Dorothy Pérez suma simpatías del Senado para ser contralora y gobierno admite que está reconsiderando su nombre

En una asidua expositora ante comisiones del Congreso se ha convertido la contralora subrogante Dorothy Pérez, cuya opinión jurídica pasó a ser requerida habitualmente por diputados y senadores en la tramitación de proyectos de ley y también en el trabajo de instancias investigadoras de la Cámara Baja.

De hecho, la autoridad administrativa estuvo este martes en la Cámara para dar su visión sobre la reforma a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de cónyuges y parientes de autoridades.

A pesar de que a inicios de marzo todo indicaba que el Presidente Gabriel Boric se inclinaría por ratificar en su cargo a la actual contralora subrogante, la nominación fue frenada sorpresivamente, a pesar de que el propio Mandatario alcanzó a hacer algunas llamadas telefónicas a senadores comunicando su interés por ella.

El hecho desconcertó a los parlamentarios, que aún no se explican las razones por las cuales Boric congeló el nombramiento. Esta indefinición ya se prolonga por casi seis meses desde que el antiguo contralor Jorge Bermúdez dejó el cargo, tras cumplir su mandato constitucional de 8 años.

Consultado este martes por la vacancia en la Contraloría, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió que por ahora el gobierno estaba “focalizado en avanzar en el nombramiento de la Corte Suprema”.

“No es que (Contraloría) no sea prioridad. Es un orden que hemos estado desarrollando”, dijo el ministro desde Alemania, como parte de la delegación que acompaña al Presidente en su gira por Europa.

Respecto de la eventual proposición de Dorothy Pérez, el ministro de Justicia admitió que, “en general, subcontralores o subcontraloras suelen ser candidatos a contralor. O sea, no es ella en particular. Siempre son considerados. Estoy hablando desde la década de los 50, así que tampoco estoy diciendo algo muy extraordinario”.

Explicó que la decisión “es tratar de que los nombres sean presentados bajo consenso” y añadió que al Ejecutivo le interesa “evitar exponer trayectorias profesionales” a eventuales rechazos o escarnios públicos, “porque de lo contrario, se termina por alejar a personas talentosas de la función pública”.

En los sondeos por Pérez que hizo el gobierno a inicios de marzo, algunos senadores ya vaticinaban que ella contaba con los 30 votos de la sala (tres quintos) que exige la Constitución para ser ratificada.

Su base de apoyo se sustentaba y se sigue sustentando en una opinión favorable de ella que existe en las bancadas de la UDI y del PS, además de algunos PPD, que no tienen problemas con su nombre. Con ese piso, el resto del oficialismo y de la oposición difícilmente se opondría a una proposición del Presidente.

Sin embargo, la resistencia estaba concentrada en la bancada de RN, desde donde surgió como alternativa la abogada María Soledad Frindt, quien actualmente se desempeña como subcontralora subrogante. Durante la gestión de Bermúdez, Frindt era parte de su plana mayor. Incluso en el conflicto que tuvo el entonces contralor con Pérez, a quien intentó remover de su cargo, Frindt ya había ocupado transitoriamente el asiento de subcontralora.

En todo caso, un par de senadores de Renovación Nacional comentan que esa oposición al nombre de Pérez se ha ido disipando, por lo que si el gobierno opta por ratificar a la contralora subrogante, al menos siete de los diez integrantes de la bancada RN-Independientes le darían su voto.

Lo mismo sostienen parlamentarios que representan los extremos políticos de la Cámara Alta.

En medio de la ronda de consultas con senadores, que hace meses vienen realizando el ministro Cordero y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), también circularon los nombres de la subsecretaria Macarena Lobos, el académico Juan Carlos Ferrada y el secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

No obstante, paulatinamente se ha ido llegando a un consenso en que la carta debe surgir de la propia Contraloría.

Si bien a Pérez le faltaba tener roce político, cualidad necesaria para el cargo, poco a poco ha comenzado ganar experiencia, a juicio de algunos parlamentarios. En todo caso, en la derecha esperan que ella dé algunas señales y muestre alguna pericia política-jurídica para resolver dos casos complejos: el nuevo reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción del embarazo y el requerimiento de los diputados de Chile Vamos en contra de la campaña televisiva de la reforma previsional.

En vista del escenario relativamente favorable para Pérez, hay coincidencia en el Senado en que el motivo, por el que Boric no envía su propuesta, obedece a factores externos.

Uno de esos elementos sería la polémica por la filtración de audios del abogado penalista Luis Hermosilla, según especulan ciertos legisladores.

Aunque Pérez no conocía a Hermosilla, sí tenía algún vínculo con la abogada Leonarda Villalobos y su marido, Luis Angulo, a quienes conoció en el Ministerio de Educación en 2014. Pérez fue jefa jurídica del Mineduc, mientras que Angulo y Villalobos -hoy investigada por la filtración de esos audios de una supuesta red de tráfico de influencias- eran parte del gabinete del entonces ministro Nicolás Eyzaguirre.

Adicionalmente, se levantó una contracampaña de parte de ciertos funcionarios y exautoridades de la propia Contraloría, entre ellos el mismo Bermúdez.

Si bien el excontralor y Pérez eran cercanos (ella fue su jefa de gabinete y luego él mismo la designó como subcontralora), la relación se deterioró.

Bermúdez le pidió la renuncia a Pérez argumentando pérdida de confianza y diferencias “irreconciliables de principios éticos” debido al rol que tuvo ella cuando fue subjefa de uno de los departamentos que auditaba a Carabineros entre 2010 y 2014.

En ese periodo ocurrió el llamado “Megafraude”, por lo que el excontralor consideró que no correspondía que siguiera en su cargo luego de haber fallado en la fiscalización para detectar a tiempo el desfalco de miles de millones que golpeó a la policía uniformada. “La persona que me reemplaza no puede estar vinculada al mayor fraude de la historia, por acción u omisión”, comentó a Revista Sábado en diciembre de 2018.

Pérez devolvió el golpe y acusó que Bermúdez la quiso sacar porque “no quise firmar de manera sumisa documentos que eran improcedentes... sumarios que estaban prescritos”.

Cuando Bermúdez la removió, en agosto de 2018, Pérez no aceptó la renuncia, pero pasaron 48 horas y el entonces contralor declaró la vacancia.

Sin embargo, ella no dio su brazo a torcer y presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente su caso fue resuelto por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Tras una larga batalla en tribunales, la justicia determinó que la remoción de Pérez fue ilegal, que su cargo no era de confianza, sino que inamovible hasta los 75 años.

Luego de ello, María Soledad Frindt debió dejar el asiento de subcontralora y fue designada como jefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas.