“Los falsos positivos producen consecuencias”, recalcó Jaime Mañalich ante el inminente debate legislativo que se avecina por los exámenes de droga para autoridades.

Fue a través de una carta pública en la que el dos veces ministro de Salud del fallecido expresidente Sebastián Piñera, hizo sus prevenciones sobre los test, luego de que el gobierno de José Antonio Kast desvinculara al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, al dar positivo en uno de estos controles periódicos, hoy contemplado a nivel legal.

Aunque el nefrólogo, epidemiólogo y salubrista dijo a La Tercera que es partidario de que un dignatario, al que se le compruebe que es consumidor habitual de sustancias ilícitas, deje el cargo, advirtió que existe un porcentaje de “falsos positivos” que arrojan estos exámenes que debe ser tomado en cuenta “con mucha cautela”, en la nueva regulación que está impulsado el Presidente Kast.

Esta problemática fue planteada también por la periodista Andrea Vial en T13 Radio, tras la carta que publicó Mañalich en El Mercurio la semana pasada.

Reforma en curso

Este lunes, sin embargo, el debate tomó más vuelo, luego de que, en una ceremonia en La Moneda, el Mandatario firmó una reforma a la Carta Fundamental, que ingresará la próxima semana por la Cámara de Diputados, que eleva a rango constitucional el carácter obligatorio de los test de drogas.

A días que estallara el caso del exsubsecretario, el Ejecutivo resolvió tomar la iniciativa y materializar una medida que ya había sido esbozada en la campaña.

No obstante, la reforma -que hace propia varias mociones para regular este tema, en el ánimo de poner una valla entre el narcotráfico y la política- va más allá e incorpora causales de cesación de cargo para ciertas autoridades como ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y concejales, a quienes se les detecte un consumo no acreditado de drogas.

La iniciativa no contempla, por el momento, las mismas obligaciones para el Presidente de la República, ni jueces del Poder Judicial, ni autoridades de la Fiscalía, de la Contraloría, de las FF.AA. o las policías.

Mañalich sostuvo que una regulación debe tener una mirada integral que obligue desde el Presidente de la República a otras personas que ejerzan otras responsabilidades públicas, pero resguardando ciertos aspectos metodológicos.

“Yo coincido en la opinión general de que una persona que tiene adicción a drogas de consumo tiene una situación incompatible con un cargo de alta responsabilidad pública. Y eso, en mi opinión, implica a personas como el mismo Presidente de la República, jueces”, dijo a La Tercera.

No obstante, señaló que el marco jurídico “es incompleto”, en el cual operaría “esta potencial reforma constitucional, según “lo que conocemos hasta aquí”.

“Creo que ahí hay un problema esencialmente técnico y es que cuando se somete a un examen de búsqueda de cualquier cosa, pero digamos en este caso de drogas, el mínimo que uno puede esperar -no sabemos los valores de corte que usan los distintos laboratorios-, es que haya por lo menos un 1% de falsos positivos”, comentó.

Puso como ejemplo, que, si el test considera un panel de cinco sustancias, implica cinco mediciones distintas, “o sea, marihuana, cocaína, anfetamina, en fin, lo que fuera”.

“Eso significa que, en un panel de 5 exámenes, al menos el 5% de las veces, va a resultar en falsos positivos. Si uno dice, bueno, esta reforma constitucional va a implicar que al año se van a hacer, voy a decir cualquier número, 2 mil exámenes, la posibilidad de que aparezca al menos un caso en que haya un falso positivo es de 50 casos”, expresó.

Si el gobierno se queda solo con la primera muestra como el caso del exsubsecretario, implica que eventualmente a esas 50 personas “se les va a cesar el cargo”.

Incluso, Mañalich advirtió que esa cifra de falsos positivos puede ser mayor, ya que el margen de error puede llegar a ser, incluso, el 5%.

“Por ejemplo, si estamos hablando de un 2% (de falsos positivos por cada examen), estamos hablando de que, en los exámenes acumulados, o sea, al testear la probabilidad de un falso positivo del 2% para marihuana, 2% para cocaína, en fin, estamos hablando del 10%, entre miles de exámenes. Un 10% va a salir positivo con al menos una droga, como ocurre con el perfil bioquímico hoy día”, explicó.

“A esas autoridades se les va a someter en la práctica a una muerte cívica”, señaló el exministro, quien agregó que por estas mismas razones “es un tema que tiene que hacerse con mucha cautela”.

Por ello, sostuvo que necesariamente cualquier efecto público o sanción debe realizarse con “el examen de confirmación, no con el primer examen, como ocurrió en el caso del subsecretario”, dijo.

Si la probabilística de Mañalich se aplica hipotéticamente solo a nivel de los 24 ministros que hoy tiene el Presidente Kast, entre uno a dos de los actuales secretarios de Estado debieran salir con un falso positivo en cada ronda de exámenes. Si son dos test por semestre, serían dos a cuatro por cada año.

Entre los 205 parlamentarios (50 senadores y 155 diputados), los falsos positivos podrían llegar a 20 en cada turno de controles.

Reparos desde el Senado

Este martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también expresó sus reparos respecto de la propuesta para darle un marco constitucional a los test de drogas para autoridades.

Si bien la senadora Núñez dijo ser partidaria de establecer controles obligatorios -de hecho, es autora de una moción en esa línea-, expresó sus dudas de que la iniciativa tenga como castigo la destitución de autoridades parlamentarias.

“El proyecto de reforma constitucional establece también sanciones, ni más ni menos que la remoción del cargo, y aquí estamos hablando de autoridades elegidas democráticamente. Por lo tanto, un falso positivo o alguna duda en el procedimiento obviamente que no puede transformarse eventualmente en ir modificando las representaciones, los quorum o que alguien elegido democráticamente pierda su escaño”, enfatizó sobre la propuesta del gobierno.