“Los niveles de postulación al subsidio en sus dos convocatorias han sido menores al objetivo inicialmente planteado por el Poder Ejecutivo y, por lo tanto -independiente de que esta sea una decisión que un siguiente gobierno pueda reconsiderar-, la verdad es que corresponde más bien hacer un esfuerzo de recaudación acorde con esa realidad”. Así resume el ministro de Energía, Diego Pardow, el tenor de las indicaciones que alistan en el marco del proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, donde -hasta ahora- el gobierno apuntaba a alcanzar los 4,5 millones de hogares.

Acorde con ello entonces, explica, en el paquete de indicaciones que ingresará este lunes dicho objetivo se reduce a 2,2 millones de hogares, es decir, a menos de la mitad. El beneficio actualmente llega a cerca de 1,8 millones de hogares.

Y consecuentemente con lo anterior, el proyecto se ajusta en sus tres pilares de financiamiento de la siguiente manera: la sobretasa a las emisiones de CO2 para fuentes fijas disminuye de los actuales US$5 a US$3; la reposición del polémico cargo FET, que grava los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), cae desde $2 por kWh, a $0,5 por kWh; y el pilar fiscal dejará de ser el principal agente de financiamiento para “hacerse cargo de la demanda por el subsidio después de estas otras dos fuentes”, señala el secretario de Estado.

Con ello, el cargo FET pasa de US$150 a US$50 millones anuales, y la sobretasa del impuesto verde de $70 mil millones a $40 mil millones. Así, el primero se reduciría en 63%, mientras que la segunda en cerca de 43%.

En tanto, la parte fiscal mantendría las estimaciones previas, con una recaudación por el IVA de las cuentas de la luz proyectada en $80 mil millones anuales. A esto se sumaría un aporte directo fiscal de $15 mil millones.

En total, el proyecto recaudaría US$50 millones de los PMGD y $135 mil millones serían de financiamiento fiscal, contando IVA, impuesto verde y aportes directos.

Pardow admite que la reducción en el objetivo de cobertura del subsidio responde, en cierta medida, a las menores postulaciones frente a lo previsto, pero también defiende la implementación que ha tenido. “Todos los mecanismos de subsidios y ayudas sociales tienen asociada una nómina que se construye con mucha rigurosidad. Si tú miras el tiempo que ha tomado construir los subsidios al empleo o el subsidio al agua potable, todos tienen ritmos de cobertura mucho más lentos que el que ha tenido el subsidio a las cuentas de la luz”, argumenta, y aprovecha de recordar que la tramitación ha tardado mucho más de lo esperado.

“El proyecto tenía que estar listo un mes después de que la mesa técnica terminara de sesionar y eso lo cumplió el Ejecutivo. Tenía que priorizarse con las urgencias respectivas y eso también lo cumplió el Ejecutivo. Pero la idea era que esto se tramitara por parte de las distintas comisiones de ambas cámaras durante la segunda mitad del año pasado y eso no ha ocurrido. Ahí el llamado es a todas las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, a tratar de encontrar un mecanismo para recuperar los atrasos, porque este proyecto de ley está evidentemente atrasado”, indica.

¿Ese atraso va a significar que la gente tendrá periodos de facturación sin subsidio?

-Nosotros queremos expandir la cobertura del subsidio, pero no podemos hacerlo si es que no tenemos el financiamiento asegurado para ello. Durante la tramitación en la Cámara hubo gente que sugirió, incluso, que esto se pagara con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía. Si necesitamos movilizar cerca de US$150 millones anuales, el presupuesto es un décimo de eso, US$15 millones, después de descontar las transferencias a Enap. Podríamos cerrar el Ministerio de Energía completo y todavía nos faltarían nueve décimos. Yo creo que llegó la hora de votar. En democracia, algunas diferencias se pueden resolver conversando por consenso y otras requieren votación. En este caso, yo creo que corresponde que votemos.

Algunos pilares no han gustado nunca en la industria, como el impuesto verde y el cargo FET, ¿por qué se insiste en ellos?

-La sobretasa del impuesto verde fue aprobada por la Cámara de Diputados. Forma parte del informe que hoy día está en discusión. Está bien, hay sectores de la industria que no están de acuerdo, pero incluso votando, la mayoría de nuestros diputados y diputadas estuvieron por respaldarlo. Entonces, ¿qué razón habría para dejar eso?

¿Y en el cargo FET?

-El cargo FET se aprobó en la comisión de Energía, y en la Sala la diferencia fue de dos votos. Entonces, tampoco estamos hablando de que haya un consenso en contra o que la posición del Ejecutivo sea minoritaria. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de reducir el cargo FET, más allá incluso de lo que se reduce la cobertura esperada, que la redujimos a la mitad, pensando en lo que puede alcanzarse a hacer durante estos ocho meses de gobierno. El cargo pasa a ser un cuarto de lo que era, se reduce un 75%. Y la razón es que durante las conversaciones que hubo, en particular con la bancada de diputados y diputadas demócratacristianos, querían tener la seguridad de que un cargo de esta naturaleza no iba a tener efectos permanentes en la organización industrial, no iba a haber empresas que tuvieran que salir del mercado. Nosotros estamos convencidos de aquello, pero efectivamente los datos mostraban realidades más cercanas. Con este nuevo cargo, la verdad es que es bastante más claro que esto no va a tener ningún efecto permanente en la organización industrial ni en las decisiones de inversión de nadie.

¿Usted esperaría entonces que desde ese segmento de la industria se allanen a aceptar esto? El año pasado en el Chile Day algunos calificaron de encerrona lo sucedido con los PMGD, y viene un nuevo Chile Day…

-Hay una parte de la industria que ha planteado esto como un tema de principios, y cuando esto se plantea así, ningún cargo va a cumplir con esa condición. Nosotros como gobierno estamos convencidos no sólo de la juridicidad y constitucionalidad de la medida, sino también de su proporcionalidad y de su justificación técnica.

Está el caso de la empresa checa Solek, que inició su reorganización judicial, y argumentó entre otras razones el riesgo regulatorio asociado a este proyecto. ¿No le preocupa que esto pueda extenderse a otras firmas?

-Una empresa, en términos generales, entra en dificultades financieras cuando su pasivo exigible es mayor que su activo realizable. ¿De qué manera una discusión legislativa puede afectar ese número? Eso es una razón financiera, un ejercicio de una suma y resta en un balance. Es difícil pensar que una discusión legislativa al otro lado del mundo va a tener esa capacidad. Porque, además, las consecuencias de aceptar eso sería que hay temas que no podemos discutir, y yo creo que ninguna democracia soberana puede permitirse esa petición.

¿Qué pasa con el programa de techos solares?

-La regla sobre excedentes tiene una pequeña modificación, considerando varias de las observaciones que se recibieron. Pero ese programa nosotros lo hemos seguido implementándolo con mucha fuerza, porque estamos convencidos de su importancia.

Desde Acesol, un gremio que reúne a PMGD solares, cuestionaron su capacidad de enfocar hacia políticas públicas claras el fomento de estas tecnologías, ¿qué responde?

-Siempre tomamos las críticas en su mérito, y si hay un aspecto que mejorar en el reglamento de coordinación y operación del decreto supremo 125, vamos a recibir esas observaciones y vamos a tratar de canalizarlas de la mejor manera posible. Siempre estamos abiertos a las críticas. Ahora, tampoco uno puede ser ingenuo. Esto es una asociación gremial que hace un par de semanas celebraba la exitosa gestión de una empresa de lobby, que habían conseguido evitar que se aprobara un mecanismo para recaudar fondos para la expansión del subsidio de las cuentas de la luz. El lobby es una práctica reglada, es legal y totalmente legítima, pero este es un gremio que no está en una posición particularmente constructiva, me da la impresión.

Volviendo al subsidio, hubo diputados, incluso cercanos al gobierno, que pidieron eximir del pago del IVA a las cuentas de la luz, pero sin eso, no hay pilar fiscal. ¿Les están desordenando la tramitación del proyecto?

-Vamos a volver en algún momento, seguramente en comisión mixta, y por cierto podemos tener todas las conversaciones que correspondan. Esta fue una idea que se planteó en su momento por la bancada del PPD, y desde la perspectiva de la Hacienda Pública se buscó este otro mecanismo, porque en conjunto con la expansión del subsidio a las cuentas de la luz, también tenemos que conseguir adecuarnos a un horizonte de equilibrio fiscal. Hay que ser capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo.

También hay quienes insisten en renegociar los contratos con las empresas de generación, y hemos conocido recientemente que no hay disponibilidad de las empresas para ello…

-Si me permite parafrasear al ministro Cordero: papelitos primero. La CNE (Comisión Nacional de Energía) recibió una petición formal de una asociación de consumidores. Los diputados Mulet y Tapia presentaron una indicación que habían trabajado en conjunto con esa asociación para que el mecanismo que hoy día existe de revisión de los contratos, se extienda en sus causales y permitir que las asociaciones de consumidores fueran legitimados activos. Esa asociación solicitó buscar un espacio de renegociación voluntaria, ver si existía una voluntad de renegociación voluntaria. Ya se había hecho con las empresas Aes Andes y Enel hace algún tiempo, (ahora) solicitaron hacerlo con las empresas Engie y Generadora Metropolitana. La respuesta de las empresas fue que esa disposición no estaba y por lo tanto, es importante que eso quede por escrito. Si es necesario insistir en esta vía voluntaria, se va a seguir haciendo, pero para poder dar a esta posibilidad un soporte institucional, lo que corresponde es que avancemos en el proyecto de ley y votemos la propuesta.