“Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, dijo el Presidente Gabriel Boric el 19 de enero pasado, durante un inédito punto de prensa que se realizó en los patios de La Moneda y que se cerró con un fuerte apretón de manos entre el actual jefe de gobierno y el mandatario electo.

Esa era la tercera vez que Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunían en privado desde el amplio triunfo electoral del líder republicano. La primera vez había sido el 15 de diciembre, a la mañana siguiente de la segunda vuelta presidencial, y un mes después, el 15 de enero, se habían vuelto a encontrar, esta vez, junto a sus asesores y equipos de trabajo, para concordar un traspaso de mando fluido y ordenado. Esa tercera cita, en medio de la emergencia por el megaincendio que azotó las regiones de Ñuble y Biobío, que cobró la vida de 20 personas, la quema de más de 25 mil hectáreas y la destrucción de 817 viviendas, auguraba una transición pacífica para los dos últimos meses de gobierno del frenteamplista.

Pero la tregua duró poco.

En La Moneda, fuentes del comité político señalan que las permanentes acusaciones desde el equipo de Kast a “los amarres” que supuestamente pretende dejar el actual gobierno a la futura administración fueron un punto de inflexión. Desde entonces, la decisión ha sido responder las críticas. Pero, aseguran, esto se ha dado de manera natural, en el contexto de un traspaso de mando de un gobierno a otro de signo totalmente contrario.

A medida que el presidente electo tomaba cada vez más protagonismo, desplazando del foco de atención al mandatario saliente, junto a la dificultad del actual gobierno en sellar un relato para el término de su mandato, se tensionaron -de una manera inédita- las relaciones entre la actual administración y las futuras autoridades.

“Hay una evidente disputa por el control de la agenda pública, fuertemente influida por la pelea del poder simbólico que José Antonio Kast ha intentado establecer con sus cuatro giras internacionales y por la forma en que copó el debate político en las últimas semanas”, señala el doctor en Ciencias Políticas y decano de la Universidad Central, Marco Moreno.

“Eso no lo habíamos visto en las transiciones anteriores, donde lo usual es que los presidentes electos esperaban, en alguna medida, llegar al 11 de marzo para tomar el protagonismo”, añade Moreno.

En lo formal, recalca el cientista político, las reuniones a nivel de ministros para el traspaso de información a las nuevas autoridades han funcionado bien. Pero las tensiones que se registran por los cuestionamientos y críticas de Boric a Kast -y las respuestas de personeros cercanos a este último- podrían llegar a afectar, remarca Moreno, la instalación del próximo gobierno, afectando la gobernabilidad.

En el equipo del presidente electo también miran con preocupación lo que ha sido este periodo de traspaso de mando.

“El Presidente Boric está jugando la política chica para tratar de llamar la atención. Aquí hay una disputa por el poder simbólico, o sea, por quién controla la agenda pública a final de cuentas. La actitud del presidente y del gobierno, en el fondo, es la de alguien que está diciendo ‘aún estoy aquí, no me olviden’. Ellos sufrieron una derrota muy contundente, que dejó muchos heridos en el oficialismo y muchas fisuras entre los partidos que sostenían al gobierno”, señala bajo reserva un miembro del futuro gabinete de Kast.

Como ocurre en todo gobierno saliente, el debilitamiento de la figura del Presidente Boric, a sólo semanas de que deje La Moneda, ha sido notorio. No sólo sus giras por las regiones extremas durante este verano quedaron opacadas frente a los periplos internacionales del presidente electo. El jefe de Estado ha visto, además, cómo su anhelo de dejar una coalición progresista, que fuera desde la DC al PC, la que esperaba fuera su gran legado, está más lejos que nunca de cumplirse.

Hace cuatro semanas que el comité político no se reúne con los presidentes de partidos, y las tensiones entre el PS y sus aliados del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el PC, tras las críticas por la aprobación de la Ley Naín-Retamal, no han logrado superarse. Tanto es así, que a menos de un mes del término del mandato, el actual oficialismo sigue evaluando la posibilidad de hacer una especie de cónclave, en el que vuelvan a reunirse todos. Algo que ya propuso la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, al ministro del Interior, el también socialista Álvaro Elizalde, pero que aún no ha logrado cuajar.

Así, con la amenaza de cerrar su gobierno sin una foto de unidad de todo el arco oficialista y sin un relato que mostrar, señalan personeros del próximo gobierno, el mandatario habría optado por confrontar a Kast y a sus equipos.

El lunes de esta semana, Boric cuestionó el discurso que dio Kast en Bruselas ante representantes de partidos de ultraderecha, el que retomó la lógica de “la batalla cultural” y criticó los ismos (“ambientalismo, animalismo, feminismo) como banderas de la izquierda. ”Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural", dijo. En la misma ocasión, el mandatario acusó a la UDI de dilatar intencionalmente la aprobación del proyecto de ley de sala cuna universal para “no darle un logro al gobierno”.

Pero La Moneda no se quedó ahí, también buscó responsabilizar a Kast y a la Oficina del Presidente Electo en la demora de la ley que busca extender el beneficio de sala cunas gratuitas. “Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, dijo el miércoles 11 la ministra Camila Vallejo.

La pelea escapa a lo meramente simbólico.

En el equipo de Kast se quejan de que ha existido “falta de deferencia y en muchos casos de prudencia” por parte del gobierno saliente al insistir, a un mes del término de su mandato, en llevar adelante decisiones políticas inconsultas, o por sacar reglamentos y leyes a última hora sin el acuerdo de las actuales oposiciones.

Algo que estaría afectando el “diálogo republicano” que se lleva adelante en las distintas carteras entre los ministros salientes y las autoridades que asumirán a partir del 11 de marzo.

“En las últimas semanas hemos visto algunas cosas que el gobierno de Boric ha pedido sacar, algunos reglamentos que nosotros sabemos que no son convenientes, o en los esfuerzos que están haciendo por designar a su gente en cargos, en algunos organismos, que para nosotros responde más bien a un intento por meter una cuña al gobierno entrante”, afirma uno de los próximos ministros de Kast.

La lista es larga para el entorno de Kast. En el plano internacional, acusan de falta de deferencia a Boric por no haberles anticipado que el 2 de febrero realizarían en La Moneda, junto a los representantes de Brasil y México, la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, un tema que divide a las actuales oposiciones.

El jefe de Estado había adelantado el 16 de enero que ese acto se haría antes del término de su mandato, sin precisar una fecha. “Vamos a formalizar esa candidatura. Estamos viendo los plazos con la Presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, dijo Boric en esa ocasión. Pero ni él ni el mandatario brasileño, Lula da Silva, quien se reunió con Kast en Panamá el 28 de enero, le avisaron al presidente electo chileno que estaban preparando el acto que se realizó en La Moneda.

“Lo que está haciendo el gobierno, postulando Michelle Bachelet, es el amarre más grande que está dejando precisamente el gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración”, criticó el timonel del Partido Republicano, senador electo Arturo Squella.

Los dichos del dirigente republicano fueron respondidos con fuerza por el Presidente Boric a través de su cuenta en la red social X. “Calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremendas”, señaló.

La pugna reactivó los cuestionamientos por “otro amarre” que, según la derecha, intentaba hacer el actual gobierno para el traspaso a la dotación de planta en algunos ministerios y servicios públicos de funcionarios a honorarios que habían ingresado durante la actual administración. Algo que ha sido desmentido por la vocera de Palacio.

Las bilaterales

En el plano interno también se han generado tensiones en el traspaso de mando en algunas carteras sectoriales. “Hay algunas situaciones que son muy complejas”, señala un futuro ministro de Kast.

En Educación, recalcan desde el equipo del presidente electo, se han hecho recortes en el presupuesto destinado a arreglar la infraestructura de los establecimientos educacionales, lo que podría provocar que algunos tengan dificultades para el retorno a clases en marzo.

O el conflicto en Transportes entre el ministro Juan Carlos Muñoz y su sucesor, Luis de Grange, con motivo de la implementación del reglamento de la llamada “Ley Uber”. Una discusión que se ha dado de manera soterrada y que ha calentado los ánimos en la previa a que ambos sostuvieran una primera reunión bilateral el viernes 13 para proceder al traspaso de la cartera.

De Grange llega con el mandato expreso del presidente electo de modificar la ley Uber y su reglamento, algo que esperaba discutir con Muñoz aprovechando que el actual ministro había anunciado a fines de enero que la implementación de esta norma quedaría pendiente para la próxima administración. Esto, debido a que habían tenido que declarar desierta por segunda vez la licitación de la plataforma que se haría cargo del registro electrónico de permitiría operar el sistema.

“Nos hemos demorado más de lo que nos deberíamos haber demorado”, reconoció el ministro Muñoz el 23 de enero pasado. Pocos días después, sin embargo, De Grange recibió por WhatsApp un mensaje que lo alarmó. El texto le advertía que el gobierno de Boric había dado instrucciones de seguir adelante con la implementación de la ley Uber y de su reglamento, acelerando los plazos para una nueva licitación exprés, que adjudicó el desarrollo de la plataforma de registro electrónico a un nuevo proveedor.

En el entorno de Kast señalan que otro foco de tensión con las autoridades salientes ha sido la decisión de Corfo de vender parte de su patrimonio por un monto cercano a los US$387 millones para así poder cumplir con las metas fijadas en la Ley de Presupuesto para los aportes que tiene que hacer esta institución al Fisco y que no logró realizar debido a que el valor del litio alcanzó cifras muy por debajo de las estimadas inicialmente por la Dipres.

En la lista que ya registran los republicanos de decisiones de última hora del gobierno saliente, también figura la polémica en la que se han enfrascado el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el titular de la cartera, el socialista Carlos Montes, por el recorte en más de un 50% en los subsidios habitacionales del Fondo Solidario (DS49), los que caen de 40 mil a cerca de 19 mil para este año. Una decisión que, aseguró Poduje, “supone una crisis de proporciones para el próximo gobierno”, en medio del grave déficit de viviendas y las urgencias de la reconstrucción aún pendientes tras el incendio de Valparaíso y el ahora reciente megaincendio de Penco y Lirquén.

El 3 de febrero pasado, Poduje llegó al Ministerio de Vivienda acompañado de su futuro equipo de trabajo para reunirse con el ministro Montes e iniciar así formalmente el proceso de traspaso de información.

Cercanos al urbanista afirman que el futuro ministro se había preparado para una reunión de no más de una hora con las autoridades salientes. Pese a que conoce a Montes desde hace más de 20 años y han tenido una buena relación, sus constantes críticas al manejo de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Viña del Mar y Valparaíso, como la discrepancia que han tenido respecto de las cifras de personas que deberían recibir ayuda del Estado para reconstruir sus casas destruidas por los incendios (el gobierno señala que no puede entregar subsidios a quienes tenían viviendas en terrenos tomados, algo que está establecido en el decreto supremo 332, promulgado en el año 2002, mientras que Poduje insiste en que no hay personas inhábiles y que todos los damnificados deben obtener ayuda del Estado (independiente de si estaban en terrenos propios o en tomas) lo que habría mellado el trato entre ambos.

Sin embargo, la reunión se extendió por casi tres horas, durante las cuales Montes le entregó 14 carpetas con una detallada información de los programas que está ejecutando el ministerio. En un momento de la conversación, Poduje le preguntó al ministro por el tema del recorte en los subsidios habitacionales del Fondo Solidario y le manifestó la gravedad que tenía eso.

“Montes le indicó que eso era un error y que él lo iba a enmendar antes del termino de su gestión”, aseguran cercanos a Poduje.

El 5 de febrero, dos días después de la bilateral, sin embargo, el gobierno ratificó el recorte. El hecho fue interpretado por el equipo de Kast como una intervención de La Moneda en Vivienda para obstaculizar la gestión del gobierno entrante.

Montes ha negado tajantemente que se hubiera comprometido con Poduje a revertir el recorte en los subsidios, por tratarse de una decisión de Hacienda que no estaba en sus manos. “Era imposible que se comprometiera a algo que no podía cumplir”, indican desde el equipo del titular de Vivienda.

Es más. Durante la bilateral, señalan, Montes le explicó a Poduje que era una situación inédita que tuvieran que ajustar a la baja el gasto aprobado por la Ley de Presupuesto hace sólo unos meses, debido a la caída en los ingresos fiscales. Esto llevó a la Dipres a asignar fondos para 19.587 subsidios por el DS49, de manera inicial, lo que no implicaba que durante el año no se pudieran incrementar los fondos hasta “un techo” de 40.000 subsidios, en la medida en que el Fisco recaudara más dinero. Por lo mismo, le insistió a Poduje que no había una reducción en los subsidios habitacionales para las familias de menores ingresos, pues, más que un recorte, la decisión implicaba una graduación del gasto. Una explicación que no dejó conforme al futuro ministro de Vivienda de Kast.

En Vivienda, cercanos al ministro Montes niegan que la decisión de confrontar al futuro ministro de Vivienda de Kast haya bajado desde la Moneda y afirman que, desde que estallaron los escándalos por los casos Convenios y Fundaciones, se tomó internamente la determinación de salir a responder todas las acusaciones falsas y “no permitir que se instalen falsedades”.

Algo que en los equipos de Kast no convence del todo.