Completamente acéfalo se encuentra el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, debido a que el 11 de marzo culminó el mandato de sus cinco integrantes.

A ellos se suma la vacante en el cargo del secretario ejecutivo de la entidad creada en 2010, Jorge Frites.

Esta situación ha llevado a algunos legisladores a recomendar la posibilidad de suprimir definitivamente el consejo, cuya misión ha sido regular el buen uso de los dineros fiscales (asignaciones) que se entregan para la labor institucional de los senadores y diputados, por ejemplo en temas de contratación de personal, gastos de oficina y arriendo de sedes.

Sin embargo, el marco regulatorio para las asignaciones ya existe y se ha mantenido estable en los últimos 15 años, por lo que la evaluación es que ya no se justifica financiar una institución que se reúne básicamente para resolver consultas menores y realizar ajustes de IPC.

Por lo tanto, algunos parlamentarios plantean que solo bastaría tener la debida fiscalización, a cargo del Comité de Auditoría, cuya permanencia no está en cuestión.

“Es una idea que se planteó para eliminar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias debido al alto costo que tenía. Sin embargo, lo ideal sería mantener las auditorías reforzadas y que las consultas las resuelvan las comisiones de régimen interno”, comentó el senador Pedro Araya (PPD)

Hasta el 10 de marzo, Araya presidía la Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores, encargada de buscar a nuevos consejeros, pero diferencias entre las bancadas, e incluso al interior de los propios partidos, hicieron imposible llegar a nombres de consenso.

A juicio del senador PPD, la atribución de realizar los ajustes de IPC o de reajustes del sector público puede ser traspasada a la Comisión de Fijación de Remuneraciones, entidad creada tras el estallido social para regular y equilibrar los ingresos que reciben las autoridades.

También partidario de eliminar este consejo se declaró el senador Juan Luis Castro (PS), quien integró la Comisión Bicameral en el período pasado. Sostuvo que “lo importante es que la fiscalización debe ser la mejor. El Consejo de Asignaciones ha funcionado bien para eso, pero para los nuevos tiempos hay que reevaluar de qué forma se controla incluso externamente al Congreso, en dar los recursos y el uso correcto de ellos”.

Un ajuste de esta naturaleza requiere, sin embargo, de la tramitación de un proyecto que reforme la Ley Orgánica del Congreso.

Botín codiciado

Hoy el costo de mantención del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias supera los 716 millones de pesos al año.

Casi todos estos recursos van destinados a personal. De partida, cada consejero recibe una dieta mensual del orden de 4 millones de pesos, pero su presidente tiene un ingreso mayor de 5,2 millones de pesos.

No obstante, se trata de un cuerpo colegiado sin dedicación exclusiva, que se reúne esporádicamente. De hecho, la ley solo les exige sesionar una vez al año.

Precisamente, los ingresos y la baja demanda de tiempo habían transformado al consejo en un codiciado botín político, una suerte de premio de consuelo para exautoridades.

Esta entidad la deben integrar un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho; un exministro de Hacienda o de Economía o un exdirector de Presupuestos; un exsenador y un exdiputado.

Estos dos últimos puestos son los que trabaron la posibilidad de un acuerdo a inicios de este año debido a la gran cantidad de interesados. Entre ellos figuraban los exdiputados Jaime Naranjo (ex-PS), Claudia Mix (Frente Amplio), Leopoldo Pérez (RN), Hugo Rey (RN) y Leonardo Soto (PS), y los exsenadores Jaime Quintana (PPD), Carmen Gloria Aravena (ind.-RN) y Rabindranath Quinteros (PS), quien hasta marzo ejercía como presidente del consejo y aspiraba a ser renovado en el cargo.

Al no haber entendimiento, la Comisión Bicameral que presidía Araya no pudo realizar una propuesta de nuevos integrantes, que además debían ser ratificados por los dos tercios de la Cámara y el Senado. Ello dejó sin cumplir una instrucción de la propia Ley Orgánica del Congreso que señalaba que los consejeros debían ser elegidos a inicios de enero de este año. Por tal razón, el consejo quedó sin reemplazantes y sin posibilidad de continuar funcionando.

Este vacío tiene otro problema, porque con el inicio de un nuevo período parlamentario la Comisión Bicameral quedó disuelta, a la espera de que las salas de la Cámara y del Senado designen a sus nuevos representantes.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría son dos instituciones que forman parte del Congreso Nacional y fueron creadas tras una seguidilla de escándalos que hicieron desfilar por los tribunales a decenas de parlamentarios debido al mal uso de recursos fiscales.

En principio, la idea era que el consejo se transformara en una suerte de escudo frente a polémicas por gastos cuestionados de parlamentarios, pero en la práctica -se sostiene- esa misión nunca la desempeñó.