El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó que el Gobierno cuenta con un “plan B” si la ampliación de Santiago 1 continúa entrampada judicialmente. Según explicó, la alternativa sería adelantar el proyecto de ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua, aunque recalcó que el Ejecutivo no quiere activar esa opción, por ahora.

“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, señaló Silva en entrevista con Estado Nacional, de TVN.

El subsecretario sostuvo que, pese al revés judicial por la ampliación de Santiago 1, el Gobierno insistirá en que el proyecto corresponde a una ampliación y no a la construcción de una nueva cárcel, como ha planteado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

“Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún”, afirmó.

La controversia se abrió luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener los trámites vinculados al proyecto. Según Silva, la discusión ahora está en manos de la Corte de Apelaciones, que debe definir si mantiene o no la medida precautoria.

El proyecto contempla sumar cerca de 1.200 plazas en el paño Pedro Montt, sector donde se ubican el Centro de Justicia, el Servicio Médico Legal, Santiago 1, Santiago Sur, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) y dependencias de Gendarmería.

Silva defendió esa concentración institucional y sostuvo que el sector funciona como un polo de justicia. A su juicio, ampliar Santiago 1 permitiría mejorar las condiciones del sistema penitenciario en la Región Metropolitana, que concentra una alta actividad delictual.

“Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad”, señaló.

El subsecretario también advirtió que el sistema penitenciario enfrenta un crecimiento acelerado de la población penal. Según dijo, en 2022 había cerca de 40 mil personas privadas de libertad, mientras que actualmente la cifra se acerca a 65 mil.

“Cuando uno mira el aumento de las plazas en nuestras cárceles, no conversan. Son dos trayectorias que no conversan. Ahí tenemos un problema grave que desde el punto de vista de seguridad hay que abarcar”, afirmó.

En ese contexto, Silva recordó que hace cerca de una década no se entrega un penal nuevo en Chile. Mencionó el caso de La Laguna, en Talca, cuya construcción demoró más de diez años y aún no termina de poblarse completamente.

El plan de infraestructura penitenciaria del Gobierno contempla una meta de 24 mil nuevas plazas, con un horizonte hacia 2031. Entre los proyectos mencionados por el subsecretario están un nuevo penal en Copiapó, otro en Calama, una ampliación en Antofagasta, duplicar la capacidad en Arica y también avanzar en la ampliación de Rancagua.

Silva añadió que el Gobierno también evalúa la construcción de un recinto destinado exclusivamente a internos de máxima peligrosidad, separado del resto de la población penal y ubicado idealmente en terrenos fiscales donde ya existan recintos penitenciarios.

“Hoy día lo que tenemos son módulos dentro de los penales. La idea es tener un penal dedicado exclusivamente a reos de máxima peligrosidad”, explicó.

Consultado por la ubicación de ese eventual recinto, el subsecretario evitó entregar detalles, pero afirmó que la tendencia será construir cárceles en zonas más aisladas.

“Siempre aislado, definitivamente. Esa es la tendencia o el patrón que estamos siguiendo en este plan de infraestructura”, sostuvo.