El mal tiempo no solo se vivía en las afueras del Congreso este martes.

La decisión de la bancada del Socialismo Democrático, ejecutada por el jefe de ese comité, Juan Luis Castro (PS), de sacar al senador de la Región de Antofagasta, Pedro Araya (PPD), de la Comisión de Constitución provocó una insospechada secuencia de efectos políticos.

De partida, fracturó las relaciones entre las cúpulas de los partidos que componen el Socialismo Democrático (PPD, PS y Partido Liberal).

Si bien la medida, adoptada en represalia por los acercamientos con el Gobierno de parte de Araya —en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, especialmente en temas de seguridad—, fue avalada por los senadores del PPD, sorprendió a la directiva de ese partido, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD).

No obstante, el hecho puso un signo de interrogación respecto de la continuidad del pacto administrativo y de gobernabilidad de la Cámara Alta, que disponía que el próximo año la presidencia de la institución sería asumida por un senador socialista: posiblemente Alfonso de Urresti (PS), según un acuerdo interno.

De hecho, consultado este lunes en la noche, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), hizo una sutil advertencia. Recordó que la distribución de las presidencias de las comisiones responde a un acuerdo político alcanzado en marzo, que también contempló la conducción de la Mesa del Senado. “Por eso yo insisto, había o existe un acuerdo que se generó en el mes de marzo y espero que los senadores puedan respetar ese marco que estableció ese acuerdo”, sostuvo.

Incluso algunos legisladores oficialistas creen que, si no se revierte la decisión, se rompería el pacto administrativo y Araya podría ser promovido como carta para presidir el Senado a modo de desagravio.

Pacto en riesgo

Hoy el oficialismo suma 26 de los 50 votos de la Cámara Alta, por lo que, con el senador por la Segunda Región, llegaría a 27, lo que le permitiría, en teoría, a las fuerzas gubernamentales tomar el control de la Mesa Directiva.

Uno de los factores que justificaría la molestia es que, si la oposición más dura toma el mando de la Comisión de Constitución, podría bloquear la tramitación de iniciativas cruciales, por ejemplo, la misma reforma constitucional de seguridad suscrita por Araya junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicano).

También quedaría en suspenso la insistencia por la reforma migratoria o la discusión de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente. En términos prácticos, hoy la comisión está descabezada, por lo tanto, toda la agenda prevista inicialmente podría rediseñarse con el nuevo presidente de la comisión.

“Lo peor de la política queda en evidencia cuando quienes eligen un camino de diálogo son hostilizados por quienes creen que el camino para acceder al poder es negarle el sal y agua al gobierno a costa del país. Esa mezquindad queda al descubierto con decisiones matonescas e intimidatorias como esta, degradando el rol de la oposición. Además que se incumple de manera flagrante el acuerdo administrativo, por lo tanto, abrieron la puerta para una nueva configuración, ya que este pacto en su caso era nominal”, dijo Longton.

“Hace mucho tiempo no se había visto un acto de matonaje tan fuerte como el que acabamos de presenciar con esta salida o revancha o venganza, simplemente porque una persona ha actuado en el trabajo legislativo acorde al mérito que tienen los proyectos. Acá se cruzó una línea que le hace mucho daño a la democracia interna en el Congreso Nacional y esperamos que quienes estuvieron detrás de esto puedan rectificar y pedir las disculpas necesarias al senador Araya, al que han humillado profundamente”, añadió Squella.

Para tratar de calmar los ánimos, esta mañana, el senador Alfonso de Urresti se contactó con sus pares Javier Macaya (UDI) y Paulina Núñez (RN), quienes supuestamente le transmitieron que el episodio no debiera afectar el pacto administrativo.

En todo caso, este tema se analizará en una reunión que las bancadas oficialistas sostendrán en la tarde.

Reunión de urgencia

En la dirigencia del PPD, el hecho fue catalogado como “inaceptable”, porque, independientemente de las críticas al rol político que está desempeñando el parlamentario de Antofagasta, la forma en que se ejecutó la remoción, a espaldas del mismo senador PPD y de la directiva, rompe códigos del trato en política.

Como prueba de la molestia, la mesa nacional del PPD convocó a una reunión urgente a los expresidentes de la colectividad y a otros referentes de la tienda para analizar los pasos a seguir.

Este martes en la mañana, el diputado Soto se contactó con la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para expresarle su malestar. Según algunas versiones, la conversación fue tensa.

El diputado Jaime Araya (independiente PPD), hermano del afectado, calificó el hecho como una “mexicana” del senador Juan Luis Castro. “Es inaceptable. Si aquí alguien quiere imponer posiciones mayoritarias, me parece que no corresponde. Creo que esto rompe cualquier código de la política”, señaló.

El senador Araya, por su parte, dijo que el presidente del PPD se comunicó con él y le transmitió que el hecho era una “afrenta” para el partido. “Parece que el Socialismo Democrático pasó a ser el socialismo autoritario, donde pensar distinto tiene sanciones”, manifestó, al tiempo que emplazó directamente al senador Castro a explicar sus reparos a la reforma contra el crimen organizado.

En respuesta, la bancada del Socialismo Democrático emitió una declaración. “Esta es una decisión conjunta. La medida fue conversada y resuelta como comité, con la participación de todos los senadores que lo integran... No se trata de una decisión unilateral del PS ni se adoptó a espaldas del PPD”, dice el texto, que remarca que el objetivo era recuperar una mayoría en la comisión “que existe en el papel, pero no se refleja en las votaciones... quien ocupaba ese cupo optó por construir mayoría con el Gobierno y no con la oposición”.

Desde la Redacción de La Tercera, el senador Castro, jefe de la bancada, descartó que la remoción de Araya ponga en entredicho el acuerdo administrativo con el oficialismo y la eventual presidencia de De Urresti en el Senado. “Puede haber dolores, pero otra cosa es que haya ruptura de acuerdos”, dijo.