Todo apunta a que el nuevo Poder Ejecutivo seguirá la lógica pendular de los extremos a partir del próximo ciclo electoral, pues las opciones con mayores probabilidades de ser electas corresponden a polos políticos. Sea por derecha, con José Antonio Kast o por izquierda, con Jeannette Jara.

De este modo, más que nunca hay que atender la institucionalidad que sostiene -en la práctica- los equilibrios entre los poderes del Estado. En cuanto al Poder Legislativo dependerá del voto ciudadano y de la confección de listas parlamentarias con sentido de responsabilidad. La Contraloría -por su parte- ha destacado por su nuevo enfoque de fiscalización cuantitativa, pero, en cuanto al Poder Judicial, la acción es urgente, porque se aproxima un cambio de piel.

Esto, en el marco de que el próximo mandatario nombrará entre seis y diez ministros de la Corte Suprema, dependiendo de si es que la administración Boric realiza o no cuatro nombramientos; los reemplazos de los destituidos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y de Juan Eduardo Fuentes Belmar y María Teresa Letelier, quienes cesan en su cargo por cumplir la máxima de 75 años.

El resto de nominaciones corresponde a reemplazos de cinco ministros nombrados por Sebastián Piñera, como son Mario Carroza, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Leopoldo Llanos y Ricardo Blanco, y uno por Michelle Bachelet; Arturo Prado, todos por el expediente de los 75 años.

Cabe mencionar que el proceso de nominación -en la que interviene el Presidente y el Senado- ha estado en entredicho, pues se ha afirmado que genera incentivos que tienden a vincular a los magistrados con el poder político, formando una economía de influencias y designaciones bajo lógicas de cuotas asignadas según las fuerzas políticas parlamentarias.

En este escenario Kast o Jara (y con menor probabilidad, pero sin descartarla, Matthei) tendrán a su cargo al menos seis nominaciones que darán un nuevo rostro a la Corte Suprema, en un escenario de aspereza legislativa en el Congreso, en el cual todo puede terminar sirviendo como arma de enfrentamiento político. Esto, con el resultado de terminar desfigurando aún más la tercera pata de la mesa sobre la que se sostiene la democracia chilena: el más alto tribunal.

Luego de dos fracasados procesos constitucionales, la discusión acerca de la reforma al sistema de nombramientos de magistrados, jueces y fiscales se ralentizó, en la práctica. Hoy se avanza en la discusión legislativa para crear un Consejo de Nombramientos Judiciales, cuyo proyecto -resumidamente- busca profesionalizar las designaciones a través de propuestas jerarquizadas por mérito de candidatos para los cargos de ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones, jueces letrados y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Dicho Consejo estaría compuesto por siete miembros –un ministro de la Corte Suprema, un ministro de las Cortes de apelaciones, dos jueces letrados del Poder Judicial, un representante designado por el Consejo de Rectores (ex decanos de Derecho) y dos abogados de amplia trayectoria designados por los dos tercios del Senado y de la Cámara, sin cupo presidencial directo.

Más allá de la estricta necesidad de debatir más respecto de este diseño -lo que se hará en el Senado-, y ver tal vez mayores mecanismos que limiten la influencia del Ejecutivo sobre el Judicial, ante la retirada – parcial- del Legislativo de la ecuación, parece urgente legislar antes de que termine el periodo de Gabriel Boric y se renueve la Cámara y la mitad del Senado, a riesgo de volver a fojas cero.

Solo ternas construidas por mérito y criterios profesionales pueden garantizar que -aunque se politice la decisión final por parte del Presidente- cualquier alternativa sea digna de un Poder Judicial independiente, profesional, ético y capaz de afrontar las crecientes y complejas nuevas demandas de justicia, en los tiempos de la sociedad digital.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.