Por Asdrúbal Oliveros, economista y consultor venezolano. Fue socio y director de Ecoanalítica, una firma de asesoría económica y financiera con sede en Caracas. Ha trabajado como consultor para organizaciones multilaterales y como profesor en la UCAB y la UCV. Y Jesús Palacios Chacín, economista y consultor. Es profesor de economía en la UCAB y en el IESA, e investigador del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Hace apenas tres semanas, el debate sobre la economía venezolana se centraba en el ritmo de crecimiento previsto para este año: 6%, 8% o 10%. La incalculable tragedia humana provocada por los dos terremotos del 24 de junio trastocó ese panorama optimista. Las preguntas clave ahora son qué desafíos podrían surgir de las nuevas y graves circunstancias y qué medidas debe tomar el país.

Antes del desastre, las proyecciones de crecimiento para 2026 rondaban el 8%, impulsadas por una mayor producción petrolera, un mayor acceso a divisas, una estabilización gradual del tipo de cambio -más lenta de lo esperado, lo que ya había reducido las expectativas a principios de año- y una recuperación del consumo privado. Desde entonces, hemos revisado a la baja nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2026, situándola en torno al 5,8%. Según esta nueva estimación, el consumo privado -uno de los motores que originalmente se esperaba que impulsaran el crecimiento este año- crecería un 4,3%, frente a la estimación anterior del 7,2%. Esto demuestra un impacto significativo en el consumo, los servicios y la logística en las regiones afectadas.

El impacto más inmediato se observa en el aumento del costo de vida. La inflación, que se proyectaba que alcanzaría el 230% anual, probablemente terminará en torno al 350%, una vez más la tasa más alta del mundo. Los terremotos añadieron diversas presiones inflacionarias a la vida de los ciudadanos y las empresas, ya agobiados por años de escasez y precios elevados. Estas presiones incluyen escasez localizada en algunas zonas, mayores costos logísticos, una mayor demanda de divisas para financiar importaciones de emergencia y un mayor gasto público que puede financiarse mediante la expansión monetaria.

El costo económico del desastre es considerable. Las estimaciones preliminares sugieren daños físicos directos por valor de 6.700 millones de dólares (según el PNUD), pero nuestro pronóstico sitúa esa cifra en torno a los 9.000 millones de dólares. Una vez incluidas las interrupciones en la actividad económica, la pérdida de producción, la interrupción de la logística y otros efectos indirectos, el costo económico total podría alcanzar aproximadamente entre 10.500 y 12.200 millones de dólares, o cerca de una décima parte de la producción nacional. Sin embargo, en nuestra opinión, la reconstrucción requerirá aún más dinero -entre 12.000 y 15.000 millones de dólares-, una cifra que supera con creces la capacidad fiscal actual del Estado y que equivale a casi el 80% de los ingresos anuales previstos del gobierno.

Si la reconstrucción avanza con una mínima coordinación, gran parte de la recuperación de la inversión nacional podría materializarse ya el próximo año. Sin embargo, es demasiado pronto para determinarlo con precisión. La velocidad y el alcance de la recuperación dependerán de la disposición del gobierno a canalizar recursos provenientes de la cooperación internacional, la inversión extranjera, el financiamiento multilateral y el sector privado local. También dependerá de la renovación de los acuerdos políticos fundamentales, que podrían permitir el surgimiento de una nueva nación de entre las ruinas.

Impacto en la industria petrolera

Los sismos tuvieron un impacto menor en la industria petrolera del país, principal fuente de divisas y una parte significativa de los ingresos fiscales. El epicentro se ubicó en el cinturón industrial y manufacturero del centro-norte de Venezuela, lejos de las principales regiones productoras de hidrocarburos (la costa oriental del lago de Maracaibo en Zulia y la Cuenca del Orinoco en Anzoátegui, Monagas y Guárico). El desglose sectorial de los daños directos lo confirma: la industria, la logística y los puertos representan solo entre el 5% y el 8% de las pérdidas materiales estimadas, muy por debajo de las viviendas y edificios (40%-45%) o la infraestructura pública (20%-25%).

Esto no significa que el sector petrolero sea inmune a las consecuencias de los terremotos, sino que los efectos podrían manifestarse en una posible competencia por divisas y margen fiscal, que ahora depende en gran medida de los ingresos petroleros, el gasto de emergencia, la reconstrucción y las necesidades básicas del Estado.

Los terremotos están ejerciendo presión sobre las finanzas públicas desde dos frentes simultáneamente: menores ingresos no petroleros y una mayor demanda de los ingresos petroleros disponibles. Según la evidencia preliminar, se trata de un efecto moderado, de índole fiscal y logística, más que de una crisis de suministro para la producción de crudo. Por esta razón, no prevemos un gran impacto en la producción de crudo, con una producción estimada para fin de año de alrededor de 1,3 millones de barriles diarios, cifra que no supera significativamente los niveles actuales. Sin embargo, este resultado sería un 20 % superior al promedio del último trimestre de 2025.

Comparaciones con otros desastres naturales

La literatura sobre desastres sísmicos ofrece una conclusión consistente: la magnitud física de un terremoto explica menos el daño económico final que la solidez institucional preexistente del país afectado.

Azotado por un terremoto de magnitud 8,8 en 2010, Chile sufrió daños equivalentes al 18% de su PIB, y se recuperó en menos de cuatro años sin sufrir una rebaja en su calificación crediticia gracias a su sólida capacidad fiscal previa y a sus instituciones técnicas en funcionamiento. Haití, golpeado en 2010 por un terremoto menos intenso (7,3) pero ya en estado de colapso, acumuló pérdidas equivalentes al 120% de su PIB y permanece atrapado en una trayectoria de la que aún no ha podido escapar por completo. El año pasado, Myanmar confirmó este patrón en un contexto político tan frágil como el de Venezuela: el Banco Mundial estima una contracción del 2,5% del PIB para el año fiscal 2025/26, con daños directos equivalentes al 14% de la producción.

Los costos estimados de recuperación de Venezuela, entre el 10% y el 11% del PIB, la sitúan en una posición intermedia: muy por debajo del extremo haitiano, pero considerablemente más grave que casos con mayores reservas fiscales y mayor penetración de seguros, como México en 2017 (0,15%-0,3% del PIB). El factor determinante no es solo la magnitud física de los daños y las políticas de prevención, sino la falta de margen fiscal y de acceso ordenado a financiamiento externo para sostener la respuesta.

Un terremoto por sí solo no determina el resultado económico. Más bien, la combinación de transparencia, coordinación y financiamiento en los próximos meses será el factor determinante final.

Construyendo nuevos puentes

Con necesidades de reconstrucción que ascienden a entre 12.000 y 15.000 millones de dólares -una cifra muy superior a la capacidad de financiamiento del sector público-, Venezuela necesitará una estrategia basada en cuatro pilares: cooperación internacional, instituciones multilaterales, inversión privada y una sociedad civil organizada.

La experiencia comparada sugiere que la calidad institucional es tan importante como la cantidad de recursos: los países con daños materiales menores, pero con instituciones débiles, tardaron más de una década en recuperar su capacidad productiva. Mientras tanto, las economías con mayores daños se reconstruyeron en pocos años gracias a la coordinación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones internacionales.

Son de suma importancia el grado de transparencia que rige el uso de los recursos, el grado de coordinación existente entre el Estado, el sector privado y la cooperación internacional, y el grado de legitimidad institucional que respalda el proceso de reconstrucción. Estos factores determinarán si Venezuela repite el patrón de una prolongada trampa o si aprovecha -mientras aún hay tiempo- la oportunidad que brindó el desastre. Ningún programa de reconstrucción de esta magnitud será sostenible sin ese respaldo.

Sin embargo, la coordinación y la transparencia en el ámbito institucional requieren un amplio consenso entre sectores de la oposición democrática y otros actores que representan las necesidades de la ciudadanía. Venezuela debe renovar sus pactos nacionales y superar las diferencias políticas. Revivir acuerdos inspirados en los Pactos de la Moncloa de España o el Pacto del Punto Fijo de Venezuela (1958) es imperativo para afrontar la emergencia sísmica.

La respuesta del país ante este momento podría ser tan importante como los miles de millones que se inviertan en la reconstrucción de carreteras, viviendas e infraestructura pública. De todas las piezas que se necesitan urgentemente en esta coyuntura, este podría ser el puente más fundamental que se debe construir en los próximos meses.