En la antesala de la revisión en el Senado de la acusación constitucional en contra de Diego Pardow por su manejo del error en las tarifas eléctricas, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió al extitular de Energía y advirtió sobre las consecuencias jurídicas que tendría una eventual aprobación del libelo en la votación de este martes.

Poco antes de las 14.00 horas de este lunes, en La Moneda, la portavoz del Ejecutivo realizó una vocería política para abordar la visita de trabajo del Presidente Gabriel Boric a Magallanes y la agenda de la semana.

En ese marco, contestó preguntas de la prensa sobre la acusación que podría terminar con su excompañero de gabinete sancionado con cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

“El gobierno ha sido muy claro en señalar que esta acusación constitucional no tiene mérito y marca un precedente bien peligroso en nuestra democracia, porque hace responsable políticamente a un ministro de Estado de actos que son, por mandato legal, responsabilidad de organismos técnicos”, planteó la titular de la Segegob.

Esto, en alusión a la defensa que ha realizado Pardow y su abogado Francisco Cox, en cuanto a que era la Comisión Nacional de Energía (CNE) la entidad competente para actuar frente al fallo metodológico que encareció las cuentas de luz de los chilenos en cerca de $112 mil millones por una doble aplicación del IPC.

“De aprobarse una acusación constitucional de esta envergadura ¿Qué queda para el futuro de los ministros, sea del gobierno que fuere? ¿Vamos a hacer que pasen por sobre las atribuciones de organismos técnicos por criterio político?“, inquirió la portavoz de palacio.

Vallejo afirmó que esto genera un precedente que “es peligroso” y aseguró que los expertos que acudieron a la Cámara de Diputados se plantearon también en esa línea.

“Invitamos, obviamente, al Senado, que es la entidad jueza en este procedimiento, que juzga y sentencia finalmente las revisiones de estas acusaciones a revisar estos argumentos, que son argumentos jurídicos y que dan cuenta de que no solamente no tiene mérito la acusación constitucional sino que es un precedente peligroso y riesgoso para lo que es el ordenamiento jurídico del Poder Ejecutivo”, manifestó Vallejo.

La vocera recalcó que “hay organismos técnicos que la ley mandata a cumplir ciertas tareas y funciones y que una autoridad política no puede pasarles por encima o dirigir esas definiciones que son técnicas por criterios políticos”