En agosto la inflación anotó 0,6% mensual y llegó a 4,1% a doce meses. Es el segundo año consecutivo en que el IPC se aleja de la meta de 3%. Y sin embargo, el Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y no la mueve. Conviene entender por qué eso no es negligencia, sino exactamente lo que un banco central creíble puede hacer.

Basta mirar dentro del dato. El IPC sin volátiles subió 0,1% en el mes. Casi nada. El alza vino de donde suele venir: transporte, con el pasaje aéreo internacional disparado 32,6%; alimentos, con las papas en 17,8%; combustibles que acumulan 17,6% en el año. Son precios que suben y bajan por razones ajenas a la política monetaria. Subir la tasa para contener el precio del petróleo o de las papas sería pagar con empleo un costo que no se puede evitar.

Eso solo se puede hacer si alguien te cree. Y aquí es donde importa lo que el Banco Central construyó.

Vale la pena distinguir las dos pruebas recientes, porque no son la misma. La de 2021 fue un shock de demanda, y en buena parte fabricado en casa: retiros de ahorro previsional y transferencias masivas empujaron el gasto muy por encima de lo que la economía podía producir. La inflación llegó a 14,1%. El Banco Central subió la tasa a 11,25% y la sostuvo. Funcionó, pero con costo real en actividad y empleo, y con resabios que todavía nos persiguen: ahorro previsional destruido que alguien tendrá que reponer.

Lo notable es lo que no pasó. Con la inflación en dos dígitos, las expectativas a dos años subieron apenas a 4 o 5% y volvieron a 3%. Nadie creyó que la meta había muerto. Eso permitió después bajar la tasa 675 puntos base sin que nada se desmadrara.

El shock de hoy es distinto: es de oferta. Petróleo caro y un peso que se depreció con fuerza a comienzos de año. Y las expectativas a dos años siguen clavadas en 3%. Por eso el Banco Central puede mirar a través del shock. Ese es el activo: veinticinco años diciendo lo mismo y cumpliéndolo.

Pero un ancla no se sostiene sola, y menos con la mitad de la economía tirando en otra dirección.

El Banco Central controla la tasa. No controla la demanda que se inyecta desde el presupuesto, ni los retiros de ahorro, ni los reajustes automáticos que trasladan la inflación pasada a arriendos, créditos y contratos. Cuando esas decisiones empujan el gasto, el ancla se tensa y quien paga el ajuste es la tasa de interés. Es decir, el empleo.

Por eso la responsabilidad fiscal no es un tecnicismo contable. Es la condición material de la credibilidad monetaria. Un banco central autónomo con un fisco desordenado termina siendo autónomo solo en el papel.

Y el problema es que las medidas que desanclan suelen ser populares. Reparten hoy y cobran después. El costo aparece dos o tres años más tarde, disperso en el precio del pan, del arriendo, del crédito, y para entonces nadie lo reconoce como propio. Quien decide rara vez es quien paga. La inflación, además, es el impuesto más regresivo que existe y el único que no pasa por el Congreso: la paga completa quien tiene sueldo fijo y ningún activo con que defenderse.

Hay una segunda forma de ayudar, más barata. El Banco Central habla bien con analistas y operadores financieros, que entienden que la meta es a dos años. Habla mucho menos con quien fija salarios en una pyme o negocia un arriendo. Esa gente ve 4,1% y saca sus propias conclusiones. Explicar la meta en lenguaje simple no cuesta un peso fiscal y protege el flanco más débil del ancla.

El dato de agosto muestra un Banco Central haciendo bien su trabajo con lo que puede controlar. La pregunta pendiente es si el resto de las instituciones va a ayudarle o va a seguir cobrándole la cuenta.

Por Carlos Smith, Docente Investigador CIES UDD