Un grupo de diputados oficialistas, junto a pares del PNL y el PDG, enviaron una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando que el Ministerio Público que incluya la hipótesis de secuestro en la investigación la violenta retención y posterior agresión sufridas el pasado miércoles 8 de abril por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en dependencias de la Universidad Austral de Valdivia.

En la misiva, los legisladores RN Francisco Orrego, Eduardo Durán (RN) y Juan Carlos Beltrán (RN), junto a Catalina del Real (Rep), Constanza Hube (UDI), Pier Karlezi (PNL) y Patricio Briones (PDG), sostienen que los hechos no solo constituyen un atentado contra la autoridad, sino que configuran claramente el delito de secuestro.

“Lo que vimos en la Universidad Austral no fue una simple manifestación ni un incidente aislado, fue una retención forzada en contra de la voluntad de una ministra de Estado. Por eso, he solicitado formalmente al fiscal nacional que se incluya la hipótesis de secuestro en la investigación. Aquí hubo una limitación clara de la libertad ambulatoria por un lapso suficiente para configurar este tipo penal, y no podemos permitir que se minimice la gravedad de estos hechos”, sostuvo Orrego.

Sobre las acciones judiciales realizadas por el Ejecutivo, el parlamentario RN afirmó que “el gobierno se ha quedado corto en su querella. No se trata solo de proteger la función pública, se trata de proteger la libertad de movimiento que le fue arrebatada a la ministra Lincolao bajo amenazas. Espero que la Fiscalía Regional de Los Ríos tome estas aprensiones y persiga la responsabilidad penal más alta para quienes resulten responsables de este acto condenable”.

Por su lado, la republicana Catalina del Real fue enfática al decir que “como mujer y como parlamentaria, me parece inaceptable que se intente bajar el perfil a un acto donde una ministra de Estado fue retenida y violentada. Aquí se configuró un secuestro con el fin de coaccionar a una autoridad, y la justicia no puede ser débil en su calificación jurídica. No vamos a permitir que las universidades se transformen en zonas donde la ley no rige y donde la integridad física de las personas quede a merced de grupos radicales”.

En la misma línea, Patricio Briones (PDG) sostuvo que “lo ocurrido con la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral es de una gravedad extrema y no puede ser minimizado bajo ninguna figura legal atenuada. Aquí hubo una retención forzada que impidió el libre tránsito de una autoridad de la República, y eso en cualquier Estado de Derecho se llama secuestro. Como parlamentarios, no podemos permitir que la violencia se normalice como un método de negociación política en las universidades”.