Con duros cuestionamientos respondió Michael Clark a los requerimientos de información planteados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante la semana pasada.

El pasado 12 de enero la familia Schapira vendió el 21,44% de la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, porcentaje valorizado en $6.716.606.000 que fue adquirido por el abogado José Ramón Correa, director de Azul Azul nombrado por Michael Clark.

Por ello, el miércoles de la semana pasada la CMF ofició a Correa y Clark solicitando informar “acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta entre don José Ramón Correa Díaz y don Michael Clark Varela, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto”.

Las respuesta de Clark llegó el pasado 15 de enero. En su carta al regulador del mercado, el presidente de Azul Azul señaló que “a la fecha de esta comunicación, no existe acuerdo de actuación conjunta alguno, sea verbal o escrito, entre mi persona y el señor José Ramón Correa Díaz o su sociedad Romántico Viajero SpA”.

“A mayor abundamiento, no corresponde siquiera predicar la situación de base que motiva el Oficio, puesto que yo no soy controlador de Azul Azul, posición legal que ha sido reiteradamente efectuada a esa Comisión y que será zanjada en definitiva por los Tribunales Superiores de Justicia”, explicó.

Junto con ello Clark planteó la “irrelevancia de la relación abogado-cliente” que había enunciado la CMF en su oficio.

Según Clark, “en cuanto a la existencia de una relación profesional entre el señor Correa (en su carácter de abogado) y mi persona, en el marco de la causa tramitada actualmente ante la Corte Suprema bajo el Rol N° 39.715-2025 seguida ante la Excma. Corte Suprema, era efectiva hasta el día 11 de enero de 2026, fecha en la cual el Sr. Correa renunció a la defensa de dicha causa".

“Actualmente, no existe una relación abogado-cliente vigente entre el Sr. Correa y mi persona, sin perjuicio que cabe descartar desde ya cualquier relevancia de su defensa en relación con un potencial acuerdo de actuación conjunta en los términos explicados por esa Comisión”, sostuvo.

Además expuso que la situación jurídica respecto del control de Azul Azul es un asunto pendiente, pues “la premisa sobre la cual se construye el Oficio —esto es, la consolidación de una posición de control que supere los dos tercios— parte de un supuesto que actualmente es materia de discusión judicial. La decisión definitiva en ese caso está pendiente".

Así, explicó que “la calidad de controlador de quien suscribe, así como la estructura de propiedad a través del FIP Tactical Sport, está siendo discutida precisamente en una causa pendiente ante la Corte Suprema”, y planteó que su posición jurídica se funda “en la errónea calificación que equipara la tenencia de cuotas en un Fondo de Inversión Privado (el FIP Tactical Sport) con el control político directo de los activos subyacentes”.

“En consecuencia, no corresponde tampoco atribuir la calidad de controlador sobre la cual se podría predicar un supuesto acuerdo de actuación conjunta, más allá de que éste no existe, como ya señalé más arriba.”, sostuvo Clark.

Por último, planteó que “no existe ningún otro vínculo relevante para efectos de las facultades de esta Comisión, más allá de que tanto el Sr. Correa como quién suscribe esta comunicación, participamos como Directores en Azul Azul”.