Este miércoles, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) -que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast- tuvo al menos tres hitos importantes.

Dos de los proyectos incluidos dentro de la batería de iniciativas se aprobaron en distintas etapas de la legislación. Mientras que un tercero quedó a un paso de su despacho a la sala.

En primer lugar, se trata de la iniciativa que aumenta el plazo de flagrancia de un delito, que terminó de aprobarse en la comisión mixta, conformada por senadores y diputados, que se encargó de resolver las divergencias que se generaron entre ambas ramas del Congreso.

Entre los parlamentarios destacan que esta iniciativa -encabezada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat- podría ser la primera, dentro de la ACOT, en convertirse en ley.

Luego de la votación en la mixta solo resta que tanto la Cámara como el Senado ratifiquen el contenido que se acordó en esa instancia legislativa.

El acuerdo fue ratificado por representantes de las principales fuerzas políticas al interior del Congreso, lo que augura un desenlace favorable en ambas salas.

Casi en paralelo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó artículos clave del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Las normas aprobadas dicen relación con establecer la prisión preventiva para aquellos jóvenes que estén imputados por crímenes, así como a aquellos a los que en un control policial no se les pueda verificar su verdadera identidad.

Minutos más tarde, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución de esta rama del Congreso aprobó en particular -el contenido en detalle- de la reforma constitucional sobre expulsiones administrativas de extranjeros.

También con la titularidad del ministro de Justicia, la instancia legislativa visó, prácticamente en los mismos términos, el proyecto que presentó el gobierno el pasado 8 de junio.

Sin embargo, los diputados UDI Eduardo Cretton y Constanza Hube introdujeron un cambio para atenuar el plazo de detención -vía control judicial- cada 30 días.

Originalmente la iniciativa gubernamental contemplaba una renovación cada 60 días sin control de tribunales.

La morigeración de la norma, dicen al interior de la comisión, fue un gesto para los diputados oposición -particularmente el PDG y el PPD- para que dieran sus votos en la sala de la Cámara, dado que se requieren 89 votos, al ser reforma constitucional.

Consultado el ministro Rabat, aseguró que este avance legislativo “ha sido un día importante desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, porque colaborando con la agenda de seguridad, avanzamos bien en la comisión del Senado en materia de responsabilidad penal adolescente”.

Junto con ello, agregó que “nos tocó intervenir en la comisión mixta, que despachó por unanimidad el proyecto de ley sobre ampliar los plazos de flagrancia; y finalmente se logró una votación bastante importante en la comisión que estaba analizando la modificación constitución que amplía el plazo de retención administrativa para poder expulsar migrantes”.

Consultado por el próximo paso legislativo de esta iniciativa, Rabat aseguró que “en materia de urgencias, le estamos colocando a todo lo relacionado con seguridad, así que vamos a hablar con Segpres entre jueves y viernes para poder fijar una reunión de urgencia a fin de avanzar en la sala”.

La reforma de seguridad

En tanto, la reforma constitucional que impulsó el ministro Martín Arrau (republicano) sigue por ahora congelada en la Comisión de Constitución del Senado. Hasta el momento, no ha sido convocada la instancia para comenzar a discutir formalmente la iniciativa.

Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador Pedro Araya (PPD), conformará un grupo de trabajo con todos los miembros de ese espacio legislativo para negociar con el gobierno distintas salidas. Actualmente, el ministro del interior, Claudio Alvarado, se encuentra en Magallanes. Sin embargo, una vez que regrese se reanudarán las conversaciones.

La reunión, en todo caso, se realizaría probablemente ya la próxima semana.

En esta comisión, que la misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), definió como un grupo representativo de la corporación, además de Araya, participan los senadores Andrés Longton (RN), Claudia Pascual (PC), Arturo Squella (republicano), y Paulina Vodanovic (PS).

Si bien aún no existe consenso en cómo abordar la iniciativa que modifica la Carta Fundamental presentada por el Presidente Kast, básicamente, hay 3 caminos. Uno de ellos, que se presente una indicación sustitutiva o que modifique gran parte de la propuesta.

En caso contrario, el texto corre el riesgo de ser rechazado, ya que, al ser una modificación a la Constitución, requiere del apoyo de 29 senadores. La otra alternativa, que es promovida por la senadora Vodanovic, es que el gobierno retire su mensaje, y, en su reemplazo, se trabaje una reforma paralela con firmas de todos los sectores políticos.

La tercera vía sería una fusión de proyectos.