Declaración de exseremi y allanamiento al Minvu reactivan presión por salida de Crispi y Montes

Una declaración de cuatro puntos, redactada por el exsecretario regional ministerial de Vivienda (seremi) Carlos Contreras, logró que, en medio de la antesala del plebiscito constitucional, todos los ojos volvieran a estar puestos sobre el ministro de la cartera, Carlos Montes (Partido Socialista), y del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (Revolución Democrática), en el marco del lío de platas que involucra traspasos de dineros de reparticiones del Estado a fundaciones.

El exseremi acusó que el 7 de junio de este año “Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. En él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario”. Su afirmación pone en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto de la fecha en que se enteraron oficialmente del caso.

A eso se suma, además, el allanamiento en las diferentes oficinas del Minvu que encabezó la PDI este jueves, también en el marco de los traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones ligadas a grupos políticos.

Si bien en los últimos días y con el referéndum del 17 de diciembre en la mira, la oposición había congelado la idea de acusar constitucionalmente a Montes y de presionar por la salida de Crispi, estos nuevos antecedentes reactivaron esas gestiones.

Para el jefe de asesores del llamado Segundo Piso de La Moneda el escenario es particularmente complejo, en consideración de que el comunicado de Contreras contradice la versión que él entregó ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En esa instancia, Crispi aseguró que “como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”.

Ante eso, Contreras respondió a través de su comunicado que “el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’”.

“Si las declaraciones del exseremi fueran verdad, estaríamos hablando de algo sumamente grave. Él echa abajo por completo lo que nos informó Miguel Crispi en la comisión de Convenios, donde dijo que solamente se sabía de un rumor. Eso es estar mintiendo o estar ocultando la verdad”, dijo el diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la comisión investigadora de la Cámara por este tema.

Además, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida anunciaron que pedirán en la Cámara de Diputados la creación de una nueva comisión investigadora para indagar las declaraciones del exseremi.

Incluso, desde la propia alianza de gobierno, hay quienes públicamente exigen que Crispi dé un paso al costado. Ese es el caso del senador socialista Gastón Saavedra, quien dijo a La Tercera que “hubo antecedentes previos y en términos oportunos. Se va consolidando una decisión que tiene que tomar el Presidente de la República. Uno no pretende pautearlo, pero llegó la hora de tomar decisiones y no continuar con una serie de personas que lo único que hacen es degradar la función pública. Se requiere de decisiones tajantes, porque el gobierno no puede seguir desangrándose. Se tiene que tomar una decisión de sacar a Crispi”.

Su par, el senador Fidel Espinoza (PS), publicó en redes sociales: “Crispi simplemente no resiste un minuto más en La Moneda. Ya sujetarlo a la fuerza es solo daño al Presidente Gabriel Boric, a quien respeto enormemente. Basta, Miguel. ¡Se te acabaron los comodines!”.

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), quien también integró la comisión investigadora, afirmó que “si se llega a comprobar lo que plantea el exseremi, porque debe haber copias de este informe (...), claramente Miguel Crispi no puede continuar en el segundo piso de La Moneda”.

Desde la región de Antofagasta, donde estalló el caso Convenios, el diputado Sebastián Videla (Partido Liberal) sostuvo que “el Presidente Gabriel Boric debe evaluar cuánto es el daño que le está haciendo Miguel Crispi al gobierno (...)”.

“Es la justicia la que debe esclarecer la veracidad de las declaraciones del exseremi. De ser cierta esta información, esto se transforma en un problema para el gobierno y su versión sobre estos hechos”, advirtió el diputado socialista Daniel Melo.

Otros, en cambio, no son tan tajantes. Por ejemplo, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, enfatizó que Contreras “señala que ‘de acuerdo a su conocimiento’ se habría hecho llegar un informe”. En ese sentido, el timonel planteó que le resulta complejo “tomar en serio” al exseremi en consideración de que “ya le ocultó información a la directiva anteriormente”.

El diputado Jaime Araya (PPD-IND), también de Antofagasta, señaló que “me cuesta creer que se haya faltado a la verdad ante la comisión investigadora. Esto puede ser parte de la estrategia de alguien que claramente se ve apremiado por el avance de las investigaciones”.

En esa misma línea, el diputado Tomás de Rementería (PS) aseguró que “el señor Contreras no es una fuente fidedigna. Él quiere hundir a otro y yo creo que no vale la pena hacerle el juego él y a la derecha con el tema de Miguel Crispi”.

“Yo espero una aclaración del gobierno que desmienta esa afirmación (de Contreras) y despeje las dudas que se instalan, porque, si eso fuese verdad, significaría que Miguel Crispi mintió en la comisión investigadora y sería gravísimo”, agregó el diputado Raúl Soto (PPD), quien también fue parte de la comisión investigadora.

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, se limitó a decir que “el Presidente debe evaluar la continuidad de su personal que es de exclusiva confianza”.

En una “pausa” se encontraba hasta ayer en la mañana la preparación de una acusación constitucional en contra del ministro Montes (PS), anunciada a mediados de noviembre por las diputadas del Partido Socialcristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha.

El receso por trabajo territorial, el plebiscito e, incluso, la Navidad, parecían ser factores que comenzaban a enfriar el libelo acusatorio, cuya presentación estaba quedando para enero.

Sin embargo, el allanamiento a la sede del Ministerio de Vivienda (Minvu) volvió a enardecer el ambiente político, sembrando nuevamente dudas sobre el futuro de Montes quien, a diferencia de Crispi, es el único que puede ser acusado constitucionalmente.

La diputada Muñoz señaló que las diligencias de la fiscalía “respaldan la presunción de una red de corrupción interna”. “Es inaceptable que el ministro Montes no haya supervisado adecuadamente el ministerio”, dijo.

Si bien Muñoz no confirmó la posibilidad de adelantar los planes de la acusación, sí ofreció una nueva alternativa a Montes para presentar su renuncia. “Existe una negligencia inexcusable de parte del ministro y continuaremos con la acusación constitucional anticorrupción, con mayor fuerza y convicción, a menos que el ministro renuncie en vista de los acontecimientos”, expresó la legisladora socialcristiana.

Para presentar una acusación se necesitan 10 diputados patrocinantes, requisito que la diputada afirmó ya tener asegurado. Sin embargo, para evitar presiones del gobierno y de los otros partidos de oposición (que no han querido plegarse a la ofensiva), ha preferido mantener en reserva las identidades de estos legisladores.

Por ahora, solo se conoce que hay seis parlamentarios dispuestos a firmar la presentación: la misma Muñoz (PSC), Sara Concha (PSC), Roberto Arroyo (PSC) y los independientes Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán y Yovana Ahumada.

“El ministro siempre se ha desentendido de la investigación, haciéndose pasar más por una víctima que por una autoridad con responsabilidad política. Cada vez me decepcionan más sus acciones”, señaló la diputada Ahumada.

No obstante, a pesar de la resistencia de las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y del Partido Republicano a respaldar una acusación contra Montes, este jueves en la mañana más legisladores de estos partidos se sumaron a la presión para que el ministro dimita a su cargo.

Incluso, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric. “Se están robando la plata de los chilenos en sus narices y usted no hace nada. Llegó la hora de enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro Montes y la remoción de todos los seremis de Vivienda involucrados. Lo que está haciendo la Fiscalía es una muestra de que la presencia del ministro Montes no aguanta más”.

“Si a raíz de estos hechos el Presidente Boric (...) no hace efectivas las responsabilidades políticas en contra del ministro Montes y todos los seremis involucrados, incluido el señor Miguel Crispi (jefe de asesores presidenciales), no descartamos ninguna acción. Entre ellas la acusación constitucional contra el ministro”, comentó el diputado Henry Leal (UDI).

La diputada Barchiesi agregó que “no entiendo por qué el ministro Montes sigue ahí, lo dije desde un principio. Él le ha querido poner el pecho a las balas, pero la verdad es que está en una fosa séptica. Lo llenaron de Revolución Democrática y vimos lo que pasó”. “La situación es insostenible... En la comisión investigadora dejamos la puerta abierta a una eventual acusación constitucional”, dijo.

En sectores no alineados, el episodio también generó debate. El diputado Aedo planteó que “esto es gravísimo, quiere decir que la documentación que entregó el ministerio no ha sido suficiente para esclarecer los alcances de este caso. El Presidente de la República y el propio ministro Montes tienen que pensar con total seriedad si es que este es el momento de que el ministro Montes dé un paso al costado”.

A solo días del plebiscito, en la derecha creen que las declaraciones del exseremi les favorece para la campaña, mientras que en el oficialismo, en todo caso, en los partidos descartan que produzca un daño mayor.