A 88 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el caso Democracia Viva volvió a golpear a la alianza de gobierno de Gabriel Boric. La Fiscalía regional de Antofagasta presentó una acusación por el caso y solicitó diez años de cárcel para la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, Paz Fuica y Carlos Contreras. Todos exmilitantes del Frente Amplio.

Pese a que todos los implicados abandonaron la alianza de gobierno, en el oficialismo son conscientes de que, de todas formas, el caso tiene implicancias electorales. Esto debido a que la oposición ya ha utilizado el lío de platas entre fundaciones y organismos públicos en tiempos de campaña para cuestionar a los candidatos del oficialismo.

Sin ir más lejos, en los debates que ha habido en las últimas semanas, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en varios ocasiones ha apuntado -frente a Jeannette Jara, la carta del oficialismo- a la responsabilidad del gobierno del Presidente Boric en el caso Convenios.

“Tenemos gobernadores regionales investigados por la Fiscalía, miles de millones de pesos desviados a fundaciones truchas, convenios fantasmas, contratos entre amigos (…). La descentralización no fracasó por falta de leyes (…), fracasó porque fue usada como un botín político por un gobierno irresponsable”, dijo hace unas semanas en un conversatorio en Concepción.

El diputado Jaime Araya (independiente, de la bancada PPD) reconoció que la noticia “es un golpe muy fuerte, porque cristaliza la convicción del Ministerio Público que los hechos investigados son constitutivos de delito”.

En ese sentido, Araya, quien va a la reelección por Antofagasta, sostuvo que “esto daña el ánimo, las métricas y el relato de las campañas, porque la corrupción pasa a ser un denominador común de las coaliciones y eso es bien delicado. Sin perjuicio de esto, es muy valiosa la decisión del Frente Amplio de haber tomado decisiones drásticas en su oportunidad, elevando los estándares frente a esta situación”.

El también diputado oficialista Sebastián Videla (de la bancada del Partido Liberal y quien busca la reelección en Antofagasta) afirmó que “la justicia debe ser implacable. La ciudadanía decidirá, porque la gente vota por personas, no por sectores políticos. En mi caso, siento que represento más que un sector determinado ya que soy independiente”.

El senador socialista Fidel Espinoza, una de las voces más críticas del caso Convenios en el oficialismo, planteó que “la ciudadanía va a castigar la actuación irresponsable de los más amigos de Jackson y de Revolución Democrática. Aquí no podemos involucrar a todo el Frente Amplio, porque todos estos focos de corrupción estuvieron radicados en el partido de Jackson, ahí surgieron las fundaciones (...). Falta que caigan muchos más”.

El senador tiene un punto. A solo días de la inscripción de las candidaturas, ya hay dos postulantes del pacto Unidad por Chile, que incluye al oficialismo y a la DC, que fueron salpicados por los nuevos antecedentes del caso.

Uno de ellos es el actual senador y postulante a la Cámara de Diputados Juan Ignacio Latorre, quien presidía Revolución Democrática cuando el lío de platas estalló. La otra es la exdelegada presidencial del Biobío Daniela Dresdner, quien reconoció que supo del caso Convenios antes de que se conociera públicamente, a través de una conversación con Catalina Pérez. Ambos aparecen como testigos en la acusación por Democracia Viva.

Él es candidato por el distrito 6° (Quilpué, Quintero, Villa Alemana), mientras que ella postula al 20° (Concepción, Talcahuano, Chiguayante).