El sistema tributario arrastra defectos que todos conocemos: es complejo, difícil de fiscalizar y lleno de tributos que castigan el trabajo, ahorro e inversión. Con altas tasas a los ingresos y un IVA plano que golpea por igual a ricos y pobres, hemos terminado con un esquema que genera estancamiento y desconfianza en lugar de crecimiento y oportunidades.

Un sistema eficiente debe recaudar lo suficiente sin desincentivar la innovación ni el esfuerzo. La redistribución no puede descansar en gravar más a quienes producen, sino en políticas públicas y subsidios focalizados en los más vulnerables, junto a un impuesto negativo a la renta que reduzca la carga total a un nivel levemente superior al actual. Se trata de cambiar la estructura, no de aumentar la carga.

Propongo un giro radical: pasar de un sistema que grava ingresos a otro que descanse en el consumo masivo. Se reducirían los impuestos a la renta—10% para empresas y personas, con exención total a los dos primeros deciles—y se reemplazarían por tributos simples, de baja incidencia, imposibles de evadir y fáciles de cobrar.

Si solo gravamos el consumo, dejamos de castigar el ahorro y la inversión, estimulando capital, productividad y empleo formal. Países que siguieron este camino alcanzaron altas tasas de crecimiento. Chile, hoy atrapado en bajo crecimiento, necesita este impulso.

Los nuevos impuestos, pasajeros y carga: US$20 por pasajero en vuelos internacionales (28 millones) y US$10 en vuelos nacionales (115 millones), que aportan 0,49% del PIB. Se suma un impuesto de US$100 por tonelada de carga que cruce fronteras, con rendimiento de 3,66% del PIB. Total: 4,15% del PIB; kilometraje recorrido: buses y camiones pagan US$0,16 por kilómetro, vehículos livianos US$0,08. Con un 90% del kilometraje promedio anual, recauda 3,41% del PIB. El transporte trasladará íntegramente este costo a las tarifas; IVA al 22% con devolución focalizada: del 100% al primer decil y del 50% al segundo, para hacerlo progresivo. Aporta 0,7% adicional del PIB; diésel y gasolina pagan lo mismo, corrigiendo una distorsión histórica. Aporta 0,7% adicional del PIB.

Se mantienen los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y contaminación y se eliminan a las herencias, contribuciones, timbres, aranceles y ganancias de capital por su baja recaudación y alto costo de fiscalización. Se establece depreciación instantánea para la inversión y se garantiza invariabilidad tributaria por diez años.

Con este esquema, la recaudación neta subiría de 20,1% a 28,1% del PIB: ocho puntos adicionales, equivalentes a más de US$25.000 millones al año. Lo clave es que no se castiga a quienes producen y emprenden, sino que se amplía la base en consumos masivos donde cada uno aporta poco, pero todos contribuyen.

El objetivo no es solo recaudar más, sino gastar mejor y reducir deuda. Algunas prioridades: educación de madres vulnerables para estimular tempranamente a sus hijos; salas cuna (0–2 años) centradas en estimulación temprana; jardines infantiles (2–5 años) con énfasis socioemocional, transporte e incentivos; subsidios temporales a la contratación formal de jóvenes y mujeres, decrecientes en tres años; creación de un impuesto negativo a la renta para reforzar inclusión y movilidad social; eliminación de programas estatales ineficientes, liberando entre US$4.000 y US$6.000 millones; y destinar al menos 1% del PIB a seguridad.

No se trata de una reforma más, sino de un cambio de paradigma: sustituir impuestos que desincentivan el trabajo, el ahorro y el emprendimiento por tributos fáciles de recaudar, difíciles de evadir y basados en el consumo masivo. Cada ciudadano aporta poco, pero el país obtiene recursos suficientes para invertir en el futuro.

Chile no puede seguir parchando un sistema agotado y distorsionador. Es hora de cambiarlo de raíz.

*El autor de la columna es ingeniero Civil y Comercial UC