“De nuestra consideración: De acuerdo con su solicitud y en relación con el informe de referencia, remitido el 17 de febrero del presente año, autorizamos su presentación ante el Ministerio Público”.

Así comienza el correo que el 21 de abril de 2025 envió el socio de PwC, Sergio Tubio, al abogado Javier Díaz, del estudio Barros & Errázuriz, en el que autorizó formalmente la entrega a la Fiscalía de un estudio elaborado por la auditora PwC el 17 de febrero. El informe fue incorporado a la investigación del denominado caso Audio-Factop y analiza el tratamiento financiero-contable de los instrumentos mantenidos por el Fondo de Inversión Capital Estructurado I, administrado por LarrainVial Activos AGF.

La autorización fue necesaria porque el documento fue originalmente encargado en el marco de una indagatoria iniciada por la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El informe, de 34 páginas, había sido entregado en primera instancia a esa entidad reguladora con expresa prohibición de usarlo en otra instancia.

Actualmente, el análisis forma parte de la última versión de la carpeta investigativa entregada la semana pasada a las defensas de los imputados del caso donde el Ministerio Público indaga eventuales delitos como lavado de activos. La investigación está en manos de los fiscales Felipe Sepúlveda, Pablo Araya y Miguel Ángel Orellana.

El Fondo de Inversión Capital Estructurado I fue creado a fines de 2022 por LarrainVial Activos AGF con el objetivo de reestructurar las deudas del empresario Antonio Jalaff, uno de los fundadores del Grupo Patio, donde ya no es socio. A cambio, los inversionistas obtendrían una participación indirecta en esa compañía. El fondo se dividió en dos series: la serie A, dirigida a los acreedores de Jalaff, y la serie B, colocada a través de la corredora STF Capital a inversionistas no institucionales.

En octubre de 2024, la CMF formuló cargos contra LarrainVial Activos AGF, su gerente general, miembros del directorio y ejecutivos de STF Capital, acusándolos de haber realizado prácticas engañosas que llevaron a inversionistas a adquirir cuotas de la serie B. La situación se agravó en diciembre, cuando la Fiscalía decidió formalizar a 13 personas, entre ellas ocho ejecutivos ligados a LarrainVial.

Metodología

El informe de PwC respalda el tratamiento contable aplicado por LarrainVial Activos AGF en el Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Según el documento, dicho tratamiento “se encuentra en línea con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, y la metodología de valorización aplicada “resulta razonable y consistente con la política contable definida por la AGF”. Además, concluye que la clasificación de los instrumentos financieros como FVTPL (valor razonable con cambios en resultados) es adecuada y coherente con las NIIF.

El objetivo del encargo fue “revisar el tratamiento financiero contable aplicado por la AGF sobre los Instrumentos Financieros mantenidos por el Fondo de Inversión Capital Estructurado I, respecto de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”. La revisión abarcó “los ejercicios 2021, 2022 y 2023” e incluyó “la documentación proporcionada por la AGF, así como la información contenida en los estados financieros del Fondo disponibles en su sitio web y en la CMF”.

Uno de los puntos centrales del informe es la clasificación de los activos financieros. Según PwC, “la clasificación de los Instrumentos Financieros mantenidos por el Fondo como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (FVTPL, por su sigla en inglés), resulta razonable”.

También se examinó la metodología utilizada por la AGF para valorar los instrumentos. En ese aspecto, PwC señala que “la metodología de valorización aplicada por la AGF resulta razonable y consistente con la política contable definida por la AGF y con lo establecido en las NIIF”.

Además, el informe destaca que “el tratamiento contable aplicado en los estados financieros del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, respecto de los instrumentos financieros evaluados, ha sido consistente en el tiempo y no se observaron cambios relevantes que impliquen una alteración en su clasificación contable”.

Por último, PwC aclara que “no hemos realizado una auditoría ni revisión de los estados financieros, por lo que no expresamos opinión o conclusión de aseguramiento sobre ellos”. No obstante, agrega que “a partir de los procedimientos realizados y documentación revisada, no se identificaron inconsistencias relevantes respecto del tratamiento contable de los instrumentos financieros objeto de este informe”.