El manejo político y comunicacional del gobierno en el caso de la denuncia por presunta violación en contra del exsubsecretario Monsalve, ha sido un ejemplo de manual de todo lo que un gobierno no debe hacer en una situación como esta: ocultarla por consideraciones electorales hasta que es destapada por la prensa, no exigir la renuncia cuando el propio inculpado reconoce al Presidente que ha accedido de manera ilegal a medios de prueba, exponer al Mandatario en una conferencia de prensa de casi una hora sin pauta y sin un conocimiento preciso de los hechos, etc.
Ahora se hace pública una denuncia contra el propio Gabriel Boric, conocida por el gobierno hace más de dos meses, tiempo más que suficiente para haber realizado lo que no se hizo en el caso Monsalve: un diseño político y comunicacional a la altura de las circunstancias. Pero, de nuevo, no se hace: en menos de 24 horas la ministra vocera de La Moneda señala que una investigación judicial reservada, y que tiene al Presidente en calidad de imputado, fue conocida gracias a que “los equipos de gobierno” efectúan un chequeo permanente de la información que maneja la Fiscalía Nacional, sobre casos abiertos que eventualmente comprometan a altas autoridades. Agrega que ese chequeo es algo normal, “que realizan todos los gobiernos”, para concluir afirmando que la denuncia contra el Presidente no tiene fundamentos, es decir, es falsa.
Horas después tiene que salir el subsecretario Cordero a enmendar el entuerto: los antecedentes del caso no habrían sido obtenidos por los “equipos del gobierno”, algo eventualmente ilegal, sino por los propios abogados del Presidente, cuestión que tampoco es claro que sea posible. ¿De dónde sacó entonces la ministra vocera que fueron sus propios “equipos” los que accedieron a la información del caso? ¿La informaron erróneamente a ella (¿quién?), fue una mera improvisación, o una mentira consciente? ¿Desde cuándo los ministros pueden señalar públicamente que los fundamentos de una denuncia acogida a trámite por la Justicia son falsos?
La verdad es que este nuevo caso sólo ha venido a reafirmar que los equipos de gobierno, incluido los asesores más cercanos al Presidente, simplemente no están funcionando. Y que el Mandatario los mantiene en funciones no en consideración de su desempeño, sino por otras razones inexplicables. En rigor, entonces, son el propio Gabriel Boric y sus equipos quienes hoy no están cuidando a la autoridad presidencial, quizás confiando en que cerca de un 30% de la ciudadanía los apoya hagan lo que hagan. Eso es cierto, pero esa extraña realidad no puede ni debiera ser un aliciente para no resolver los graves problemas de manejo político y comunicacional que exhibe el gobierno. Entre otras cosas porque, aun con un importante respaldo ciudadano, esta situación igual daña a las instituciones, incluida la propia autoridad presidencial.
Al final del día, Gabriel Boric no puede exigir a los demás que cuiden lo que representa su investidura, si él mismo ha decidido no hacerlo.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
