció ese sentido vetando el ascenso del entonces juez Milton Juica, pero más adelante hubo correctivos importantes a esa actitud inicial. La fragmentación y el transfuguismo han cambiado el panorama y no parece que ese privilegio del Senado siga teniendo sentido o que, al menos, siga dando las señales de ecuanimidad y equilibrio que tuvo hace 30 años.

No es lo único. Hay otras prácticas nocivas que se derivan del tutelaje del poder político y de la necesidad de los jueces de protegerse de sus propios superiores, a quienes perciben sometidos a presiones externas que difícilmente pueden dominar.

Ni hablar de los nombramientos de conservadores y notarios, que han sido materia de reproches por años de años. En estos casos, incluso esas quejas son menos importantes que el hecho de que estas oficinas son fuentes de empleos para familiares, amigos y relacionados con distintas esferas de la magistratura. Lo que el Parlamento pueda tener de endogámico lo multiplican por 10 estos dispositivos de apoyo al Poder Judicial. Y la Fiscalía y la Defensoría, ¿pueden ser inmunes a semejante ambiente?

Los tribunales han perdido la confianza ciudadana y están en un nivel de aprobación que se acerca al del Congreso y los partidos políticos. Esta noticia es más mala para el país que todas las anteriores. Lo que está sucediendo encontró un cauce aluvional en el caso Hermosilla, pero el estado de las cosas sugiere que se habría desbordado por cualquier otra vía.

Si uno o más de los jueces de la Corte Suprema resultan destituidos -hay una sala entera, la Tercera, en serio riesgo, igual como sucedió en 1993-, correspondería entender que se ha encendido la mecha para iniciar una reforma profunda al Poder Judicial, aunque exceda lo que queda del actual gobierno e incluso del período completo de la administración siguiente. Importa menos cuánto demore que la decisión de emprenderla. La mayoría de los supremos son juristas de excelencia. No es sano ni razonable que estén en una especie de ronda de sospechosos.

¿Cuál habría de ser el corazón de esa reforma? Crear un órgano autónomo para organizar y supervigilar la carrera judicial, quitar al poder político sus poderes de intervención actuales y establecer todas las inhabilidades que sea necesario. No habrá un sistema perfecto ni inmune a todo, como no lo hay entre seres humanos. Pero el actual no da para más; necesita una reparación de su alma, para que dejemos de hablar de ella.