La madrugada del 2 de enero un grupo de desconocidos llegó hasta un terreno destinado al acopio de áridos en Nueva Imperial, Región de La Araucanía, e incendió dos maquinarias pesadas que trabajaban en ese lugar.

El hecho, según dio cuenta el Ministerio Público, se convirtió en el primer caso de violencia rural registrado en la Macrozona Sur durante 2026. Pero no sólo eso, sino que también pasó a encabezar el listado de los 81 casos de ese tipo que desde enero y hasta agosto pasado, en cifras de la Fiscalía Nacional, han ocurrido en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La estadística, sin embargo, corresponde a la cifra más baja de hechos violentos de los últimos años en la zona, donde rige el estado de emergencia. Según el ente persecutor, el número de casos de violencia rural en lo que va del año es 53% menor a los 171 hechos que se registraron en el mismo periodo de 2025.

La cifra consolida la tendencia a la baja de los hechos de violencia en la zona sur que inició en 2022 bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Las recientes estadísticas a las que accedió La Tercera, además, confirman que la disminución de los casos, incluso, se aceleró. Lo anterior, dado que desde 2024 a 2025 los incidentes cayeron 25%, pasando de 227 a 171. Es decir, ahora la disminución se duplicó.

Algo que grafica la tendencia a la baja, según el análisis realizado por este medio, ocurre en los promedios mensuales de casos. En 2024 se registraban -en promedio- 28,3 casos mensuales. En 2025 esa cifra bajó a 21,3 hechos mensuales y en lo que va de 2026, la estadística asciende a 10,1 episodios de violencia cada 30 días.

Ana María Morales, gerenta de la división de Estudios de la Fiscalía Nacional, sostiene que “la lectura general es de una disminución importante, sostenida y que se profundiza durante 2026. No parece tratarse únicamente de una baja en una categoría específica, sino de un descenso que se observa tanto en casos como en delitos”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, por su parte, destaca que en la Macrozona Sur “durante demasiados años el terrorismo avanzó porque el Estado retrocedió. Hoy queremos exactamente lo contrario, el Estado volvió a ejercer su autoridad, estamos recuperando presencia en distintas comunas y las cifras demuestran que cuando existe decisión política, coordinación entre instituciones y respaldo a nuestras policías y Fuerzas Armadas, el terrorismo retrocede”.

La realidad regional

A nivel regional, La Araucanía continúa siendo la zona con más incidentes, 75 de los 81 hechos que van en 2026, seguido de Biobío (5) y Los Lagos (1). Sin embargo, y pese a que todas las regiones han caído en el número de hechos, Los Ríos es la que más ha descendido en casos, pasando de nueve a cero en cuatro años, mientras que Biobío pasó de 35 a cinco.

Al revisar el tipo de delitos más comunes en la zona, el calificado como “atentado terrorista explosivo o incendiario” sigue liderando el listado de los casos. En lo que va del año, se han registrado 16 ilícitos de este tipo, 41% menos que el año pasado. A ese fenómeno le siguen los de amenazas simples (11 casos) y daños simples (cinco casos).

“La señal a la baja se ha ido consolidando porque aparece consistentemente para distintos delitos y territorios. Eso permite hablar de una tendencia a la baja más robusta que la que mostraría un solo indicador aislado”, agrega Morales.

Los delitos que más han bajado, según las cifras de la Fiscalía Nacional, son el de “incendio solo con daños o sin peligro de la propiedad”, el que pasó de 25 casos en 2024 a cero este año, y el de robo de vehículos, que cayó de siete a cero casos en dos años. En la vereda contraria, la usurpación no violenta y violenta registran uno y dos casos más cada uno.

Pese a eso, la gerenta de la división de Estudios de la Fiscalía Nacional, plantea que “la disminución general no significa que el fenómeno haya desaparecido y deben observarse algunos delitos que no muestran la misma trayectoria descendente”.

“El robo con intimidación, por ejemplo, pasa de ocho casos en 2025 a nueve en 2026, un aumento de 13%. La usurpación de propiedad pasa de cuatro a seis, un incremento de 50%, y las usurpaciones u ocupaciones no violentas sin daños pasan de dos a tres”, ejemplifica Morales.

Por comuna, la situación también continúa las tendencias, aunque con variaciones menores. Victoria, al igual que el mismo periodo del año pasado, es la comuna con más casos (17), seguido de Collipulli (15) y Angol (11). Pese a eso, las tres han disminuido sus hechos respecto de los años anteriores.

En el mismo análisis comunal, también se desprende que comunas como Cañete, Pitrufquén, Contulmo y Galvarino son las que más disminuyen sus hechos de violencia. En dos años pasaron de tener 18, 15,7 y seis casos, respectivamente, a cero. Existen otros eventos, como Los Sauces y Curanilahue, que rompieron la tendencia a la baja en 2025 y tuvieron importantes alzas de 750% y 167%, respectivamente, pero este año los hechos cayeron drásticamente.

Sin embargo, Morales de la Fiscalía Nacional agrega que “a pesar de que se observan importantes disminuciones, persisten comunas particulares en que se ha mantenido o aumentado el número de caos como son Angol que se mantiene sin variación respecto a 2025 con once delitos; Lautaro aumenta de dos a seis, y Curacautín de cinco a siete″.

El ministro Arrau, por su parte, también destaca las cifras que maneja internamente el gobierno. “El trabajo que estamos realizando está dando frutos. Al 30 de agosto de 2026, los eventos de violencia en las cuatro provincias bajo estado de excepción disminuyeron un 23,7% respecto de igual período de 2025, al pasar de 232 a 177 casos. Arauco presentó la mayor baja porcentual de −55,9%“.

El estado de excepción

El nuevo escenario, con un fenómeno delictual de menor peligrosidad, instala en el mundo político la interrogante respecto a si la situación justifica la mantención del estado de excepción, el que tiene un alto costo económico y de despliegue para las FF.AA.

El ministro Arrau plantea que “seguiremos con la misma convicción y compromiso combatiendo al crimen organizado y al terrorismo. Estos avances son consecuencia de las acciones de nuestro Plan Operativo de Seguridad Pública, que incorpora inteligencia, una fuerza de tarea especializada y un mando unificado que permite dirigir recursos donde realmente se necesitan”.

Pese a que, según señalan fuentes de gobierno, no está en los planes del Ejecutivo terminar con el estado de emergencia, al interior del gobierno siempre han existido voces que han planteado reparos al despliegue continuo de las FF.AA. y, por ende, son de la idea de modificarlo. Sin ir más lejos, públicamente el ministro de Defensa, Fernando Barros, ha planteado ese escenario.

“Hay una esperanza de ir disminuyendo la presencia de las Fuerzas Armadas”, señaló Barros en marzo pasado.

Si bien la continuidad del estado de emergencia no está en duda, dado que se trata de una medida popular y que contribuye a la sensación de seguridad, quienes conocen del asunto plantean que de existir algún escenario como ese sería a través de una “desescalada”, lo que podría implicar el retiro paulatino de las FF.AA., ya sea en número de funcionarios o en las zonas de despliegue.

Ejemplo de aquello, plantea una fuente de gobierno, ya se ha visto con la unificación del mando en las regiones y con el repliegue y disminución de la participación de la Armada en el Biobío.

La situación constitucional en la zona, pensada como una excepción, se ha transformado en la normalidad. De hecho, este recurso ya lleva más de cuatro años con renovaciones sucesivas. Y a fines de septiembre el Congreso deberá discutir y votar otra prórroga más.