La agenda con que Interior busca contener la crisis de seguridad y el dilema del oficialismo

Izkia Siches y Manuel Monsalve en el Congreso

Izkia Siches y Manuel Monsalve en el Congreso

Una batería de medidas de corto y largo plazo presentó ayer la ministra Izkia Siches (Interior) ante el Senado. La estrategia contempla, entre otras acciones, presentar indicaciones a normas para enfrentar el crimen organizado, como el control de armas. En los partidos de gobierno, en tanto, siguen las dudas sobre las fórmulas intermedias que estudia La Moneda -y que serán socializadas hoy- para controlar los hechos de violencia en la Macrozona Sur.




Hasta la sede del Congreso en Valparaíso llegó este martes la ministra del Interior, Izkia Siches. Lo hizo acompañada de su subsecretario, Manuel Monsalve, para exponer la agenda legislativa en la que trabaja su cartera, con el objetivo de hacer frente a la crisis de seguridad que enfrentan distintas zonas del país.

En el gobierno el tema de mayor preocupación en este momento es dar soluciones que en el corto plazo puedan contener la sensación de inseguridad de la población, sobre todo, tras los hitos ocurridos en el barrio Meiggs, en el marco de una nueva conmemoración del Día del Trabajador, donde una reportera gráfica recibió un impacto de bala en el rostro y cuando, además, ha habido un recrudecimiento de los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

La amenaza de un paro de las asociaciones de transportistas más importantes del país es algo que mantiene inquieto al comité político y así lo sinceraron en la reunión ampliada con los partidos oficialistas el lunes.

En ese contexto, ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra detalló la estrategia de Interior para avanzar en diversas áreas y recalcó las urgencias y énfasis que desplegará su cartera en las próximas semanas. Una de ellas es el ingresar indicaciones a distintos proyectos de ley relativos al crimen organizado. “Sabemos que han pasado (las fronteras) bandas de distinta connotación, según el observatorio de la fiscalía, lo que nos tiene muy preocupados”, advirtió la titular de Interior a los senadores.

En la presentación que hizo Siches ante la instancia se detalla que, entre otras iniciativas, se avanzará -por ejemplo- en el fortalecimiento a la ley de control de armas, que se ingresarán enmiendas a los proyectos refundidos “sobre fortalecimiento de la persecución penal del tráfico de drogas y crimen organizado con énfasis en las nuevas hipótesis de decomiso” y, asimismo, al proyecto que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas.

Por otro lado, Siches adelantó que también priorizarán la reforma a Carabineros, la que será coordinada por una unidad ministerial especializada, donde algunas de las propuestas estarán concentradas en modificaciones a la carrera policial, al proyecto de especialización y profesionalización y al aumento de las penas establecidas en el Código Procesal Penal.

El asunto también fue abordado ayer por el Presidente Boric en entrevista con Cooperativa. “Necesitamos recuperar la legitimidad de las policías y eso no se recupera solamente cortando cabezas cuando hay algún problema, cuando sea necesario lo vamos a hacer, que no les quepa duda, pero acá el trabajo es mucho más quirúrgico y de largo plazo que de machete”, dijo al ser consultado sobre las solicitudes de renuncia del director general de la institución, Ricardo Yáñez. Y agregó: “Nosotros permanentemente estamos evaluando a las autoridades (...). Pero a mí lo que me interesa es sacar adelante la reforma de Carabineros”.

En materia de institucionalidad, además, la ministra aseguró que el gobierno impulsará indicaciones al proyecto presentado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que crea un Ministerio de Seguridad Pública, separando el control público del Ministerio del Interior. En este caso, dicha institucionalidad se nominaría como “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”.

Algo que ya había adelantado Monsalve y que reiteró Siches también en la Comisión de Seguridad ayer es que el gobierno presentará un nuevo proyecto de ley que reforma el sistema de inteligencia. “Tenemos falencias y la idea es poder mejorar las capacidades operativas y de coordinación de los distintos actores”, sostuvo la titular de Interior, a la vez que anunció que realizará revisiones, pero de “más largo aliento”, a cuerpos legales como la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado, las normas de prisiones preventivas y la Ley de Seguridad Privada.

En cuanto a la protección de víctimas, en tanto, se buscará impulsar una ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delito. Y, asimismo, un observatorio permanente de los delitos graves y violentos.

El nudo por el estado de excepción y el eterno “dilema” por el orden público

Con el plazo autoimpuesto para presentar una propuesta este miércoles al oficialismo para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur, en el gobierno -hasta el cierre de esta edición- aún se exploraban sus detalles y que durante la mañana de este martes fue confirmado por el Presidente Boric. “Estamos trabajando en instalar ‘estados intermedios’ para que las fuerzas militares puedan resguardar, por ejemplo, las carreteras”, adelantó el Mandatario, y pidió a los parlamentarios tener la voluntad para discutirlo.

Por ahora, Boric -en entrevista con Cooperativa- deslizó que es poco factible “reeditar” el proyecto de infraestructura crítica presentado por la administración anterior por las críticas que él mismo apuntó cuando era diputado. “La ley de infraestructura crítica que presentó el gobierno anterior era una ley que, desde nuestro punto de vista, se salía de los estándares internacionales”, aseveró.

A nivel de ambas coaliciones que sustentan al gobierno hay diferencias en cuánto a qué permitir en la agenda de orden público y seguridad: dentro de Apruebo Dignidad es mucho más resentida la convocatoria a las Fuerzas Armadas para el control de orden público. Mientras que en el Socialismo Democrático, los partidos han demostrado ser más llanos a esa fórmula y al mecanismo intermedio esbozado por el Ejecutivo. Incluso, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), hizo ayer un llamado al gobierno a aplicar el estado de excepción constitucional en la zona, sin matices.

El diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez planteó que en cuanto a temas de seguridad, “no podemos seguir haciendo lo mismo que hizo el gobierno de Piñera”, y señaló que está abierto a dialogar sobre una “figura nueva, distinta, que se centre en proteger a los trabajadores sin militarizar la zona completa”.

En cuanto a los temas de seguridad presentados por la ministra en su agenda legislativa al Senado, Ibáñez puntualizó que si bien hay temas de orden público y seguridad prioritarios que atender, es urgente avanzar rápido en reformas más estructurales. “Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo y es urgente avanzar en las prioridades mientras, a la vez, avanzamos en reformas”, recalcó.

Una de mas voces más críticas a lo deslizado por el Ejecutivo es el parlamentario de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien ya tomó distancia del proyecto y anticipó que será complejo analizar una modificación que implique presencia militar.

“Tener un estado de excepción ‘intermedio’ o una suerte de ley de infraestructura crítica acotada sería un error (…). Hay una discusión respecto de cuáles son las medidas que se deben tomar para una respuesta estructural, que rinda frutos en materia de seguridad. No tenemos ningún problema en analizar el proyecto en su mérito, pero la presencia de militares puede ser un serio problema, se arma un ‘polvorín’ incontrolable”, señaló.

En el Socialismo Democrático, en cambio, muestran mayor apertura con dicha agenda. Su timonel (S), Andrés Santander, es de la idea de que “toda iniciativa que fortalezca las atribuciones del gobierno para enfrentar temas de seguridad, protección a la comunidad y a los trabajadores será valorada por nosotros”. Sin embargo, la diputada PS Emilia Nuyado criticó la medida adelantada por el Ejecutivo, planteando que no es “una respuesta al diálogo que se debe tener con el pueblo mapuche, del cual siento que (el gobierno) se ha alejado”.

Un punto similar hace la timonel PPD, Natalia Piergentili, quien afirmó que la izquierda y la centroizquierda no deben marginarse de hacer frente a las temáticas de seguridad y todo el abanico de posibilidades que aquello implica, incluyendo despliegues militares. “El tema de la seguridad es un tema de la izquierda en tanto afecta a la ciudadanía y a los más débiles. Distinto es que pueda haber matices en el uso de la fuerza. Las medidas para la Macrozona Sur deben ser complementarias y no excluyentes. Es decir, tanto las políticas de entrega de tierras como el diálogo deben ir de la mano con políticas de seguridad, justamente para cautelar esa política y ese diálogo”.

Entre los liberales, el presidente Patricio Morales apuntó que “si bien a la centroizquierda le ha costado más llevar adelante políticas de seguridad, lo puede hacer más eficiente, pues la derecha ha demostrado que cae rápido en un fanatismo por la acción militar. Nos parece correcto explorar despliegue de militares en ciertos espacios críticos como carreteras más que estén dispersos por todo un sector urbano. Es más eficiente”.

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