Abc es uno de los actores más relevantes en el retail mediano. La compañía, que surgió tras la fusión entre La Polar y AD Retail durante 2024, contaba con una red inicial de 100 tiendas físicas.

El año pasado su plan de reestructuración la llevó a cerrar 12 ubicaciones, entre ellas, la emblemática tienda de La Polar en el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago. Este movimiento se enmarca en un plan estratégico que busca optimizar recursos, reducir costos y fortalecer la rentabilidad de la operación en sus dos áreas más importantes: el negocio financiero y la venta de productos electrónicos.

Fue precisamente en esta última división donde la firma detectó recientemente haber sufrido un millonario fraude. Así lo detalló en una querella criminal por el delito de estafa reiterada, presentada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 17 de julio. La acción legal, interpuesta por la abogada Francesca Vicencio en representación de Abc S.A., apunta a un perjuicio económico directo que asciende a $14.639.775.

De acuerdo con el documento, la empresa acusa haber sido víctima de un engaño. La operación ilícita se gestó a través de múltiples adquisiciones realizadas entre mayo y agosto de 2025, período en el cual los querellados compraron 18 relojes inteligentes de la marca Apple, correspondientes a los modelos Apple Watch Series 10 y Ultra 2, utilizando la plataforma de ventas por internet del retail.

“Un mismo grupo de personas, utilizando un número telefónico común y múltiples identidades tributarias reales, de terceros o eventualmente inexistentes, efectuó compras de smartwatch Apple a través del canal internet de mi representada para, en el proceso de devolución, sustituir el producto original por una imitación o réplica no original (técnica conocida como “cambiazo”), obteniendo de mi representada la restitución integro del precio (vía nota de crédito) sin que ésta recibiera de vuelta el bien efectivamente vendido, generando un perjuicio económico relevante", consignó la querella de Abc.

Posteriormente, entre los meses de mayo y octubre del mismo año, los involucrados solicitaron la anulación de 16 de estas transacciones, cursándose las respectivas notas de crédito. En el proceso de devolución, los sujetos sustituyeron los productos originales por imitaciones o réplicas no originales, logrando la restitución íntegra del dinero.

La compañía advirtió en el escrito que estos hechos podrían configurar, además, una infracción a la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial por la comercialización de productos falsificados.

La acción penal se dirige en contra de los representantes y titulares de un grupo de razones sociales, entre las que figuran Transportes de Pas Gustavo Andrés Quiroz Reyes EIRL, Comercial Tronador SpA, y Comercializadora Sur GPS SpA, además de todos quienes resulten responsables. Según la querella, el análisis interno detectó que todas las operaciones fraudulentas estaban asociadas a un mismo número telefónico y a correos electrónicos con patrones similares.

Resolución

Fuentes de la empresa señalaron a Pulso que: “Apenas se detectó este patrón fraudulento, se reforzaron de inmediato los controles de recepción de productos devueltos en tienda y se entregaron todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía a través de la querella presentada. No hay clientes reales afectados”

A pesar de la gravedad de los hechos, la magistrada Karin Mercado Rivas resolvió declarar ayer inadmisible la querella, fundando su resolución por lo dispuesto en el artículo 114 letra b) del Código Procesal Penal, el cual indica que un juez de garantía no admitirá a trámite la querella si, tras haber otorgado un plazo de tres días para subsanar defectos formales, el querellante no realiza las correcciones dentro de dicho plazo.

Lo anterior debido a que la jueza había solicitado el pasado 21 de julio al querellante que aclare “la solicitud de diligencias investigativas ajustándolo a la normativa del art. 113 del Código Procesal Penal”.

“Sin perjuicio de lo anterior y advirtiendo el Tribunal que los hechos revisten carácter de delito; tómense los antecedentes como denuncia y remítanse en su totalidad al Ministerio Público para los fines correspondientes”, consignó la resolución de la magistrada.