Las últimas semanas no han sido fáciles para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). El traspié que sufrió el gobierno con el proyecto de sala cuna volvió a poner bajo la lupa la capacidad de la cartera para anticipar escenarios, ordenar los votos oficialistas y coordinar a las distintas bancadas antes de que las iniciativas lleguen al hemiciclo.

El episodio tuvo un ingrediente especialmente incómodo para La Moneda: parte importante de las críticas no vino desde la oposición, sino desde las propias filas oficialistas. En Renovación Nacional, partido al que pertenece el ministro José García Ruminot, comenzaron a levantarse voces que apuntaron a la necesidad de reforzar el equipo político de la cartera y, particularmente, las áreas encargadas de la coordinación con el Congreso.

El senador Manuel José Ossandón fue uno de los que hizo público ese malestar. Tras el episodio de sala cuna, llamó al ministro a tener un rol “más activo” en la coordinación con los jefes de comité y sostuvo que algunas iniciativas se habían caído por “falta de pega de coordinación”. También apuntó a la necesidad de mayor experiencia en ese trabajo.

En privado, el diagnóstico que circula en sectores del oficialismo apunta a una debilidad en los equipos políticos dependientes de la Segpres. La mirada se ha concentrado especialmente en la División de Relaciones Políticas (Direpol), liderada por el republicano Emiliano García, encargada de la interlocución con el Congreso; y de la División Jurídico Legislativa, a cargo de Carolina Helfmann, dos áreas claves para anticipar dificultades en la tramitación de los proyectos del Ejecutivo.

Por lo mismo, hace algunas semanas, el cientista político Sebastián Sotelo recibió el llamado del propio García Ruminot y de la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, para conversar sobre su incorporación al equipo.

Con esta última existe, además, una relación profesional de larga data: ambos se conocen desde hace más de 15 años, cuando Sotelo se desempeñaba como asesor legislativo a la Fundación Jaime Guzmán y Castillo trabajaba en la Segpres como asesora -con el ahora biministro Claudio Alvarado- durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Luego de eso, Sotelo pasó a ser investigador asociado.

La relación profesional luego se estrechó años después. Durante el segundo gobierno de Piñera, cuando Castillo se desempeñaba como jefa de la Direpol, Sotelo formó parte de su equipo y ejerció como coordinador de la división.

Desde la Segpres confirman que existen “conversaciones para que trabaje y asesore directamente al ministro y a la subsecretaria en el gabinete”. Sin embargo, según pudo conocer La Tercera, su arribo ya está sellado y la incorporación se concretaría el próximo 21 de septiembre, una vez que concluya el período de Fiestas Patrias.

El fracaso con el proyecto de sala cuna no es el único antecedente que explica este ajuste. En las últimas semanas, distintas iniciativas del gobierno han enfrentado dificultades en el Congreso, alimentando entre parlamentarios oficialistas la percepción de que La Moneda necesita mayor anticipación política y una coordinación más fina con sus propias bancadas.

Quienes conocen del movimiento de piezas, el arribo de Sotelo busca reforzar ese aspecto, asumiendo una especie de jefatura legislativa, dividiendo funciones con la división jurídica, a cargo de Helfmann.

Hasta ahora, Sotelo se desempeña en la Cámara de Comercio de Santiago y previamente había realizados estudios de posgrado en comunicación estratégica, un MBA y un máster en políticas públicas en la London School of Economics. De sus últimas incursiones en la política destacan haber trabajado como asesor de la bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional y un breve paso por la arena municipal.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, lo fichó como administrador municipal y hombre de confianza. Sin embargo, su paso por la comuna terminó abruptamente después de que el concejo municipal aprobara su remoción, en abril de 2025, por seis votos contra tres, en medio de acusaciones relacionadas con eventuales escuchas mediante cámaras con captación de audio.

La salida derivó posteriormente en una disputa judicial. En febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción presentada por Sotelo, desestimó las acusaciones en su contra, calificó su remoción de ilegal y ordenó su reincorporación, además del pago de las remuneraciones correspondientes al período en que estuvo fuera del municipio.

El episodio tuvo además una dimensión política. La remoción había contado con apoyos que cruzaron desde la izquierda hasta el Partido Republicano y dejó expuestas tensiones entre sectores de la derecha en Independencia.

Tras su salida del mundo municipal, Sotelo terminó alejándose de la actividad partidaria y renunció a la UDI, optando por desarrollar su carrera en el mundo privado.