A pesar de que la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que pretendía rebajar la dieta y eliminar las asignaciones (gastos de oficina y personal) para los expresidentes de la República, el flanco legislativo no está completamente cerrado.

Esa iniciativa había surgido de la fusión de un conjunto de mociones –de autoría de diputados como Pamela Jiles y Carlos Bianchi– que buscaban reducir, regular o derechamente eliminar la suerte de “pensión” (dieta y asignaciones) que podría recibir el Presidente Gabriel Boric una vez que deje La Moneda en marzo de 2026.

Si bien al ser rechazada la idea de legislar de esa reforma este tema no puede volver a discutirse en el Congreso hasta septiembre del próximo año, entre algunos legisladores quedó en carpeta volver a insistir en el punto en la discusión de la Ley de Presupuestos de 2026, toda vez que en el mismo debate quedó expuesto que los gastos de oficina, de personal y de viajes de los exmandatarios obedecen a un acuerdo de comités en el Senado y no son necesariamente obligatorios desde un punto de vista legal ni constitucional. En la Cámara, de hecho, quedó meridianamente claro que solo las dietas (las remuneraciones, que ascienden a los $7,3 millones) de los expresidentes tienen un efectivo respaldo en la Carta Fundamental (Ley 19.762).

En la discusión presupuestaria, en todo caso, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) estableció un criterio distinto.

Según se lee en el proyecto de la Ley de Presupuestos 2026, se dispone de un fondo de 830 millones para los exgobernantes con carácter de ley permanente, haciendo una interpretación extensiva de la Ley 19.672.

Hasta este año, el gasto para los expresidentes estaba cuantificado en $679 millones anuales, por lo que a partir de 2026 se añadieron 151 millones (un 22,3% adicional), que corresponden proporcionalmente a lo que recibirá Boric entre el 11 de marzo y el 31 diciembre, con la posibilidad de que ese monto se renueve todos los años de por vida.

“Considera recursos de continuidad para el financiamiento de los tres expresidentes que actualmente existen (Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet), donde se incluyen dietas, traslados y funcionamiento de oficinas. Además, incluye recursos para el financiamiento por 9 meses del Presidente Boric, una vez concluido su periodo presidencial”, dice el documento de la Dipres en el que se detallan los recursos dispuestos en la partida del Congreso Nacional (N. del R.: desde el año 2000, estos fondos son parte del presupuesto del Senado, ya que antiguamente los presidentes de la República pasaban a ser senadores vitalicios).

El problema es que al ponerle la categoría de “ley permanente” a esos gastos –según se lee en la información complementaria que publica la misma Dipres– no solo las dietas, sino que también los gastos de oficina, de personal y de traslados de los exmandatarios no se podrían rechazar.

“El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente”, dice la Constitución en su artículo 67.

Con ese cerrojo, un parlamentario eventualmente podría impugnar el carácter de ley permanente de los recursos para oficinas, viajes y personal de expresidentes, pero, en respuesta, el Ejecutivo podría hacer reserva y defender su criterio ante el Tribunal Constitucional, donde en teoría hay una mayoría oficialista.

Este hecho molestó a la oposición. El diputado Andrés Longton (RN), advirtió que Chile Vamos está dispuesto a rechazar en bloque el Presupuesto 2026. “Esto no es un debate contable, es un debate moral. No hay justificación para que un expresidente de 40 años, en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos. Es una bofetada para los pensionados que sobreviven con sueldos indignos y para las familias que apenas logran llegar a fin de mes. No vamos a validar este blindaje”, indicó.

El jefe de bancada de los republicanos, Cristián Araya, en redes sociales dijo que “Boric se aseguró su pensión vitalicia: $151 millones extra desde marzo. Blindó por ley permanente sueldos, oficinas, personal y viajes. El mismo que antes pedía recortarlos. Cara de palo nivel Dios”.

¿Asignaciones no son ley permanente?

Las asignaciones y las dietas a los expresidentes surgieron de un acuerdo político de la transición el año 2000, cuando se reguló la norma constitucional que generaba el “estatuto de los expresidentes”. Desde entonces, el Senado a través de la Ley de Presupuestos comenzó a pagar estos dineros.

Ese acuerdo tenía como finalidad lograr la renuncia de Augusto Pinochet al Senado, quien, tras dejar la comandancia en jefe del Ejército, se transformó en el primer senador vitalicio en marzo de 1998.

Así se llegó a la reforma del 2000 (Ley 19.672 o “estatuto de expresidentes”), que establecía que a quienes tuvieron la dignidad de Primer Mandatario se les aplicarían las disposiciones del artículo 62 de la Constitución, que amarraba sus dietas y sus asignaciones a los ingresos que tenían parlamentarios y secretarios de Estado.

No obstante, ese esquema cambió en 2020. Tras el estallido social, el Congreso tramitó un conjunto de reformas para reducir “los sueldos” de las autoridades. Una de esas mociones era del entonces diputado Gabriel Boric.

Fue en esa discusión legislativa en que se resolvió sacar las asignaciones de la Carta Fundamental. El problema es que aparentemente los parlamentarios no se percataron de que estaban dejando sin piso jurídico las asignaciones de los expresidentes que solo estaban en la Constitución, a diferencias de los “gastos de secretaría” para parlamentarios que están en la Ley Orgánica del Congreso.

Hoy la Carta Fundamental, en el mencionado artículo 62, solo dice que “los diputados y senadores (y por extensión los expresidentes) percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”, sin mencionar asignaciones.

Un informe del fiscal del Senado Javier Norero, del 6 de agosto de 2020, recomendó eliminar el pago de las asignaciones. Sin embargo, el Senado reveló que ese mismo año se hizo un informe más acabado que concluyó que se podía seguir pagando esas asignaciones, en la medida que hubiera un acuerdo administrativo de las bancadas, amparándose en la Ley de Presupuestos y en normas de la Ley Orgánica del Congreso que permiten administrar recursos.

“La comisión (de régimen) acordó que se sigan pagando sin variación las asignaciones de traslación y oficina de los expresidentes, con cargo a dichos fondos contemplados en el Presupuesto del Senado”, dice el acuerdo de agosto de 2020, que daba continuidad a resoluciones de 2017, de 2010 y 2007.