“Hacer que la economía (chilena) grite”, es la frase que se le atribuye al fallecido expresidente de EE.UU., Richard Nixon, de acuerdo a los archivos desclasificados de la CIA, al dar instrucciones precisas para que Salvador Allende no se consolidara en el poder.

Aquella frase (“make the economy scream”, en inglés) fue expresada en una reunión en la Casa Blanca, el 15 de septiembre de 1970, a días que Allende sacara la primera mayoría en los comicios presidenciales y antes de que fuera ratificado como primer mandatario por el Congreso Pleno (en esos años no había segunda vuelta presidencial).

En aquella cita estaban presentes el entonces encargado de Seguridad Nacional, Henry Kissinger; el fiscal general, John N. Mitchell; y el director de la CIA, Richard Helms, quien tomó nota de aquellas palabras.

La presión económica de Washington sobre Chile, que fue acompañada de otras operaciones, era justificada en un contexto de Guerra Fría, ante la evidente distancia ideológica que tenía Allende con Estados Unidos y su apertura a la influencia de la Unión Soviética.

Aquellas medidas en este campo pasaban desde la interrupción de ayudas, suspensión de créditos, retiro de capitales y alzas de precios de importaciones. “Un bloqueo financiero-económico... un ataque siempre oblicuo, subterráneo”, lo definió el mismo Allende en su discurso ante la ONU en 1972.

Lo paradójico es que años después, las represalias y presiones económicas se han aplicado a gobiernos de distintos perfiles ideológicos en Chile, incluso algunos diametralmente opuestos a lo que fue la Unidad Popular.

De hecho, la administración del Presidente José Antonio Kast, fue golpeada por el anuncio del gobierno de Donald Trump de imponer una sobretasa arancelaria del 12,5% a diversos productos de exportación chilena, a pesar de la supuesta sintonía política que hoy existe entre la Casa Blanca y La Moneda.

La medida unilateral de Washington pone en tela de juicio el diseño del actual gobierno de priorizar una buena relación con Estados Unidos, ya que -a su juicio- el vínculo se deterioró durante la administración de Gabriel Boric.

De hecho, cuando el año pasado, Trump anunció el arancel del 10%, fue el propio Kast quien cuestionó a Boric por sus críticas a ese país. “¿Qué no hacer ahora? Lo que hace el Presidente Boric, que es descalificar y provocar al gobierno de Estados Unidos, no sirve. Hoy más que nunca, le pedimos al Presidente que deje que la Cancillería, los expertos y las personas capacitadas se hagan cargo”, dijo Kast en la ocasión.

Otros republicanos, en tanto, relacionaron la nueva medida impuesta por el país norteamericano como consecuencia de las críticas de Boric a Trump.

Respecto de los aranceles fijados durante este gobierno, el excanciller y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que es una muestra de que EE.UU. suele no hacer excepciones con Chile, independiente de otras consideraciones. “No sé hasta qué punto, ello es una política hacia Chile, algo programado o no. Podemos ser un buen aliado donde se quiera, pero no hacen excepciones con nosotros. Eso es real”, dijo el también exsenador PS, quien agregó que ello puede jugar en contra o favor. A veces no es necesariamente malo, explicó, porque nos permite tener mayor libertad como país y estar menos sujetos a otras presiones.

Heraldo Muñoz, también excanciller, fue más duro y apuntó al manejo del canciller Francisco Pérez Mackenna. “Estamos hablando de un perjuicio y un golpe discriminatorio, porque hay otros países que van a estar en mejores condiciones que Chile, ya que van a estar con el 10% de arancel base y no el 12,5% (máximo que tiene Chile) para entrar con sus productos (más) competitivos a los nuestros al mercado norteamericano. Entonces esto es una situación particularmente compleja y con un manejo errado, a mi juicio, hasta ahora”, dijo en T13 radio.

Enmienda Kennedy y dos granos

Después de Allende, en el pasado, el general Augusto Pinochet fue blanco de estas presiones, luego de que Washington tomara distancia por la represión y la violencia política ejercida por el régimen militar, especialmente a raíz del atentado contra el excanciller de Allende, Orlando Letelier, ocurrido en la misma capital norteamericana.

Incluso, semanas antes del asesinato a Letelier, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó, el 30 de junio de 1976 un conjunto de restricciones a Chile. La llamada enmienda Kennedy (impulsada por el fallecido senador Ted Kennedy en represalia por las violaciones a los DD.HH.), impedía esencialmente la asistencia militar y la venta de armamento estadounidense, pero también limitaba otras ayudas.

En los años finales de la dictadura de Pinochet, hubo otro incidente, cuyo origen aún es un misterio y que sacudió a la economía chilena: la Crisis de las Uvas.

En marzo de 1989, la embajada de EE.UU. en Santiago de Chile recibió amenazas telefónicas de que los cargamentos de fruta chilena serían envenenados, lo que motivó un fuerte operativo sanitario, reteniendo las exportaciones nacionales.

En esos controles fueron encontrados dos granos de uva, que evidenciaban pinchazos con presuntas inyecciones de veneno. Aunque la dosis no era letal, los análisis de laboratorio confirmaron la existencia de cianuro.

El hecho derivó en que las autoridades norteamericanas, a través de Food and Drugs Administration (FDA), suspendieran, llamaran a no consumir y ordenaran el retiro de toda la fruta chilena del comercio estadounidense, a pesar de que no se encontraron más frutas contaminadas.

Las pérdidas económicas alcanzaron los US$330 millones durante las semanas que duró el embargo, que, además, impactó por un tiempo en la imagen de los productos chilenos. Nunca se aclaró quién estuvo detrás del “atentado”.

El almirante José Toribio Merino, junto con culpar, por defecto, a los “comunistas”, dijo que era otra “canallada más” de EE.UU.

No a la invasión a Irak

Aunque tras el retorno de la democracia, los gobiernos de la Concertación se enfocaron en reconstruir sus relaciones económicas y políticas con Washington, en la administración del Presidente Ricardo Lagos hubo otro episodio de tensiones que tuvo a la economía chilena contra las cuerdas.

En aquellos años, la apuesta estratégica de Chile, dada su visión de economía abierta, era consolidar una red de tratados de libre comercio, donde Estados Unidos es uno de los objetivos centrales.

Las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos comenzaron formalmente en noviembre de 2000 y se prolongaron hasta 2003.

Sin embargo, a inicios de ese año, el gobierno de George W. Bush se embarcó en una operación militar para invadir Irak, bajo la suposición de que en ese país había armas de destrucción masiva.

Chile, en 2003, como parte de la ambiciosa política exterior de Lagos, había llegado a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya opinión como máximo órgano de Naciones Unidas era clave para darle legitimidad a la aventura militar de Bush, respaldada por Reino Unido, con Tony Blair como primer ministro, y España, bajo la presidencia José María Aznar.

No obstante, Lagos, en línea con los gobiernos de Francia, China y Rusia manifestaron su oposición a medidas de fuerza contra Irak.

En aquellos meses, la presión de la Casa Blanca sobre La Moneda fue intensa. Incluso, con amenazas de represalias económicas.

Años después, en 2007, el Diario El País, publicó un acta secreta de una conversación entre Bush y Aznar, en la que el norteamericano le pidió a su par español mediar para convencer a Lagos. “Debe saber que el acuerdo de libre comercio con Chile está pendiente de confirmación en el Senado y que una actitud negativa en este tema podría poner en peligro esa ratificación...”, decía aquella acta replicando las palabras de Bush.

Pese a ello, finalmente el TLC pudo salir adelante y fue firmado el 6 de junio de 2003, para entrar en vigencia el 1 de enero de 2004.

Las condiciones de este tratado, sin embargo, hoy están en suspenso producto de la decisión de Trump de subir unilateralmente los aranceles, a raíz de una denuncia de una ONG de supuestos trabajos forzados en Chile.

Aunque el canciller Francisco Pérez afirmó que las negociaciones siguen abiertas para impedir esta medida, el titular de Agricultura, Jaime Campos, quien también fue ministro de Lagos, acusó a Estados Unidos de “violentar” el TLC.