El gobierno dio luz verde, contra su voluntad, a un proyecto de ley mal evaluado técnicamente, que genera externalidades negativas en el largo plazo y que parece no dar solución real al problema que lo origina. Lo hizo por tercera vez, tarde, forzado por el Congreso y sus propios parlamentarios. ¿Qué ha conseguido? Simplemente reforzar los sesgos que han operado sobre su gestión, transformando algunos en hechos de la causa. Desconexión, indiferencia, sordera, tozudez, falta de consistencia y gobernabilidad alarmantes resuenan hoy como mantras.

La oposición, disfrazando su dispersión y falta de proyecto, ha bailado al son de políticos que alientan la rebelión social y el término adelantado del gobierno, instalando como modus operandi un gallito de poder entre el Congreso y el Ejecutivo que pone énfasis en la anulación del rival.

¿Cómo llegamos a este punto? Fueron pequeñas perversiones disfrazadas de buenas intenciones, que poco a poco desgastaron los cimientos de nuestra sociedad convirtiéndola en presa fácil, enferma y débil. Una gangrena imperceptible que hoy contemplamos con feroz estupefacción. Lo que comenzó como una imperiosa necesidad de satisfacer demandas transversales terminó poniendo en tela de juicio las reglas del juego: “Prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”. “En el Tribunal Constitucional entendemos que esto no es una disputa entre dos poderes por quien simplemente tiene la prerrogativa; aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que han perdido su remuneración que les permite ganarse la vida”. “También sé que en el fuero íntimo de cada uno de los miembros de esta sala hay claridad de que Sebastián Piñera es hoy incapaz de entender los dolores y las angustias que están viviendo las familias en Chile”.

¿Los terceros, las madres, las familias? ¡Pamplinas! Detrás de estas declaraciones (y el listado infinito que podríamos agregar) no es el bien de Chile lo que está en juego, es la muestra empírica de una institucionalidad rota.

En un Estado de Derecho las normas son factor de orden y cohesión social; permiten orientar y predecir las conductas. Sin ellas (entendiendo obviamente que éstas deben estar sujetas a control, revisión, cambio y mejora) nos desenvolvemos en un pantano donde la incertidumbre y la sospecha operan con efecto pandémico, contagiando los sistemas sociales. Las normas, acuerdos y compromisos deben cumplirse para poder conjurar la incertidumbre, devolver la confianza y poder avanzar, de lo contrario, el daño puede ser irreversible.

Cuando es la autoridad (en términos generales) quien incumple las normas, el efecto es amplificador, generando un desprecio generalizado de las instituciones (cualquiera sea su naturaleza). En este sentido, nadie podría extrañarse de que en Chile el Parlamento y los partidos políticos lideren las instituciones peor evaluadas. Esta desafección es muy riesgosa, pues socava el concepto mismo de comunidad, situando a cada uno en su trinchera. Y cuando ya no vemos al otro, necesariamente quedamos bajo el encantamiento de nosotros mismos y podemos ser extraordinariamente hábiles para disfrazar nuestros anhelos de aspiraciones colectivas o bien para justificar cualquiera de nuestras acciones en orden a un bien superior.

Así las cosas, o despertamos y nos ponemos a la labor o esta historia puede terminar mal. La instituciones, los países y las sociedades no se cuidan solos. No desoigamos entonces las advertencias inmemoriales:
“(…) Con actos conviene afrontar lo presente: del futuro ya se cuidan los que han de cuidarse de él. (Antígona)”.